Un video de TikTok, una enmienda de curul aprobada sin ruido y una adjudicación millonaria desencadenaron en el resurgimiento del negocio del fertilizante desde el Organismo Legislativo, un programa que hoy es objeto de investigación por presuntas anomalías y vínculos políticos.
El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, resolvió en direcciones opuestas dos adjudicaciones de Covial al Consorcio H —el grupo asociado al exdiputado Carlos Herrera— y firmó el 12 de noviembre la aprobación de una adjudicación por Q40.9 millones para CDM Vial, mientras dejó sin efecto otra por Q27.1 millones a Construyala por incumplir los requisitos de licitación.
La inauguración de una carretera en San Marcos, encabezada por el director del Fondo de Desarrollo Social, reunió a funcionarios, diputados y dos alcaldes requeridos por la justicia estadounidense. El acto fue presentado como una muestra del compromiso del gobierno central con el desarrollo local pero terminó evidenciando la normalización de los vínculos entre la política y estructuras del crimen organizado.
En Estados Unidos aceptaron y colaboraron con las investigaciones que concluyeron el pago de millones de dólares en sobornos a diputados y funcionarios a cambio de beneficiarse con leyes, mientras en Guatemala no hay condenas ni reconocimiento de los delitos.
El partido Cabal, que en su discurso promete renovación política, reeligió como dirigente a Carlos Estuardo Carranza Castillo, acusado de apropiarse ilegalmente del inmueble de un adulto mayor y de manipular procesos judiciales para evitar el desalojo. La cúpula partidaria está integrada por exfuncionarios y diputados vinculados a casos de corrupción y narcotráfico.
Las empresas CDM Vial y Construyala, parte del entramado empresarial que la CICIG vinculó al exdiputado Carlos Herrera Quezada, han vuelto al círculo de los grandes contratistas del Estado. En las últimas semanas, Covial les adjudicó proyectos por casi Q84 millones para la colocación de defensas metálicas y señalización vial, pese a los antecedentes de corrupción que rodean al grupo.
El Sistema Penitenciario (SP) carece de un registro histórico de fugas de reos, no obstante, su base de datos señala que en los últimos diez años 81 presos han evadido las distintas prisiones del país, pero solo 11 han sido recapturados.
Jairo Estuardo Orellana Morales colaboró con la justicia estadounidense y saldrá de prisión en 21 meses según la información pública del Buró Federal de Prisiones.
El político Carlos Estuardo Carranza Castillo, su abogado y demás funcionarios públicos que han obstaculizado reiteradamente una orden para desalojar al político de Cabal de la vivienda que ocupa ilegalmente deben ser investigados. Además, la CC confirmó que el allegado a los diputados Luis Aguirre y Nery Rodas usurpa una vivienda en el condominio Bristol y ha incurrido en desobediencia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal, delitos que ya fueron señalados por el MP y conocidos por un juzgado competente.
Machado es señalado por Estados Unidos por participar en un supuesto entramado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, además, en Argentina y Guatemala se le señala de financiamiento a candidatos a diputados e incluso a presidentes, según el mismo se afanaba.
