A lo largo de 2025, eP Investiga documentó cómo distintas estructuras políticas y económicas continuaron utilizando al Estado guatemalteco como un espacio para la obtención de beneficios, protección y control institucional. Las investigaciones publicadas durante el año evidenciaron que, lejos de desarticularse, las redes de corrupción se reacomodaron tras el cambio de gobierno y mantuvieron influencia en áreas estratégicas como la contratación pública, los órganos de control, el Congreso, las municipalidades y las fuerzas armadas.
Durante más de 36 meses, una familia guatemalteca creyó que estaba a punto de recuperar una vivienda ocupada por un operador político que dejó de pagar renta desde 2021. La familia contrató los servicios de Axel Alberto Orellana González, quien se presentó como abogado y simuló un litigio para, supuestamente, recuperar el inmueble. Orellana González…
A menos de dos años de las elecciones generales de 2027, el padrón del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor (PAM) en Sololá creció aceleradamente en un lapso corto, un comportamiento que expertos consideran una señal de alerta sobre el posible uso de prácticas de clientelismo político en una de las transferencias sociales más sensibles y visibles del Estado.
Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, formó parte de la estructura de los Huistas, y ayudó a mover más de 2 mil kilos de droga.
La entrega de un nuevo contrato por parte de Covial a una empresaria estrechamente ligada al constructor Alejandro Matheu Escamilla, uno de los actores centrales en los esquemas de financiamiento electoral y en la concentración de obra pública durante los gobiernos de Morales y Giammattei, confirma que las redes de influencia continúan operando a sus anchas en el Ministerio de Comunicaciones.
La resolución SADS-101-2025 revierte la ratificación que la Junta de Licitación había otorgado a Grupo Construyala Constructores. El evento ya aparece como “prescindido” en Guatecompras.
Una readecuación presupuestaria de Q225 millones aprobada en octubre pasado refleja cómo el presupuesto público se ha convertido en un instrumento capturado por los diputados, quienes mediante disposiciones específicas obligan al Ejecutivo a mantener contratos heredados y dirigir recursos hacia constructoras aliadas, incluso a costa de desfinanciar otros programas ministeriales.
La Junta de Licitación del Ministerio de Comunicaciones ratificó un contrato de Q27.1 millones a favor de Grupo Construyala Constructores, pese a que el exministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla lo improbó semanas antes por incumplimientos formales en la oferta. La empresa forma parte de la red de constructoras vinculadas al exdiputado Carlos Humberto Herrera Quezada, señalado en el caso de plazas fantasma en 2015. Ahora la nueva ministra, Norma Lissette Zea Osorio, deberá decidir si mantiene el negocio o lo prescinde.
José Manuel Morales fue señalado por fraude, luego de simular un desayuno cuando en realidad vendió canastas navideñas al Registro de la Propiedad.
Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibirán millones en fondos públicos provenientes de ministerios clave como Desarrollo, Agricultura, Gobernación, Educación y Cultura, pese a mantener vínculos directos con partidos políticos, diputadas, alcaldes, operadores de justicia y funcionarios del Ejecutivo. Una revisión realizada por eP Investiga expone cómo, por medio de readecuaciones presupuestarias obligatorias incluidas en el decreto aprobado de urgencia nacional, el Congreso reabrió la puerta para financiar organizaciones dirigidas por financistas electorales, asesores legislativos, contratistas municipales y excandidatos que han participado activamente en estructuras políticas y administrativas del Estado.
