Pasteles, arreglos florales y un show de luces que solo duró 30 segundos le costaron Q124 mil a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero ese es solo el inicio de una larga lista de compras que hizo esa casa de estudios para celebrar su 350 aniversario. Estas adquisiciones, como muchas otras, se ejecutaron desde la modalidad de compras de baja cuantía, un mecanismo con el que la universidad pública ha desembolsado Q5.1 millones en lo que va de 2026.
El Estado desembolsó más de Q123 millones a la empresa Topsa Construcciones para una carretera que solo alcanzó alrededor del 69 por ciento de avance físico y jamás fue terminada. Hoy, el tramo entre San Martín Jilotepeque y Joyabaj permanece deteriorado, atrapado en procesos legales y sin un plan oficial para ser concluido.
Según las investigaciones de las agencias estadounidenses, el tráfico de la droga se llevó a cabo durante los gobiernos de Jimmy Morales y de Alejandro Giammattei.
Alquiler de oficinas, compra de gorras y playeras son los servicios y productos que la Municipalidad contrata con los Arzú.
En menos de seis semanas, la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) adjudicó más de Q600 mil a una sola proveedora mediante compras de baja cuantía y compras directas, mecanismos que permiten contratar sin licitación pública, para cubrir servicios de eventos institucionales, actividades sindicales y material promocional.
Ipiña Matta, quien buscó participar como candidato a alcalde con el partido Valor, que postularía a Zury Ríos a la Presidencia, fue condenado en Estados Unidos a 236 meses de prisión por su participación en una conspiración internacional para traficar cocaína hacia ese país, según una sentencia dictada por la Corte del Distrito Este de Texas.
Mientras la mayoría de guatemaltecos sobrevive con un salario mínimo que apenas ronda entre Q3 mil 471 y Q4 mil 252 mensuales, la recién creada Superintendencia de Competencia decidió fijar sueldos de Q75 mil al mes para cada uno de los integrantes de su Directorio (tres titulares y tres suplentes) y para el superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, lo que significa aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto de la entidad. La decisión, adoptada el pasado 13 de enero, pone en aprietos el presupuesto de la institución.
El año pasado, la contratación pública del Estado movió miles de millones de quetzales concentrados en un número reducido de proveedores. Un análisis de los datos de Guatecompras revela cuáles fueron las empresas, personas individuales y organismos internacionales que captaron los mayores montos de contratos del gobierno central, las entidades descentralizadas, las municipalidades y las empresas públicas, así como los patrones de concentración que marcaron el uso del dinero público.
Más allá del discurso de cambio, el manejo de la obra pública expone los límites reales del gobierno de Bernardo Arévalo. Investigaciones periodísticas revelan que diputados, redes de constructores señalados y financistas continúan influyendo en la asignación de contratos de infraestructura, obligando al Ejecutivo a administrar un sistema de contratación diseñado para resistir cualquier intento de transformación.
El Departamento del Tesoro ratificó que las pruebas en su poder respaldan la decisión de sancionar a la pareja del expresidente Alejandro Giammattei, y ofreció al juez revisar en privado los documentos clasificados y privilegiados, que muestran los señalamientos de corrupción.
