Documentos mercantiles y adjudicaciones demuestran que Alma Violeta Lemus Guerra, sobrina del fundador de Constructora Codico, no solo es socia de Ecomuros, S.A., vinculada a los Córdova, sino que también actúa como representante legal de Seele, S.A., una empresa que ha acumulado Q93.6 millones en contratos de obra pública desde 2010.
En un lapso de 48 horas, el viceministro de Gobernación Felipe Sánchez presentó dos recursos ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el desalojo de un bien inmueble que ocupa ilegalmente Carlos Estuardo Carranza Castillo, integrante del partido Cabal. Las maniobras del funcionario desafían el cumplimiento de una sentencia en firme y prolongan la impunidad de un caso que el propio exministro Francisco Jiménez intentó bloquear por la vía judicial.
La familia Córdova, históricamente concentrada en contratos de obra pública en Alta Verapaz, ha expandido su influencia a Quiché mediante la constructora Ecomuros, S.A., beneficiada este año con dos contratos de Covial por Q21.9 millones. Con un historial que supera los Q3 mil millones en adjudicaciones estatales, el clan continúa demostrando su capacidad para operar entre negocios y poder político.
Vecinos del kilómetro 24.5 de la Carretera a El Salvador, donde recientemente ocurrió un derrumbe que dejó maquinaria soterrada y familias desplazadas, denunciaron a eP Investiga que las causas del desastre fueron advertidas desde el año pasado, pero hubo negligencia por parte del propietario del terreno y también de la Municipalidad de Fraijanes.
Carlos Estuardo Carranza Castillo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Cabal, ex candidato a diputado y allegado a los legisladores Luis Aguirre y Nery Rodas, se aferra a vivir en un inmueble de la zona 8 de Mixco que ocupa de manera ilegal desde hace casi cuatro años. Lo hace pese a existir múltiples órdenes judiciales de desalojo, incluidas sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
Luis Miguel Martínez Morales presentó a principios de septiembre una moción de juicio sumario en donde argumenta que no puede defenderse adecuadamente de las acusaciones de la OFAC porque la evidencia entregada por la agencia está ampliamente “censurada”.
Los hundimientos en la Ruta Nacional 5 ponen en riesgo el acceso a Semuc Champey y las Grutas de Lanquín, que reciben más de 126 mil visitantes al año y sostienen la economía de los comunitarios de la región. Las reparaciones costarán Q34.9 millones y podrían extenderse por al menos 10 meses.
Las incongruencias entre la declaración patrimonial de Miguel Martínez y sus respuestas ante la OFAC
El exjefe del Centro de Gobierno ha buscado desesperadamente salir de la lista de personas especialmente designadas; para esto, envió documentación sobre su declaración patrimonial, en donde se destaca una cuenta por alrededor de US$40 mil en Estados Unidos.
Su guardaespaldas es sospechoso de testaferrato, lavado de dinero y amenazas. Mientras que uno de sus abogados es investigado por pertenecer a una red de estafadores, despojo de inmuebles y asesinato.
Las autoridades militares descartaron ofertas más económicas para adjudicar el contrato a Chipcom, una empresa que no cuenta con la autorización del Inguat para operar como agencia de viajes de turismo emisor, lo que podría violar la legislación nacional al vender boletos al Estado y genera dudas sobre la transparencia del proceso de licitación.
