Divisiones internas, bloqueos políticos y resoluciones judiciales han convertido la agenda legislativa en un campo de batalla que amenaza de cara al segundo semestre la aprobación de leyes clave y el presupuesto para 2026. Durante el transcurso del año, lo más destacado que han hecho los diputados es recetarse un desproporcionado aumento salarial que es ampliamente rechazado por la población.
Diputados electos por el Movimiento Semilla buscan cambiar las reglas del gasto público: una nueva ley permitiría obras sin licitación, menos controles y pagos exprés a contratistas. Más de Q12 mil millones podrían ejecutarse sin mayor fiscalización, muchos promovidos por diputados a través de los Codede.
Mientras se llevan a cabo requisas en cárceles como Fraijanes II, El Boquerón y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, la cárcel ubicada dentro del cuartel militar Mariscal Zavala alberga varios apartamentos de lujo que pasan de reo en reo sin que el Sistema Penitenciario intervenga, requise o los destruya.
La entidad responsable de vigilar el uso correcto del dinero público en Guatemala ha contratado a trabajadores que poseen fuertes vínculos con diputados, fiscales y otros actores políticos que ponen en evidencia posibles conflictos de interés que podrían debilitar su función fiscalizadora y comprometer la transparencia en la gestión pública.
La Unidad de Conservación Vial (Covial) adjudicó tres contratos por Q48.2 millones a constructoras relacionadas con William Haroldo Romero Chojolán, primo del ex director de Caminos Fredy Chojolán Duarte. Investigaciones previas ya los vinculaban a un esquema de tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.
Persecución a periodistas que lo investigaron, corrupción en las minas del Estor y la designación del gerente de la Empresa Portuaria Quetzal son algunas de las pistas que muestran los documentos desclasificados en el proceso iniciado por Luis Miguel Martínez en contra de autoridades de Estados Unidos.
Una investigación de eP Investiga revela que al menos 13 núcleos familiares laboran al mismo tiempo en la Contraloría General de Cuentas (CGC), muchos de ellos ocupan plazas 011, con salarios que superan los Q9 mil mensuales. Esta práctica contradice abiertamente la misión de la institución, llamada a fiscalizar y velar por la transparencia y el uso adecuado del dinero de todos los contribuyentes.
El socio fundador de Human Professional Group hacía negocios con diferentes instituciones públicas mientras enfrentaba acusaciones por corrupción en los casos “Un negocio de Familia” y “ARCA”. Se trata del cuñado de Ronald García Navarijo, el testigo que presentó el Ministerio Público contra el periodista Jose Rubén Zamora.
Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco), vinculada a Juan Pablo Mansilla Morales –señalado por financiamiento electoral ilícito y presunta defraudación tributaria– ha ganado contratos estatales por Q24.8 millones en 2025, otorgados por Covial y la municipalidad de Guatemala.
El año pasado, en su primera cotización, Corporación Profesional de Seguridad, S.A. ofertó el servicio a Q39 mil 400 a la USAC, su único cliente. En la primera prórroga cobró Q89 mil 999 y en los siguientes tres contratos fijó el precio en Q89 mil 800. Los términos de referencia se mantuvieron muy similares con relación a los servicios que se requirieron al inicio.
