El contrato para instalar defensas metálicas en carreteras del país por Q27.1 millones que el entonces ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, había dejado sin efecto el pasado 12 de noviembre, tras advertir un incumplimiento formal en la documentación del oferente, terminó siendo ratificado por la misma Junta de Licitación que lo adjudicó originalmente.

La decisión restituye la adjudicación a favor de Grupo Construyala Constructores, S.A., una de las empresas señaladas en investigaciones por sus vínculos con el Consorcio H y el ex diputado Carlos Humberto Herrera Quezada, señalado a su vez en el caso de plazas fantasma.

De acuerdo con el acta 070-2025, La Junta de Licitación, integrada por Douglas Adalberto Morales Bravo, Mónica Isabel Nájera Socorec y María Julia López Cruz, revisó nuevamente el expediente completo después de que el ministro anulara la adjudicación.

La razón de la improbación era, en apariencia, sencilla: según el ministro, la carta con la que la empresa se comprometía a mantener al superintendente del proyecto no estaba redactada exactamente como exigían las bases de la licitación.

Pero al revisar el documento, la Junta concluyó que la diferencia era mínima y no afectaba el fondo del compromiso. En palabras simples, para ellos. el oferente sí había cumplido: aunque no usó las mismas palabras, el mensaje era el mismo. Con ese argumento, los tres miembros decidieron devolverle la validez a la adjudicación al ratificarlo por unanimidad.

El artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que tras la ratificación la Junta de Licitación debe devolver el expediente a la autoridad superior, quien dentro de un plazo de cinco días hábiles podrá aprobar la decisión o prescindir de la negociación y notificar electrónicamente a través de Guatecompras dentro de los dos días hábiles siguientes.

Trama de un lucrativo negocio

El pasado 9 de noviembre, eP Investiga dio a conocer que la Unidad de Conservación Vial (Covial) había adjudicado el mismo día dos contratos para la colocación de defensas metálicas en varios departamentos del país a las entidades CDM Vial y Grupo Construyala Constructores a quienes la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) vinculó con el exdiputado Carlos Herrera.

CDM Vial obtuvo un contrato por Q40.9 millones y debe instalar protección metálica en carreteras de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Guatemala, Santa Rosa, Chiquimula, Izabal, Zacapa y Petén. Mientras que Grupo Construyala Constructores fue beneficiada con otro proyecto valorado en Q27.1 millones y debía cubrir tramos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Sololá, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepéquez.

Tras la publicación, el entonces ministro Díaz Bobadilla resolvió en direcciones opuestas sobre las dos adjudicaciones y el 12 de noviembre firmó la aprobación de la adjudicación por Q40.9 millones para CDM Vial, mientras dejó sin efecto otra por Q27.1 millones a Grupo Construyala por incumplir los requisitos de licitación.

Luego del cambio de autoridades en el Ministerio de Comunicaciones, la nueva ministra Norma Lissette Zea Osorio deberá decidir si beneficia a la empresa vinculada al excongresista o prescinde del evento de licitación.

Consorcio H y Carlos Herrera

Entre 2015 y 2016, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) documentaron que Carlos Herrera era propietario del Consorcio H, un conglomerado de constructoras integrado por CDM Vial de Guatemala, Burgocons, Grupo Edifica, Construyala Construcciones, Dismar Constructores y Desarrollos Múltiples. Para mantener el control del grupo, Herrera utilizaba a personas de confianza, como su asesora Sandra Elizabeth Agustín Sutuc, quien actuó como notaria para la constitución y movimientos legales de las compañías.

En su investigación sobre plazas fantasma, la CICIG presentó una diapositiva dedicada a Herrera Quezada, señalando que, mientras fue cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso (enero 2015–enero 2016), solicitó la contratación de al menos 20 personas bajo el renglón 022, excediendo los límites legales. Siete de estos trabajadores cobraban sin asistir al Congreso, pues en realidad laboraban en las empresas privadas de Herrera: Burgocons, Dismar Constructores, Construyala, Desarrollos Múltiples, Grupo Edifica y CDM Vial de Guatemala.

La trayectoria de Herrera en el sector vial y político se remonta a su época como asesor del ministro de Comunicaciones Luis Armando Rabbé Tejada, durante el gobierno de Alfonso Portillo. En 2002, Prensa Libre reportó que la Fiscalía contra la Corrupción recibió una denuncia por cobros de comisiones de Q60 mil a cambio de adjudicar contratos en Covial, en la que Herrera era uno de los señalados.

Décadas después, los vínculos continuaron. En 2011, Herrera llegó al Congreso con la Unión del Cambio Nacionalista (UCN) y, entre 2012 y 2016, sus empresas obtuvieron contratos por Q52.5 millones con el Ministerio de Comunicaciones. En 2015, fue elegido cuarto secretario de la Junta Directiva presidida nuevamente por Rabbé, con quien sería acusado por la CICIG de crear plazas fantasma.

En 2019, el diario elPeriódico documentó que Herrera actuaba como operador de negocios de Rabbé, cuñado del empresario mexicano Ángel González, propietario de los canales 3, 7, 11 y 13. El mismo medio recordó que en 2001 Herrera fue destituido como asesor en el Ministerio de Comunicaciones tras denuncias de corrupción en contratos viales, el sector donde hoy resurgen sus empresas.

El caso judicial que vinculaba a Herrera con el fraude en el Congreso se cerró en septiembre de 2022, cuando la jueza Claudette Domínguez dictó sobreseimiento a su favor. En junio de 2025, la misma jueza resolvió a favor de Rabbé, luego de considerar que el MP no presentó correctamente la solicitud para enviarlo a juicio.

Carlos Humberto Herrera Quezada es padre de Marco Vinicio Herrera Leiva, socio fundador de la empresa Dismar Constructores y  junto a su hermano Gustavo Adolfo figuran en Guatecompras como representantes legales de la empresa. El contador de Dismar Constructores, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es Pedro Alejandro Pineda Díaz, quien coincidentemente también lleva la contabilidad de CDM Vial de Guatemala y Construyala. Los datos del contador fueron verificados por eP Investiga en los registros de la SAT a inicios de noviembre de 2025, lo que confirma los vínculos familiares y la continuidad operativa entre las empresas del Consorcio H.