_{Foto: Carlos Alonzo}

La resolución fue emitida este martes 22 de julio por la jueza titular María del Carmen López Zamora, quien otorgó a Masaya las medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario sin vigilancia y la obligación de firmar periódicamente el libro de control en el Juzgado de Paz Penal de Turno del municipio de Mixco.

Masaya permanecía detenido desde el 28 de enero, cuando fue arrestado como parte de la investigación del Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que señala la posible falsificación de legalizaciones notariales en la fase de inscripción del partido político Movimiento Semilla.

Durante la audiencia, su defensor, el abogado Julio Calderón, sostuvo que el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, motivo por el cual se dictó la prisión preventiva, ha desaparecido. Indicó que Masaya ya no labora como asesor en el Congreso de la República. Además, señaló que la etapa de investigación ya concluyó y la prueba está debidamente resguardada por la fiscalía, lo cual, a su criterio, elimina cualquier riesgo de interferencia.

La defensa también cuestionó la reserva del proceso, indicando que incluso el traslado de Masaya desde Mariscal Zavala hacia la cárcel del Preventivo de la zona 18 fue un hecho que no les informaron de manera oportuna, lo que dificultó su trabajo y vulneró el derecho de defensa.

FECI se opuso y presentó videos como prueba

La fiscal Leonor Morales, en representación de la FECI, se opuso a la solicitud de revisión de medidas y reiteró que las circunstancias procesales no han cambiado. Como sustento, reprodujo videos de la salida de Masaya de la audiencia de etapa intermedia, sugiriendo que sus declaraciones públicas podrían incidir en los testigos o en la valoración de la prueba.

Además, la fiscal recordó que la Corte de Constitucionalidad ha establecido que, para variar la prisión preventiva, deben presentarse hechos nuevos, no valorados previamente por el juzgador.

El abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena, quien actúa como querellante adhesivo, también solicitó que Masaya continuara en prisión. Lo acusó de cometer una falsedad que, según sus palabras, pone en entredicho la «pureza del proceso electoral» y alegó que su actuar benefició al Movimiento Semilla en su constitución como partido político.

Linares fue denunciado por intentar coaccionar a Masaya al entregarle una copia del Decreto 10-2019 sobre aceptación de cargos momentos antes de una audiencia, hecho que fue documentado y presentado como irregular. Al momento de la audiencia, Linares tenía en sus manos el nuevo poemario de Masaya estrenado en el marco de la Feria del Libro de Guatemala (Filgua), “Diente de león en el viento”. 

Pese a los argumentos del MP y del querellante, el Tribunal consideró que la prisión preventiva ya no era necesaria ni proporcional.

La FECI planteó un recurso de reposición para que se revisara la decisión, alegando agravios al MP. Sin embargo, este fue declarado sin lugar por la jueza López Zamora, quien dio por concluida la audiencia.

Masaya: “Estoy conforme con la resolución y enfrentaré el proceso”

Al finalizar la audiencia, Eduardo Masaya ofreció declaraciones en las que celebró la decisión del Tribunal y sostuvo que la prisión preventiva fue utilizada de forma injusta y como una regla, en lugar de una excepción.

“Hoy hemos visto el actuar objetivo de una jueza imparcial. La prisión preventiva, contrario a lo que ha venido sucediendo en Guatemala, debe ser una medida excepcional”, afirmó.

Masaya también agradeció a su familia, a colegas y aprovechó para manifestar su inocencia. Denunció que su proceso judicial forma parte de una estrategia de criminalización contra quienes ejercen derechos políticos y ciudadanos.

“No voy a dejar de dar la cara en este proceso en el que se está queriendo no solo criminalizar el error notarial, sino además el derecho de asociación a partidos políticos”, afirmó. También expresó su solidaridad con otras personas procesadas, entre ellas José Rubén Zamora, los fiscales Estuardo Campo y Virginia Laparra, así como Jorge Santos, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, a quienes calificó como víctimas de criminalización por ejercer derechos fundamentales.

¿Por qué ya no conoce el caso Fredy Orellana?

Con el avance del proceso, el expediente dejó de estar bajo jurisdicción del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, dirigido por el juez Fredy Orellana, quien decretó la prisión preventiva en enero. Esto se debe a que, según la legislación procesal penal guatemalteca, una vez superada la etapa intermedia y abierta la fase de juicio, el conocimiento del caso pasa a un tribunal de sentencia.

Es decir, el Juzgado únicamente tiene competencia durante la investigación y hasta que decide si hay mérito para enviar el caso a debate. A partir de esa decisión, la competencia pasa al Tribunal, en este caso el Séptimo de Sentencia Penal, encargado de dirigir la etapa oral y pública que se celebrará en abril de 2026.