Así lo indicó Edgar Guzmán, uno de los directores titulares de la Superintendencia de Competencia, en su cuenta de X, quien indicó que este martes vence el plazo para que el superintendente presente una nueva propuesta.
Guzmán indicó que fueron convocados a una sesión ordinaria el próximo viernes 30 de enero y que dicha propuesta para fijar la escala salarial no está incluida en la agenda.
El director suplente de la Superintendencia, Luis Velásquez, dijo que ayer por la noche el director presidente, Javier Bauer, envió la convocatoria y la propuesta de agenda, en donde no se incluyó aún el tema salarial. Sin embargo, dijo que el tema puede ser agregado si alguno de los directores lo propone.
“Podemos solicitar que se incluya la parte de los salarios y de hecho, creo que eso es lo que va a ser el director Guzmán y si el director Guzmán no lo hiciera, yo lo voy a hacer porque es lo que hemos defendido que esta semana hay que discutir el tema”, comentó.
Según Velásquez, es posible que la propuesta no se haya incluido en la agenda debido a que el superintendente Castillo aún no la tiene. Además, mencionó que están a la espera de conocer la propuesta.
“Una vez el superintendente envíe la propuesta, cualquier director está en la posibilidad de solicitar ese punto”, dijo Velásquez.
Arévalo cuestiona salarios
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este día sobre los salarios Q75 mil que se habían autorecetado los integrantes de la Superintendencia de Competencia y aseguró que estos “estaban fuera de proporción” y calificó como “buena noticia” que se haya dado marcha atrás a esa decisión.
Según Arévalo, esos salarios no hubiesen sido posibles ni autorizados si la Superintendencia de Competencia fuese una dependencia del Organismo Ejecutivo. Además, indicó que esos salarios deben aplicarse de manera razonable.
“Espero que en el marco de esa reconsideración adopten decisiones que sean razonables en términos de la remuneración salarial de los miembros de la Superintendencia”, señaló.
Sin embargo, Arévalo dijo que hay un problema mayor, debido a que en el Estado de Guatemala “tiene un desorden absoluto” en cuanto a las remuneraciones por las funciones que realizan los trabajadores estatales.
