No debería sorprendernos. La costumbre ha terminado por perfeccionar aquello que antes al menos procuraba disimular: la captura ya no necesita pudor, apenas logística. Basta un hotel en la Antigua, un puñado de electores acreditados a conveniencia, un campus cerrado a tiempo y la vieja coartada burocrática de que todo ocurrió «conforme a la normativa vigente». Y listo: la farsa se viste de procedimiento, el abuso se archiva como formalidad y la usurpación aparece, con sello y membrete, como si fuera apenas otro trámite universitario. La propia USAC anunció que Mazariegos fue electo para el período 2026-2030 y sostuvo que el resultado derivó de un proceso ajustado a la normativa universitaria.

Pero las cifras, tan sentimentales, arruinan el relato. La elección de rector depende de 34 cuerpos electorales, equivalentes a 170 votantes. De esos 34, 22 habían sido ganados por sectores opositores a Mazariegos; sin embargo, el Consejo Superior Universitario acreditó solo cinco de esos cuerpos. En la práctica, 17 cuerpos electorales opositores —85 votantes— quedaron fuera. No porque hubieran perdido en las urnas, sino porque fueron expulsados por el filtro más antiguo del autoritarismo: dejar participar únicamente a quienes convienen.

Se dirá, como siempre, que hubo «errores», «papelería incompleta», «procesos administrativos pendientes». Qué elegancia la del fraude cuando aprende el idioma del archivo. Ya no hace falta robarse las urnas si antes se puede desactivar a los votantes. Ya no hace falta prohibir la competencia si resulta más sofisticado anularla. Y así, Mazariegos llegó a la votación final con una cancha despejada. La sesión, realizada a puerta cerrada en la Antigua; la oposición intentó romper el quórum abandonando el salón, pero no lo consiguió.

Lo más ofensivo no fue únicamente el resultado, sino la escenografía. Afuera del recinto había estudiantes, organizaciones y universitarios denunciando fraude; adentro, el oficialismo administraba su continuidad. La jornada estuvo marcada por presencia de antimotines, uso de gas lacrimógeno y reportes de disparos, como si la elección del rector de la universidad pública debiera parecerse menos a un ejercicio académico que a un operativo de contención. Hay símbolos que se escriben solos: una universidad sitiada para garantizar la reelección de quien dice dirigirla.

Y, sin embargo, lo verdaderamente grave no es Mazariegos. O al menos no solo él. Lo grave es la pedagogía política que deja su reelección. Enseña que en Guatemala se puede perder todo y conservar el cargo; se puede carecer de legitimidad y retener el control; se puede vaciar la democracia de contenido y seguir llamándola democracia. Enseña, sobre todo, que las instituciones no siempre se corrompen mediante un gran quiebre dramático, sino por una serie de maniobras pequeñas, administrativas, supuestamente técnicas, hasta que un día uno descubre que el procedimiento ha sustituido por completo a la voluntad.

La USAC, que debería ser el espacio natural de la crítica, la deliberación y el mérito, corre el riesgo de convertirse en el laboratorio perfecto de la degradación institucional del país. Lo que pasa ahí no se queda ahí. Una universidad pública colonizada por el cálculo faccioso deja de ser universidad en sentido pleno: se vuelve botín, plataforma, engranaje. Y cuando el conocimiento se subordina a la camarilla, ya no se elige rector; se administra una plaza.

Por eso incomoda tanto. Porque no estamos viendo una simple disputa interna entre bloques universitarios. Estamos viendo una radiografía nacional. La misma receta de exclusión, control del órgano decisor, blindaje procedimental y desgaste del adversario que tanto daño ha hecho en otros espacios del Estado aparece aquí, condensada en versión universitaria. Como si la USAC no fuera una excepción a la enfermedad guatemalteca, sino una de sus pruebas más nítidas.

Después vendrán los recursos legales, los amparitos, las denuncias penales, las peticiones para repetir la votación con todos los cuerpos electorales y los interminables alegatos sobre la validez del proceso. Ya empezaron, de hecho. Pero aun si el expediente se empantana en juzgados y cortes, la herida política ya está hecha: una reelección conseguida contra el espíritu mismo de la representación universitaria podrá llamarse legal, reglamentaria o institucional; legítima, difícilmente. Diversos sectores han promovido acciones para anular la reelección y repetir la votación con todos los cuerpos electorales, mientras diputados también presentaron denuncias penales por posible fraude.

Hay fraudes que se cometen con torpeza, y hay fraudes que se cometen con toga. Este parece pertenecer a la segunda categoría. Más limpio en apariencia, más prolijo en sus excusas, más cuidadoso en sus formas. Pero fraude al fin. Porque cuando se excluye a la mayoría incómoda para fabricar una mayoría dócil, no se gana una elección: se la tuerce. Y un rector torcido, por muy solemne que suene el comunicado, sigue siendo eso: el síntoma de una universidad que no fue vencida en debate, sino doblada por quienes aprendieron a confundir autoridad con control.