Hace algunos días alguien me preguntó por qué era difícil para los pueblos originarios en Guatemala verse y organizarse dentro del Estado y viendo el día de hoy la detención a Luis Pacheco y Héctor Chaclan, queda muy en claro que el Estado guatemalteco sigue estando en una deuda impagable con los pueblos originarios.

En medio de la incapacidad del actual gobierno y su falta de efectividad de dar respuesta a las demandas muy bien fundamentadas para el paro nacional donde se exigía la renuncia de Consuelo Porras y la destitución de diversos jueces y funcionarios del sistema judicial, hoy vemos el resultado de la ineptitud y el costo de la tibieza del gobierno.

Durante meses hemos visto como el oficialismo se desmorona por dentro en un sálvese quien pueda, donde las decisiones personales, riñas y egos han podido más de lo que intentó ser un proyecto político, pleitos muy leídos por el pacto criminal, fragmentado a nivel interno, divido y resquebrajándose, con diputados que han, inclusive, pensado en reformar leyes para poder reelegirse, según ellos, para seguir salvando al país. Hoy vemos el costo de su inexperiencia y como siempre, somos los pueblos los que ponemos el cuerpo.

Un líder indígena que defendió la democracia y que salió en un momento de intento golpe de estado junto a otros liderazgos indígenas para hacer un freno a la impunidad y la imposición de la ignominia que está naturalizada en Guatemala, a la cual yo denomino finca nación, hoy es traicionado por la misma condición de clase y étnica de quienes están al mando y que ni siquiera entienden el país que tienen enfrente.

La criminalización a Luis Pacheco, expresidente, y a Héctor Chaclan, ex tesorero, de los 48 Cantones de Totonicapán es una afrenta contra el pueblo de Guatemala en general, contra todas las organizaciones indígenas del país y contra quienes salieron a las calles a defender la democracia por más de 106 días.

48 cantones de Totonicapán es una organización antigua que existe antes del estado nación y que es muy importante a nivel nacional y es evidente que esto es un atentado contra esta organización que fue vital para poner en jaque al pacto golpista.

Sin embargo, en medio de este acto atroz, criminal de la justicia colonial del estado fallido, es vital recordar y analizar que la criminalización es el acto más cruel y un castigo ejemplar que es literal la dominación de los cuerpos de las personas detenidas.

Esta misma tiene varios niveles, el individual que afecta directamente a la persona que está siendo detenida, el familiar pues la detención impacta en el tejido social familiar de personas más cercanas, el comunitario donde esto impacta en diferentes niveles la organización y liderazgos indígenas cercanos, en este caso directo a 48 Cantones y después, viene el general donde es afectada toda la población, que en perfiles similares, ven un castigo por el trabajo realizado.

Esto es parte de la doctrina de shock, del terrorismo de estado de lo que yo denomino la dictadura judicial.

Se les acusa de terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la acción penal, obstrucción a la justicia que viene siendo desde el 2008 parte del paquete de delitos que la institucionalidad viene usando para criminalizar líderes y lideresas indígenas.

No niego el dolor que siento al ver a alguien que fungió como nuestra autoridad, criminalizada y detenida, pero esta es la justicia del mundo patas arriba donde los criminales están sentados en libertad decidiendo por y como va a funcionar este país, donde el actual gobierno títere ha decidido solo mirar.

Y no voy a romantizar, no voy a idealizar nuestra organización tiene muchas contradicciones, incoherencias y hay muchas cosas cuestionables dentro de ella, pero es nuestra organización y la vamos a defender con lo que sea.