Inicio diciendo que nunca he pertenecido al partido político Semilla. Soy demócrata cristiana de toda la vida y creo en esos principios ideológicos. Como demócrata sí creo que la acción de cancelar este partido es el resultado de algo más grave que viene desde el gobierno anterior: la captura del sistema por parte de la mafia corporativa que ha estrangulado al país y aún intenta eliminar todo resquicio de independencia institucional republicana. La erosión del sistema electoral empieza cuando las instituciones encargadas de proteger el voto son utilizadas para reinterpretarlo o neutralizarlo. Eso es lo que ha ocurrido en Guatemala con la cancelación —al menos por ahora— del partido Semilla después de las elecciones de 2023. Cuando se elimina a un partido que ganó en las urnas mediante un proceso judicial espurio, lo que se pone en duda no es únicamente su existencia legal, sino la legitimidad del proceso electoral mismo.

Lo que hemos visto en los últimos meses no es una discusión administrativa sobre registros partidarios, ni un debate jurídico ordinario. Se trata del uso del sistema penal para intervenir en un proceso electoral protegido por la Constitución. El problema no es únicamente que se haya abierto una investigación contra un partido político, sino que esa investigación terminó utilizándose para suspender su personalidad jurídica después de celebradas las elecciones, alterando reglas que existen precisamente para evitar que el poder institucional pueda modificar el resultado del voto ciudadano.

La Constitución establece que todo lo relativo al sufragio, los partidos políticos y el proceso electoral pertenece al ámbito de la ley constitucional electoral y a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos desarrolla ese principio y establece una protección clara: desde la convocatoria a elecciones hasta la conclusión del proceso electoral ningún partido puede ser suspendido o cancelado. La razón es evidente. Si un partido pudiera eliminarse durante una elección o inmediatamente después de conocidos los resultados, cualquier actor con poder institucional tendría la capacidad de alterar el proceso electoral desde fuera de las urnas.

Sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Después de la primera vuelta de las elecciones de 2023, el Ministerio Público inició una ofensiva judicial que incluyó investigaciones penales contra Semilla, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y solicitudes para suspender su personalidad jurídica. La orden de suspensión fue emitida por un juez penal, no por la autoridad electoral. En términos institucionales esto significó ignorar la prohibición expresa de la ley electoral, invadir la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral y utilizar el derecho penal para intervenir directamente en la competencia política.

El impacto institucional es profundo. Cuando el sistema penal se introduce en el proceso electoral, el árbitro pierde autoridad y las reglas dejan de ser previsibles. Los partidos ya no compiten únicamente en las urnas, sino también en tribunales. Los ciudadanos comienzan a preguntarse si su voto realmente tiene la última palabra o si el resultado puede modificarse posteriormente mediante expedientes judiciales. La certeza del voto —base de cualquier democracia— empieza a erosionarse.

Para entender por qué ocurrió esto hay que observar el contexto político en el que se desarrollaron estos hechos. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei se consolidó un entramado de poder conocido como el pacto de corruptos, una red de intereses políticos, económicos y judiciales que logró capturar instituciones clave del Estado. Ese esquema no buscaba únicamente ganar elecciones, sino controlar las instituciones que determinan lo que ocurre después de las elecciones: el Ministerio Público, las cortes y otros espacios de poder.

Se trata de un modelo que se parece más a un autoritarismo corporativo que a una dictadura personal. No depende de una sola figura en el poder, sino de una red que garantiza que las instituciones continúen respondiendo a los mismos intereses independientemente de quién ocupe la presidencia. Desde esa perspectiva, el proceso electoral de 2023 representaba un riesgo para ese modelo. La posibilidad de que un actor político ajeno a esa red llegara al Ejecutivo con legitimidad electoral podía alterar el equilibrio institucional -o gobernanza criminal-construido durante años. El intento de suspender y posteriormente cancelar a Semilla debe entenderse dentro de esa lógica: no como una simple disputa legal, sino como parte de un esfuerzo por recuperar el control del proceso político desde las instituciones capturadas. Aunque ese intento no logró revertir el resultado de las elecciones, la operación tampoco se detuvo.

La situación resulta aún más preocupante si se observa el calendario institucional. La Corte de Constitucionalidad que ha respaldado estas decisiones permanece en funciones hasta el 15 de abril, mientras que la fiscal general mantiene todavía la capacidad institucional de continuar acciones que cuestionen o intenten desconocer el resultado electoral, antes de la conclusión de su mandato en mayo. En otras palabras, el intento de intervenir en el proceso electoral no fue un episodio aislado del pasado, sino una disputa institucional que continúa desarrollándose.

Por eso, es urgente que la nueva CC ponga en primer lugar, acabar con la aberración inconstitucional que representa el que un juez unilateralmente cancele un partido político a instancias de un MP impune, violando la Ley electoral. De no hacerlo, se pondrá en duda el propio sistema electoral, la legitimidad del voto ciudadano y la participación política partidaria que es la base de la democracia. No solo debe revertir esa decisión, sino que se debe castigar a quiénes abusando de la ley y del poder, han violentado el marco constitucional una y otra vez.