Haciendo un estimado rápido durante los últimos diez años, el Estado guatemalteco ha destinado entre Q6,000 y Q8,000 millones de quetzales a programas, pensiones y servicios vinculados al ámbito militar, incluyendo pagos a ex patrulleros civiles, beneficios para veteranos y estructuras internas del Ejército. Esta cifra ni siquiera incluye completamente los recursos canalizados a través de obra pública ejecutada por el propio Ejército. Esta es una de las transferencias de recursos públicos más grandes y menos discutidas del país.

No solo es el monto, sino también la lógica discrecional que se esconde detrás de ese gasto. Los ex patrulleros y veteranos pertenecieron a estructuras vinculadas al Ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, el costo de esas compensaciones no lo asume una institución específica, sino el conjunto del Estado. Es decir, un servicio prestado dentro de una estructura militar termina siendo financiado por toda la sociedad guatemalteca. Sin hablar del número de personas, que año con año crece, en lugar de disminuir, tomando en cuenta que estamos hablando de una guerra que terminó hace más de 30 años.

Pero el sistema de financiamiento es mucho más amplio. El Hospital Militar, por ejemplo, recibe más de Q100 millones anuales del presupuesto del Estado y además recursos provenientes del IGSS, es decir, dinero que también proviene de los aportes de trabajadores a nivel nacional. Sin embargo, no es un hospital público abierto. Es un servicio financiado parcialmente con dinero de todos, pero al que no todos tienen acceso. Durante la pandemia quedó expuesto con claridad cómo funciona este sistema. El Hospital Militar utilizó al menos Q2.9 millones del fondo de emergencia COVID, recursos destinados a atender a toda la población, pero no atendió a un solo civil (a excepción aparentemente del diputado Allan Rodríguez). Mientras los hospitales públicos colapsaban, ese centro contaba con camas, equipo nuevo y ampliaciones financiadas con dinero público, pero destinadas exclusivamente a militares, retirados y sus familias. En total, el Ejército llegó a invertir cerca de Q4.8 millones en ese periodo sin integrarse plenamente a la red nacional de atención.

Algo similar ocurre con el Instituto de Previsión Militar (IPM), que en años recientes ha recibido Q160 millones del presupuesto estatal y este año se le otorgó por parte del Congreso una “inyección” adicional de 265 millones por 20 años para “dignificar” su sistema de pensiones. Jubilaciones y beneficios bajo reglas propias, distintas a las del resto del sector público, donde los oficiales se retiran con montos por encima del sistema del IGSS. Significa que todos los guatemaltecos mantenemos un sistema diferenciado de jubilaciones que benefician a la oficialidad del ejército, y también pagamos anualmente a sus veteranos militares del fondo común. Todo ello sin ningún nivel de transparencia similar al que se exige a otros sistemas del Estado.

Los institutos Adolfo V. Hall funcionan bajo un esquema mixto: reciben financiamiento del Ministerio de la Defensa; cuentan con apoyo del Ministerio de Educación para el pago de docentes; y además cobran cuotas a los padres de familia. Sin embargo, operan dentro de una estructura cívico-militar cerrada que no forma parte del sistema educativo público convencional, ni se entrega cuentas de cómo se utilizan los recursos que reciben. A esto se suman organizaciones como AVEMILGUA, que también ha recibido fondos públicos: en un caso documentado, se le asignaron Q10 millones, cuyo uso incluyó compra de vehículos, construcción de infraestructura y pagos internos, sin que existiera una rendición de cuentas claras.

Y como broche de oro tenemos a la DIGECAM, encargada de autorizar licencias, registrar armas y supervisar su uso, que no solo cumple una función crítica de seguridad, también cobra por esos servicios. Sin embargo, no existe información pública que permita conocer cuánto recauda el Ministerio de la Defensa, cómo se administran esos ingresos ni bajo qué mecanismos se supervisan.  A esto se suma otro problema evidente: a pesar de contar con recursos propios, sus sistemas digitales han mostrado ser vulnerables y poco robustos, como lo evidenció el reciente hackeo que se hizo público. En un país donde el crimen organizado es una realidad, un sistema de control de armas con debilidades tecnológicas y poca transparencia no es solo un problema administrativo: es un riesgo para la seguridad pública.

El Ejército también ejecuta inversión pública. A través del Cuerpo de Ingenieros participa en la construcción de carreteras financiadas por el Ministerio de Comunicaciones, en proyectos que en distintos años han representado cientos de millones de quetzales. Sin embargo, no existe una visión pública clara que permita entender cuánto dinero se canaliza por esta vía ni bajo qué estándares de supervisión se ejecutan estos proyectos.

La falta de transparencia en el manejo de estos recursos no es un problema abstracto. El expresidente Alfonso Portillo fue condenado en Estados Unidos por desviar y lavar fondos públicos, incluyendo dinero del Ministerio de la Defensa. Ese caso dejó claro que cuando un sistema maneja recursos sin controles visibles, no solo se vuelve opaco: se vuelve vulnerable a la corrupción.  A esto se suma el crecimiento del mercado de seguridad privada, muchas veces vinculado a exmilitares o personas formadas en el ámbito castrense. Esto no es ilegal en sí mismo, pero sí refuerza una tendencia preocupante: la seguridad deja de ser exclusivamente una función pública y se convierte también en un espacio de negocio donde confluyen experiencia militar, control de armas y recursos económicos.

Cuando se observan todos estos elementos juntos, el patrón es evidente. No estamos frente a programas aislados, sino ante una estructura más amplia vinculada al ámbito militar que combina compensaciones, servicios, pensiones, control de armas, educación, ejecución de obra pública e incluso actividades económicas relacionadas con la seguridad. Un sistema que recibe miles de millones del Estado, que genera recursos adicionales y que administra beneficios, pero que no está sujeto al mismo nivel de supervisión pública que las otras instituciones. Este sistema opera con reglas distintas, con poca transparencia y con una clara ausencia de rendición de cuentas hacia la ciudadanía que lo financia. En un país con enormes necesidades sociales, donde cada quetzal del presupuesto es disputado, este tipo de estructuras debería ser parte del debate público central, para someterlas a un principio básico que no debería negociarse: todo recurso público debe poder ser supervisado. Porque aquí estamos hablando de un sistema que concentra dinero, controla armas y distribuye beneficios sin el nivel de supervisión que exige una democracia. Y mientras ese sistema siga funcionando así, la pregunta ya no es técnica, es política: si todos pagamos este sistema, ¿por qué entonces no podemos todos ver realmente cómo funciona?