Es 25 de febrero de 2026, Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Han pasado casi 26 años de la publicación del primer diagnóstico de niñez desaparecida durante el conflicto armado interno en Guatemala publicado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado intitulado “Hasta Encontrarte”.

Para mí fue un honor haber sido parte del equipo investigador liderado por Marco Antonio Garavito junto a Claudia Anleu Hernández y Nora Murillo Estrada. Fue un punto de inflexión en mi vida. Nunca había visto, escuchado y sentido tan de cerca el dolor y el desgarre provocados por la irracionalidad y salvajismo de la violencia institucionalizada. Cada testimonio me zarandeaba, no era para menos. La resiliencia y el valor de cada persona que nos abrió las puertas de su corazón, la reflexión profunda y el anhelo de reconciliación dejaron una profunda huella en mí.

La desaparición forzada es un delito continuado en el tiempo en tanto que no se libere a la víctima y es imprescriptible. “Hasta Encontrarte” señala la desaparición forzada de al menos 444 niños durante el conflicto armado. Desapariciones que según los declarantes son atribuidas en un 92% al Ejército de Guatemala, un 3% a la paramilitares y un 2% a la guerrilla. El 3% de las desapariciones registradas por el informe no puede ser atribuida a un responsable. Se estima que parte de esta niñez desaparecida de manera forzada llegó hasta hogares del Estado o privados donde luego fue dada en adopción de manera irregular.

Varias décadas después de acontecidos los terribles casos de desaparición forzada de niñas y niños señalados por este y otros informes, llegan las recientes declaraciones de un panel de expertos de la ONU que vinculan a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, en procesos de adopciones ilegales internacionales durante los años más oscuros del conflicto armado.

Me es difícil comprender este tipo de situaciones que ocurren en Guatemala. Una fiscal general vinculada a hechos atroces cuyos efectos perduran en el tiempo. La honorabilidad no es facultad de quien promueve la criminalización de periodistas, socava la democracia, menos es cómplice de adopciones irregulares que incluso podrían estar vinculada con crímenes de lesa humanidad.

En cualquier parte del mundo, una trayectoria de estas características debería excluir a cualquiera de ejercer o postularse a un cargo público, especialmente si estamos hablando de una magistratura o fiscalía al más alto nivel.

Las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado, que aún son buscadas por sus familiares o que todavía buscan a sus madres y padres biológicos tienen derecho a ser reparadas y dignificadas. La reparación es un proceso complejo que incluye entre otros, el aspecto cultural, el socioeconómico y el legal.

Y esa reparación en amplio sentido exige que las autoridades a cargo del sistema de justicia sean probas, honorables… En países como el nuestro, la justicia transicional debe ser pilar de la reconciliación que permita una democracia sostenible.

Por ahora la zozobra continúa para quienes siguen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Incluso para quienes han vivido el reencuentro con sus seres queridos los efectos de aquella violenta y larga separación pueden seguir siendo desafíos cotidianos. 

Sin duda el Estado cumplirá mejor con sus obligaciones cuando sus autoridades no sean resultado de “tablas de degradación del sistema” sino hayan sido elegidas de listados integrados por personas honorables comprometidas con el Estado de derecho y la paz.

Las familias víctimas de la desaparición forzada deben pasar de la angustia al reencuentro con una sociedad que les reconozca en su dignidad y les apoye en sus procesos.

Sergio de León

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