En esta época, donde ya nada extraña, no hay margen para la sorpresa y son normales las noticias aberrantes e imperdonables de otros momentos, resulta incomprensible y ridícula la nota enviada por el magistrado Molina B. a la nueva presidente de la Corte de Constitucionalidad, donde plantea la aplicación de la virtualidad como plataforma desde la cual ejercer sus funciones. Es una afrenta a la ciudadanía en su conjunto.

Más allá de desmenuzar el oprobioso planteamiento, cabe destacar el sentido político de semejante planteamiento. Se trata de una acción desafiante, que quiere marcar el modelo de gestión y la orientación que una parte de los magistrados pretenden dar a la CC. Una nota similar fue planteada, casi al mismo tiempo, por otros cinco magistrados, lo cual indica, además, que esa mayoría (6) son quienes pretenden ostentar el poder real en ese organismo. Se trata al fin de cuentas, de un chantaje revestido de formalidad.

Se inaugura, como se advertía semanas atrás, del advenimiento de un bando provocador, que quiere marcar el paso, el ritmo y la agenda del órgano constitucional, pero a través de mecanismos burdos, absolutamente impropios de quienes, se supone, corresponde aplicar la justicia constitucional. Se quieren burlar de la ciudadanía, como si ser magistrados del más importante tribunal del país equivaliera a un trapo sucio de cocina, como si sus salarios no fuesen por cosa, como si las representaciones que ostentan no tuvieran peso significativo.

Pero, si de chantajistas se trata, los diputados conforman el equipo titular. Días atrás salió a relucir un ejemplo de ello, cuando diputados de varias bancadas plantearon el “canje” de aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo a cambio de realizar reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Este chantaje es a varias bandas. Por un lado, envían el mensaje que la ley antilavado, en realidad, no es de su interés, a pesar del riesgo que la no aprobación en el corto plazo implique formar parte de la «lista gris» y nos coloque, como país, en una situación de alto riesgo en el sistema financiero global.

Pero también plantean otro chantaje. El próximo fiscal general, si quiere mantenerse en el cargo durante el periodo formal que le corresponde, deberá alinearse a esos partidos y doblegarse al próximo presidente. En caso contrario, en poco más de año y medio, estaría fuera de su despacho, ya que las reformas a la ley del MP plantean, de entrada, recobrar la potestad de la destitución.

Chantaje también son las acciones saboteadoras que buscan impedir la transición en el MP. Aunque todo apunta a que no lograrán su cometido, lanzan un claro mensaje: los actores de veto serán la marca personal del nuevo fiscal general. No lo querrán dejar ni de día, ni de noche. Querrán respirarle en el cuello, vigilar sus pasos, meter mano en su agenda y sus equipos; todo para que no se atreva, ni por un segundo, en desenrollar las alfombras, los expedientes guardados bajo siete llaves, las gavetas donde se ponen en evidencia a los actores que parten el pastel.

Los chantajes, revestidos con diversos trajes, desde aparentes ejercicios de negociación, simples mensajes lanzados al aire, malentendidos, son cotidianos en este país. Representa la putrefacción que priva en general; la interposición de la amenaza, real o velada, como medio para alcanzar objetivos y poder ante la ausencia e incapacidad por utilizar recursos civilizados.