Le agradezco al doctor Ramiro Bolaños por haber respondido a la crítica que hice sobre sus ideas de la justicia y los contratos público-privados en Guatemala. Aquí pueden encontrar el artículo original del Dr. Bolaños, aquí mi respuesta a ese artículo, y aquí su contra respuesta. También me disculpo con ustedes lectores por escribir sin elocuencia ni buen ritmo en mi primera entrega. En cualquier caso, mi deseo fue iniciar una discusión sobre la idea de “seguridad jurídica” que promueven algunos grandes empresarios guatemaltecos y sus apologistas. Ahora, es indudable que en Guatemala existe un alto nivel de inseguridad jurídica debido a problemas en la justicia, la burocracia y la política guatemalteca y la cual sufrimos todos, desde la mujer campesina más pobre hasta el empresario industrial más rico. Múltiples índices como el de Libertad Económica del Instituto Fraser o el de Competitividad Global del Foro Económico Mundial nos califican entre los peores países con respecto a la seguridad jurídica. En este sentido, no voy a decir que los ricos están exentos de sufrir la inseguridad jurídica que todos vivimos, eso sería una mentira.

Sin embargo, me da desconfianza cuando algunos empresarios chapines y sus apologistas usan este término de seguridad jurídica para criticar al Estado de Guatemala. Y es que detrás del uso de este concepto hay más que una descripción y crítica a datos creíbles o hechos reales, más bien me parece que hay una defensa de comportamientos empresariales que contravienen al Estado de Derecho de Guatemala, a las leyes que todos deberíamos de cumplir para darle confianza y estabilidad a nuestra sociedad. Así, estos empresarios y creadores de opinión pública usan el concepto de seguridad jurídica para referirse a algo más que una idea jurídica o legal. Para ellos la seguridad jurídica incluye que las instituciones públicas del país respeten y protejan incluso a aquellas de sus actividades que contravienen al marco jurídico nacional. Y es esta idea la que me pareció que el doctor Bolaños defendió, consciente o inconscientemente, en su artículo inicial.

Quiero aclarar que la crítica inicial del doctor Bolaños era al incumplimiento de los contratos por parte del Estado de Guatemala, su objetivo no era hablar del incumplimiento contractual entre privados y, si me permiten, yo tampoco hablaré al respecto en este artículo. De tal cuenta, como el doctor, yo también creo que, si el Gobierno de Guatemala no respeta lo pactado, ello puede perjudicar la imagen pública del país y la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en Guatemala.

También, el hecho de que el doctor no critique la existencia del Estado de Guatemala, quiere decir que tanto él como yo no somos anarquistas. Más bien, concordamos en que en Guatemala debería de haber una república, aunque yo no creo que “como la conceptualizaron Aristóteles y Cicerón, integrando a todos los poderes, pero con pesos y contrapesos”. Mi postura contra el republicanismo de Aristóteles y Cicerón se debe a que la república de “los antiguos” no es lo mismo que la república de “los modernos” o actual. Tanto Aristóteles como Cicerón entendían la república como la separación y representación corporativa de las clases sociales -similar al peronismo argentino en donde trabajadores e industriales tenían una representación corporativa dentro del Estado-. Cuando ellos hablaban de la división del gobierno hablaban de que cada tribu de su ciudad o de que el pueblo o plebeyos y los patricios o ricos debían estar representados en las más altas instituciones públicas. Y efectivamente, cada uno de estos grupos fue representado en el tribunado o en el senado romano o en el Areópago o en la Bula griega, entre varias otras instituciones republicanas antiguas. La república de los “modernos”, que defendemos tanto el doctor Bolaños como yo, se basa, en cambio, en la creencia de que la sociedad está compuesta por individuos iguales y por lo que la división de poderes no es representativa sino administrativa y operativa.

 Y partiendo de que tanto el doctor Bolaños, como yo, como tal vez usted mi lector o lectora creemos en que en Guatemala debería de haber un estado republicano, entonces pensamos que existe la posibilidad de que haya un poder legítimo y justo que se encargue de legislar y hacer cumplir las leyes, ¿no? O sea, aquí el doctor se contradice al decir que mi visión de una “justicia superior” de “una moralidad que se coloca por encima de lo pactado […] suena ilusa, pues en la práctica abre la puerta a la arbitrariedad en términos que dañan la imagen de nuestro país.” Doctor, si no es una institución pública quien defina la justicia en un estado-nación moderno, como usted menciona en incontables ejemplos en sus artículos, desde Terentilio hasta el Duque de Baviera y Sajonia, ¿entonces quién y cómo se define la justicia? Y, ¿quién y cómo se define lo injusto? ¿Acaso cada empresario define su propia justicia en cada contrato que hace con el estado? ¿Acaso cada gobernante y empresario debería definir lo justo e injusto con respecto al uso de los recursos estatales, como son las áreas naturales protegidas y los ríos, fuente de riqueza no solo para las empresas mineras y petroleras, sino para otros grupos e individuos que también compiten por su uso?

En todo caso, yo no creo que la justicia, en el marco de los contratos público-privados, implique el derecho y autoridad irrestricta e ilimitada de las empresas de hacer lo que les venga en gana, incluso pasando sobre la normativa nacional. Si asumimos que en Guatemala existe un Estado de Derecho, al menos en papel membretado, expresado en las leyes constitucionales, ordinarias, en los reglamentos y en los manuales públicos, entre otros textos, y si aceptamos que respetar esta normativa es respetar el Estado de Derecho, entonces ¿por qué defiende como injusto que el Estado controle o finalice sus obligaciones con empresas privadas que el Gobierno argumenta que incumplen con las leyes nacionales, como Perenco o Mayaníquel? ¿Acaso no puede haber contratos lesivos contra los intereses y propiedades del estado o que permitan prácticas que generen externalidades que afecten a otros guatemaltecos? ¿No es acaso defender a las empresas quebrantadoras de la ley lo mismo que defender el quebranto del Estado de Derecho nacional? O, ¿cree que los empresarios deben definir la justicia en los contratos público-privados, aunque ellos no hayan sido públicamente electos para determinar esa justicia? O, pero aún, ¿deberían los empresarios poder irrespetar el Estado de Derecho solo por ser empresarios? En todo caso, por favor doctor, indíquenos que leyes nacionales o qué partes de esas leyes son injustas y cómo y quién debería eliminarlas o crearlas para facilitar el justo desarrollo económico del país y evitar que los grandes empresarios tengan que pasar sobre las leyes nacionales para funcionar.

Por último, doctor, si dice que habla desde su experiencia personal como empresario, ¿no sería mejor que para defender sus ideas usara como evidencia sus recuerdos personales, en lugar de usar un sinfín de citas textuales, eventos históricos y teorías que a veces son contradictorias y cuyas fuentes no quedan claras? Y los estudios, “cercanías” o filiaciones y teorías que me asigna están equivocadas. Hay suficiente información pública sobre mi persona en Internet para hacer un buen perfil de mi persona. Usar teorías y datos antojadizos no sirve ni para describir mi pensamiento ni para comprender los fundamentos de la economía y política moderna.