El apoyo de sectores evangélicos a favor de la ultraderecha en América Latina es por un interés mutuo. Encuentran en las agendas conservadoras una defensa de sus valores morales tradicionales, mientras que los partidos de derecha ven en el electorado evangélico un masivo nicho de votantes. Se acercan con la agenda «provida» y «profamilia», aunque no dicen nada de las causas de la pobreza que llevan a la muerte y desnutrición de sin número de niños, o a las niñas violentadas . También buscan la mano dura para llevar el orden a la sociedad en medio de la inseguridad que rodea la existencia de sus días. El resultado es la presencia de pastores y miembros evangélicos como políticos en los congresos y gobiernos. Debido a su nacionalismo conservador y sionismo cristiano,  rechazan el progresismo secular y quieren articular su religión en las políticas públicas y en la educación. Esta dinámica electoral y social varía de un país a otro, teniendo una influencia más institucionalizada en naciones con alta densidad de población protestante, como Brasil o Guatemala, y una presencia más territorial y descentralizada en otros territorios de la región.

En Guatemala la relación entre el voto evangélico y los políticos señalados de corrupción no es uniforme, sino un fenómeno complejo marcado por alianzas de cúpula, manipulación de valores morales y una base de fieles diversa y fragmentada. Aunque algunos pastores y megaiglesias de corte neopentecostal han respaldado abiertamente a mandatarios que luego enfrentaron graves acusaciones de corrupción, hay sectores de la base evangélica y agrupaciones de la sociedad civil cristiana que rechazan enérgicamente la impunidad.

 Varios candidatos a la presidencia y ya al asumir su cargo, quieren consolidar su poder aliándose con estos grupos religiosos. Jimmy Morales  (2016-2020) utilizó un fuerte discurso identitario cristiano evangélico para ganar simpatía. Durante su mandato, mientras era investigado por financiamiento electoral ilícito, recibió un respaldo público crucial de prominentes líderes de megaiglesias. Este apoyo se intensificó cuando Morales decidió expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

Durante el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei (2020-2024),  impulsó una fuerte agenda legislativa conservadora, declarando a Guatemala como la «Capital Pro-Vida de Iberoamérica». Sectores de opinión señalan que esta estrategia sirvió como un «escudo moral» para mantener el apoyo de la comunidad religiosa organizada frente a las duras críticas internacionales y locales por la cooptación del sistema judicial, conocida como el «pacto de corruptos» Los partidos políticos tradicionales y figuras bajo investigación criminal han recurrido sistemáticamente a la inclusión de pastores evangélicos en sus planillas legislativas o a la intermediación de redes de comunicación religiosas para atraer el voto masivo. 

Estos grupos conservadores se dicen defensores de las familias tradicionales, su oposición al aborto y al matrimonio igualitario. Si los políticos aceptan lo anterior, pues apoyarán a los políticos, incluso, los cuestionados  por corrupción y otros delitos.  A diferencia de las mega iglesias urbanas neopentecostales, miles de iglesias rurales y de denominaciones históricas (como bautistas, metodistas y presbiterianas) mantienen una postura más crítica o de distanciamiento frente a la política partidaria.

Sin embargo, hay disidencias.  En los procesos electorales recientes, miles de ciudadanos evangélicos han votado en contra de los partidos oficialistas tradicionales. Organizaciones y plataformas de cristianos independientes (como la iniciativa Doble Ciudadanía) denuncian activamente que la corrupción es un pecado y exigen madurez política a los feligreses para no dejarse manipular por dádivas o promesas religiosas durante las campañas electorales.