En Guatemala, todas las constituciones desde 1824 han previsto mecanismos de reforma. Sin embargo, muchas veces estos procesos se usaron para fortalecer o prolongar al Ejecutivo, o las constituciones fueron sustituidas por completo a consecuencia de golpes de Estado u otros rompimientos del orden constitucional. 

La Constitución de 1985 incorporó innovaciones para fortalecer la soberanía popular. Reconoció el derecho de al menos 5,000 ciudadanos a promover reformas constitucionales, exigió la ratificación popular de la mayoría de reformas y reservó ciertas materias, especialmente los derechos individuales, a una Asamblea Nacional Constituyente. También prohibió cambiar rasgos esenciales como la forma republicana de gobierno, la no reelección y la alternabilidad presidencial. 

Estas disposiciones respondieron al espíritu democrático de la transición de los años ochenta, la cual, sin perjuicio de legítimos debates sobre sus implicaciones y alcances, declaró como propósito construir una democracia pluralista y ampliar la participación ciudadana. Para comprenderlo es necesario recordar –como expresamente lo hicieron los constituyentes de 1985– la experiencia de la Constitución de 1965. Considerada ilegítima en su origen, ésta creó un sistema electoral y partidario restrictivo, subordinado al Ejecutivo, el cual permitió arbitrariedades que afectaron la participación política y la certeza jurídica. 

La aspiración democrática plasmada en la Constitución de 1985 no es solo un discurso legitimador en el contexto mundial de la época, sino refleja la experiencia personal de los constituyentes, varios de los cuales habían vivido los efectos de aquel sistema político excluyente. Aunque el texto constitucional no es perfecto y ha recibido críticas legítimas, especialmente respecto de las reformas introducidas en 1993, conserva una visión que busca equilibrar la estabilidad institucional con la capacidad de adaptación. 

Los debates constituyentes muestran claramente esa intención. Varios representantes defendieron la incorporación de la iniciativa ciudadana de reforma constitucional e, incluso, redujeron el número de firmas requeridas, para facilitar la participación. También enfatizaron que este derecho debía ser accesible para todos los ciudadanos, sin discriminar por motivos de alfabetismo. Los constituyentes expresaron su preocupación por que la nueva ley suprema sea duradera, sujeta a evolución mediante reformas en vez de revoluciones o golpes de Estado. 

Al promulgar la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Roberto Carpio Nicolle, afirmó que flexibilizar las reformas constitucionales era “la mejor defensa contra los golpes de estado”. El jefe de Estado, general Óscar Humberto Mejía Víctores, expresó la “más ferviente esperanza” de que la Constitución esté vigente por muchos años y que, si algún día deja de estarlo, “sea únicamente por la decisión soberana del pueblo de Guatemala que (…) disponga convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente”.

Los mecanismos de reforma constitucional, como búsqueda de un equilibrio sin ruptura entre estabilidad y adaptación, responden a una idea más profunda: las constituciones existen no solo para organizar el poder y proteger derechos, sino para hacer posible una convivencia política basada en el pluralismo, la tolerancia, el debate y la resolución pacífica de los desacuerdos y de las luchas de poder. En esa tarea cumplen un papel fundamental tanto los sistemas electorales y de partidos como las instituciones de justicia. 

Sobre esa línea, Jorge Mario García Laguardia, el más renombrado constitucionalista guatemalteco, afirmó en 2016 que “La reforma de la Constitución es una forma de defender la Constitución. No se trata de cambiarla, sino de ajustar ciertos aspectos cuya forma y fondo han dejado de tener sentido. (…) Principalmente el sistema de justicia que necesita dotarse de autonomía real”. Compartiendo esa convicción, me sumé a la iniciativa de reforma constitucional de la asociación civil Poder Ciudadano. 

La reforma constitucional ha sido un tema constante en el país desde diversos sectores y durante varios años: baste recordar las discusiones a raíz de los Acuerdos de Paz, ProReforma (cuya propuesta también firmé), o las iniciativas de la administración Pérez Molina y de la CICIG. También Alejandro Giammattei empezó a liderar un proceso de reforma, lamentablemente interrumpido por la pandemia. La polarización ideológica y las recurrentes crisis políticas no han facilitado debatirlas con la necesaria apertura cívica, y habían impedido retomar el tema.

Siendo un tema que admite muchos puntos de vista distintos, parte del beneficio es poder debatirlo con ideas, con argumentos, con apertura, sin actitudes formalistas o cerradas, contribuyendo a forjar una cultura republicana y democrática, más allá del resultado concreto que el proyecto alcance o no. Ya eso, por sí solo, me parece un valioso aporte al país. 

En sus recientes visitas a España y Argentina, el papa León XIV exhortó a abandonar narrativas divisivas y polarizantes, a no negar la complejidad histórica, a aprender a convivir y dialogar más allá de las diferencias de pensamiento, a custodiar y fortalecer la democracia, la participación y la libertad de expresión. Un debate de país tan importante como una reforma constitucional es ocasión privilegiada para ejercer las virtudes cívicas. Como dijo también García Laguardia: “La mejor manera de defender la democracia es vivir democráticamente”.