Los países Europa occidental se fundaron desde la segunda guerra mundial en el principio ético fundamental de la declaración universal de los derechos humanos de las Naciones Unidas que fue promovida, principalmente, por sus dirigentes, partidos políticos y gobiernos. El contenido de esta declaración fue, además, acogido como principio constitucional de sus Estados democráticos, es decir, como el fundamento normativo de sus existencias. De ahí, que el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación etc. se erigieron como derechos inalienables y básicos de todos los seres humanos, independientemente de sus raíces étnicas, religiosos, culturales o de su condición socio-económica, reconocidos formalmente por las instituciones de estos Estados. Declaración que fue un extraordinario progreso moral de la humanidad en la medida que consagró formalmente que los seres humanos no solo son sujetos de derechos políticos, tal como lo enseñaron y establecieron parcialmente los revolucionarios franceses en la carta constitucional con la que inauguraron el nuevo orden republicando. Ni tampoco, solo sujetos de derechos sociales como lo consagraron normativamente los Estados de bienestar europeos a partir de la segunda guerra mundial. Sino, que, son también sujetos de derechos universales que les brota por el hecho de ser seres humanos. La condición humana de cada miembro del género humano le da el derecho de preservar su vida, su salud, su libertad natural, el derecho de trabajar, de educarse, etc. en la medida que estas son condiciones básicas e indispensables para que pueda vivir como un verdadero o auténtico ser humano. Y, los demás y las autoridades estatales, adquieren la obligación normativa de respetar esos derechos, es decir, de no negarlos o desconocerlos con sus palabras, y, sobre, todo con sus actos.

Sin embargo, hoy los gobernantes europeos han renunciado a la obligación constitucional que tienen de defender y proteger esos derechos humanos, en el caso de la población palestina de Gaza. Los derechos humanos de la población palestina que están desde hace más de dos años violados diaria y sistemáticamente por el gobierno sionista de Israel y su ejército no han sido defendidos por estos gobernantes, y, tampoco por los miembros de la comisión europea, como órgano directivo de la Unión. Al contrario, han permitido que el Estado de Israel los viole sistemáticamente con sus bombardeos sobre la indefensa población civil, que han matado hasta ahora, a casi setenta mil personas, destruido hospitales, centros educativos, campamentos de refugiados, etc. Y, han contemplado y permitido esta gravísima violación de los derechos humanos no solo guardando, en su mayoría, silencio, sino, sobre todo absteniéndose de sancionar Israel suspendiendo todo el comercio de armas él, dejando sin vigor los acuerdos comerciales existentes, y rompiendo relaciones diplomáticas.

Esta postura significa que estos gobernantes y dirigentes políticos están desobedeciendo los mandatos constitucionales de sus Estados que les ordenan defender, proteger y hacer valer esos derechos, no solo en sus países, sino también, en el resto de los países del mundo en función de sus capacidades y posibilidad políticas y diplomáticas. Es decir, están incumpliendo flagrantemente esta orden normativa constitucional fundamental de su Estados, que deben, en principio, siempre cumplir como sus gobernantes. 

Al obrar así, entonces, han perdido legitimidad y autoridad moral ante los ojos de todos los ciudadanos de sus países y del mundo que reconocen el imperativo moral de defender y hacer valer los derechos humanos, es decir, ante todos aquellos que han aprendido en los últimos decenios de la historia moderna, que estos derechos tienen un gran valor e importancia para la vida de todos los seres humanos, independientemente de sus diversos orígenes étnicos, religiosos, culturales, o, de sus diferentes condiciones socio-económicas. Son hoy gobernantes sin ninguna legitimidad para todos millones y millones de personas que está convencidas que los derechos humanos no solo son el fundamento ético de la modernidad, sino también, la base inmodificable en la que debe sustentarse el obrar político de todos los gobernantes.

Pero, además, los gobernantes europeos al adoptar esta postura, están renunciando a ejercer el gran poder del que disponen, se están negando a sí mismos el derecho y el deber que tienen de emplear los medios de poder de que disponen para garantizar esos derechos. De tal modo, que, además, de perder su autoridad y legitimidad moral, han renunciado, por decisión propia, a parte del poder político que legítimamente poseen. Renuncia que los han enajenado como políticos. Es decir, que los ha conducido perder la condición esencial que tienen como tales, la de usar el poder político plena e íntegramente en los marcos y límites que las normas legales y constitucionales les imponen.  Por eso, en estos dos últimos años, estos políticos europeos, al decidir abstenerse de defender y hacer valer los derechos humanos de la población palestina, han cavado su tumba moral para los millones de personas que creen en el valor supremo de estos derechos.  Y, también, han perdido su condición de político democráticos obedientes de las normas constitucionales de sus Estados.  

Aunque, estos gobernantes y líderes políticos obran así porque consideran que tienen un compromiso histórico de sostener el Estado de Israel porque promovieron y apoyaron activamente su creación en 1948, después del holocausto sufrido por los judíos europeos a manos de los nazis. Siempre han considerado que este fue un acto de justicia con las víctimas de ese genocidio el de entregarles parte de las tierras que sus antepasados habitaron hace dos mil años, para formar su Estado que les permitieran por primera vez en la historia ser un pueblo seguro y protegido por sus propios órganos de poder político. Y, así, evitar que sufrieran de nuevo las persecuciones que sufrieron en los países europeos en muchas ocasiones, y que concluyeron, con la mayor y más grave de todas realizada por los nazis. 

Sin embargo, les ayudaron a crear su Estado en esas tierras a un alto precio humano, el de desplazar a la fuerza de cientos de miles de palestinos que históricamente las habían habitado, y que eran propias. Es decir, de despojarlos injusta y arbitrariamente de sus tierras que siempre les habían pertenecido. Sin embargo, el drama profundo de esta situación es que los judíos que regresaron a fundar el Estado fueron europeos de diferentes nacionalidades, cuyos antepasados se judaizaron a partir del medievo, es decir, se convirtieron a la religión judía, asumieron sus usos y costumbres culturales y se integraron plenamente a la comunidad. Y, los palestinos actuales son los verdaderos descendientes de los judíos que habitaban esas tierras hace dos mil años, y, que, se quedaran en ella, después que muchos otros la abandonaran el año 79 después de Cristo, iniciando la llamada diáspora por el mundo. Judíos, que se hicieron musulmanes en el siglo VII después de Cristo empujados por la fuerza de los ejércitos de esta recién fundada religión por Mahoma. 

Ahora bien, esta decisión política de los gobernantes europeos coincidió por el ideario sionista elaborado a finales del siglo XIX por intelectuales judíos europeos como Teodoro Herzl, que, estimulados por la demanda que muchos pueblos estaban haciendo de forjar sus propios Estados nacionales, reclamaron el derecho de formar su propio Estado en algún lugar de la tierra, sobre todo, en las tierras palestinas, que, los judíos originarios semitas habían habitado en el pasado hace más de dos mil años. 

Sin embargo, esta razón no justifica de ninguna manera el apoyo incondicional que le han dado al Estado de Israel durante estos dos años del genocidio porque ningún Estado en la modernidad tiene el derecho de tratar de eliminar a un grupo humano o población, matándola, privándola de alimentos y de agua, de los servicios de salud básicos, etc.  porque desde 1948 se estableció por las Naciones Unidas en la Convención para la prevención y la sanción del genocidio que este propósito, al llevarse a cabo, es un grave delito, tal vez, el mayor que pueden cometer unos seres humanos contra otros: el mayor crimen de todos los crímenes. O, lo que es lo mismo, la mayor y más grave violación de los derechos humanos. 

De tal modo, que, la obligación política y sobre todo moral que tenían estos gobernantes de los países europeos era precisamente para evitar, con sus enormes recursos y medios de poder, que el Estado de Israel cometiera ese genocidio. Y, que, de haberlos usado, lo hubieran evitado, o por lo menos, detenido hace tiempo. Obligación primordial, que estaba, y está, por encima del compromiso que se dieron de apoyarlo y defenderlo. Pues, ningún Estado, en los tiempos actuales, que cometa semejante delito, puede en derecho contar con el apoyo de sus Estados amigos o aliados, so pena que estos se conviertan, como en efecto ha ocurrido, en sus cómplices silenciosos, pero activos.

Por eso, hoy la sentencia que recibe estos gobernantes y líderes políticos del tribunal pública de la gran mayoría de los seres humanos, de la humanidad sensible y digna que ha aprendido el valor de los derechos humanos, es de condenarlos como tales, como cómplices de este genocidio. Pues, cuando unos gobiernos democráticos pueden evitar perfectamente que otro cometa un crimen, tienen el deber supremo de evitarlo.  Si no lo hacen, se convierten, como acabamos de decir, en sus cómplices, que ya son juzgados y condenados por el más importante tribunal existente, el de los pueblos libres y soberanos de sus países y del mundo que creen en el valor fundamental de los derechos humanos. Y, también, que podrían ser juzgados más adelante por la Corte Penal Internacional, como la actual primera ministra italiana Georgia Meloni, en caso de que prospere la denuncia que está preparando un grupo de destacados juristas italianos. 

Ahora bien, el hecho de que Israel y Hamás hayan aceptado los primeros puntos del plan que presentó Trump hace pocos días consistentes en el cese de las operaciones militares del ejército israelí, su retirada a una determinada línea de la franja, la liberación de los pocos rehenes vivos que quedan en manos de Hamás, y la entrega de los restos de los muertos, la puesta en libertad de dos mil presos palestinos, y el ingreso de la ayuda humanitaria, es, sin lugar a dudas, para la población palestina en proceso de ser exterminada un gran alivio que les devuelve la esperanza de la vida. Aunque, es un alto al fuego muy frágil porque el ejército israelí sigue matando palestinos, y, porque Hamás ha dicho con razón que no entregará sus armas hasta que el ejército ocupante se haya retirado completa y definitivamente de la franja, y, se establezca un gobierno palestino legitimo en la misma.

Pero, también, es un gran alivio para los gobernantes y líderes políticos europeos porque disminuye la presión que han ejercido sobre ellos una gran parte de los ciudadanos de sus países para que actúen para detener el genocidio, para que cumplan con sus obligaciones éticas y constitucionales de defender los derechos humanos de los palestinos. Pero, es un alivio que no les devolverá el valor y la calidad ética que tenían o pretendían tener como guardianes poderosos de estos derechos. Este valor lo perdieron para siempre por haber renunciado a defender y hacer valer con sus grandes medios de poder el fundamento ético de la modernidad, los derechos humanos. Hecho, que constató con preclara lucidez, hace poco, el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva, al decir que “En las tumbas de todos los palestinos asesinados en Gaza, yace el sepulcro ético de Occidente”.