Hichos declaró con lugar una cuestión prejudicial que fue planteada por la defensa de los magistrados del TSE, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas, quienes estaban siendo procesados en este caso por el delito de fraude. 

Según el juez, el proceso ahora deberá ser conocido por la vía administrativa, que era la primera etapa por la cual se debería agotar. Asimismo, indicó que la Procuraduría General de la Nación debió determinar si el contrato para la adquisición del sistema TREP era lesivo o no para los intereses del Estado. 

En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a los cuatro magistrados del TSE, lo que les permitió volver a ejercer sus funciones. Esto ocurrió luego de que en 2023 bancadas aliadas al gobierno de Alejandro Giammattei decidieron retirarles la inmunidad para que fuesen procesados en este caso. 

En abril de 2024, se dio cumplimiento a una resolución emitida por la Sala Primera de Apelaciones, en la que se prohibió a los magistrados del TSE ejercer sus cargos. Además, debían pagar una caución económica de Q700 mil. 

Este caso gira en torno a presuntas irregularidades en la adquisición del sistema TREP, el cual tuvo un costo de aproximadamente Q148 millones. La compra se realizó con la entidad Datasys, S.A.

Una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de una auditoría realizada, fue el origen de la denuncia contra los cuatro magistrados del TSE. Esto dio pie a las acciones que posteriormente realizó el Ministerio Público. 

Blanca Alfaro fue la única magistrada titular que no enfrentó señalamientos del MP por este caso, aunque han mencionado que enfrenta varias solicitudes de antejuicio por otros procesos.