Desde irregularidades en contrataciones y el uso irregular de documentos académicos hasta denuncias por abuso de autoridad durante el proceso electoral de 2023 son los casos acumulados que ha dejado un pleno con magistrados suspendidos y sustituidos por suplentes.
1- Cuestionamientos por títulos universitarios
El 30 de mayo de 2021, elPeriódico publicó una investigación titulada “La maestría y el doctorado inexistentes de dos magistrados del TSE”.
La investigación periodística indica que los magistrados Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Marco Antonio Cornejo contaban con un historial académico incompleto y que no era viable la extensión de un certificado de graduación.
Rojas Cetina presentó la certificación cuando no había terminado de cursar el doctorado. Este documento fue extendido por Juan Carlos Rodil, quien era decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci en ese entonces.
Rodil ha sido un personaje que ha buscado alcanzar puestos como el de magistrado de Sala de Apelaciones y también en la nueva Superintendencia de Competencia, pero no fue seleccionado.
De momento no se conocen acciones legales contra el magistrado Cornejo, quien es magistrado suplente del TSE.
Tres años después, en abril de 2024, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) usó esta información para presentar una solicitud de retiro de antejuicio contra Rojas Cetina por los delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
2- Denuncias por abuso de autoridad
Durante el proceso electoral de 2023, algunos actores políticos denunciaron ante el MP posibles casos de abuso de autoridad por parte del pleno del TSE. La exdiputada Sandra Morán fue una de las personas que planteó acusaciones formales contra los magistrados.
La denuncia de Morán se presentó por abuso de autoridad, esto por haber aplicado distintos criterios para impedir o permitir la inscripción de candidatas y candidatos a puestos de elección popular.
Durante el proceso electoral 2023, el TSE se caracterizó por bloquear varias candidaturas, como la de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, quienes eran el binomio presidencial del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), así como las de Roberto Arzú, de Podemos, y Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana.
Por el contrario, el TSE avaló la candidatura de Manuel Baldizón; posteriormente se retractaron debido a las críticas que se habían generado por la honorabilidad e idoneidad del excandidato a la presidencia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió definitivamente dejar fuera del proceso electoral a Baldizón, quien buscaba nuevamente llegar al Congreso, esta vez con el partido Cambio.
3- Allanamientos y vulneración a las cajas electorales
Desde horas de la madrugada del 12 de septiembre de 2023, personal del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) se apersonaron al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) ubicado provisionalmente en el Parque de la Industria.
La FECI, como parte de una investigación que en ese momento se mantenía en reserva, realizaba allanamientos. El procedimiento se alargó hasta el 13 de ese mismo mes y marcó varios hechos sin precedentes.
Los fiscales a cargo del proceso abrieron las cajas electorales, las cuales estaban embaladas después de ingresar los documentos que contenían los votos ciudadanos. El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, justificó la medida porque investigaban una denuncia por presunto fraude electoral en los resultados del 25 de junio de 2023; esta fue presentada por un ciudadano.
Los magistrados del TSE aseguraron que estaban colaborando con las diligencias, pero que responsabilizaban al MP de la vulneración a las cajas e insumos electorales que secuestraron y revisaron.
Analistas, líderes indígenas, autoridades ancestrales, integrantes de partidos políticos y abogados señalaron que con estas acciones cometidas por el MP, se pretendía dar un golpe de Estado e invalidar los votos de la población.
4- Caso TREP
El caso TREP gira en torno a presuntas irregularidades en la contratación del servicio, que se hizo con la empresa Datasys S.A. para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Su costo fue de aproximadamente Q148 millones.
La denuncia fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), tras una auditoría. El MP solicitó el retiro de inmunidad de cuatro magistrados del TSE y en noviembre de 2023 los señaló por los delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Posteriormente, con 108 votos a favor, bancadas aliadas al gobierno de Alejandro Giammattei decidieron retirar la inmunidad a los magistrados titulares del TSE, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco. Esto ocurrió el 30 de diciembre de 2023.
Estas acciones fueron señaladas por la sociedad civil y organismos internacionales como una manera de revertir el triunfo del binomio presidencial del Movimiento Semilla y mantener la narrativa de un fraude electoral.
En marzo de 2024, los magistrados fueron ligados a proceso únicamente por el delito de fraude, luego de que la jueza del Juzgado Duodécimo Penal, Karen Chinchilla, no encontrara elementos para ligarlos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El MP recusó a la jueza Chinchilla el 26 de marzo de 2024 y presentó una solicitud de retiro de antejuicio por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
En abril de 2024, la juzgadora cumplió con una resolución de la Sala Primera de Apelaciones, en la que se prohibió a los magistrados del TSE ejercer sus cargos y aumentó de Q100 mil a Q700 mil la caución económica a pagar.
El MP también promovió otros antejuicios por presunto incumplimiento de deberes relacionados con fallas técnicas en sistemas informáticos del TSE. Sin embargo, la CSJ rechazó algunas de esas solicitudes por falta de mérito.
A principios de 2025, los magistrados habían sido habilitados para ejercer sus cargos, pero el MP se opuso y nuevamente fueron apartados. La Sala Tercera de Apelaciones anuló la resolución emitida por el juez Erick García, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.
En ese tiempo, el magistrado Aguilera asumió temporalmente la presidencia del TSE, aunque luego esto quedó sin efecto.
En la actualidad, la magistrada Blanca Alfaro, que es la única magistrada titular que aún ostenta su cargo, se mantiene como la magistrada presidente en funciones. Los suplentes han señalado de arbitraria la decisión de que ella presida el TSE.
5- Caso “Corrupción Semilla”
Si bien en este caso los actuales magistrados no han sido señalados directamente, el MP ha realizado acusaciones por presuntas fallas y omisiones cometidas por personal del TSE, que habrían facilitado la comisión de irregularidades en la inscripción del partido político Movimiento Semilla.
Por este caso, han sido procesados trabajadores del TSE por la tramitación de documentos y expedientes administrativos relacionados con el partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia. Además, han señalado ser víctimas de intimidaciones y amenazas.
Actualmente, el exdirector de informática del TSE, Eduardo Santos Neil, permanece en prisión preventiva. Fue ligado a proceso por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y falsedad ideológica con agravación electoral, en el caso “Corrupción Semilla”.
Por este mismo, Angelita Martínez se sometió al procedimiento de aceptación de cargos y fue condenada a dos años de prisión conmutables por abuso de autoridad de forma continuada, aunque la sentencia quedó suspendida.
Una magistratura gris
A decir del analista político Renzo Rosal, la actual magistratura del TSE ha sido gris, debido a que esta ha tenido como característica ser una expresión del debilitamiento acelerado que ha tenido el órgano electoral en los últimos años.
Asimismo, Rosal sostiene que no solo la actual magistratura ha tenido un papel determinante en el debilitamiento del TSE, sino que las anteriores magistraturas también han causado una afectación en la credibilidad, autonomía y la independencia de la institución.
Héctor Solares también analiza el periodo de los magistrados actuales y asegura que su rol no estuvo enfocado en su trabajo para la defensa de la democracia, sino en los escándalos que protagonizaron desde los cuestionamientos de su idoneidad para ocupar esos cargos.
“Sí, es una magistratura gris, que quedará marcada por estar al borde de un golpe de Estado que le han denominado técnico porque fue a través de procesos penales”, dijo.
A decir de Rosal, los magistrados “fueron instalados en el TSE para ser un factor de erosión del gobierno electoral”. No obstante, menciona que en las elecciones de 2023 este grupo tomó distancia “del encargo que les habían dado”, colocándose como defensores del voto y de la democracia, lo cual aseguran no fue totalmente creíble.
“En resumen, yo diría que esta es una magistratura gris, que comenzó siendo gris oscura y que después se fue aclarando un poquito el gris”, dijo Rosal.
Además, mencionó que es la primera vez en la historia del país que una magistratura del TSE terminará sin que cuatro de sus cinco magistrados titulares puedan ejercer los cargos para los que fueron electos.
Solares plantea que la elección de los nuevos magistrados será determinante, pero persiste un panorama incierto y de riesgo de que personajes más cuestionados y señalados sean los que lleguen a los cargos.
El 17 de marzo de 2020, los actuales magistrados del TSE asumieron sus cargos. Con un total de 107 votos, los diputados ratificaron el Acuerdo 11-2020, mediante el cual se oficializó la elección.
En marzo de 2026 entregarán sus cargos ya que el Congreso de la República convocó a la conformación de la Comisión de Postulación que nominará a aspirantes a estas magistraturas.
