Hemos estado esperando este momento como el punto de partida para una nueva etapa, en donde por fin no existan los impedimentos, el miedo, las amenazas, las excusas y el entorpecimiento que permita poner a funcionar el Estado de Guatemala.

Por fin y sin retraso alguno, se logra el cambio en la dirección del Ministerio Público y consideramos que este no constituye únicamente una sustitución administrativa. El cambio representa una oportunidad que debe ser excepcional para recordar que la justicia penal en una república democrática es una herramienta de protección del orden jurídico y nunca un instrumento de persecución política ni un refugio de impunidad.

El domingo 17 de mayo tomó posesión el doctor Gabriel Estuardo García Luna para liderar el Ministerio Público y con ello, todos los ciudadanos que deseamos y trabajamos por un país en donde impere la justicia y no reine la impunidad, se inicie un período que cumpla con las expectativas planteadas, se respeten las leyes guatemaltecas y deje de operar en contravención a ellas.

Deseando toda clase de éxitos al nuevo fiscal general, le manifestamos que aquí estamos para ayudarle y también para observar con expectativa y esperanza.

Sabemos que su trayectoria previa dentro del sistema de justicia, la academia y el ejercicio especializado del derecho penal ha sido caracterizada por preparación técnica y ausencia de señalamientos graves, elementos que deberían constituir aquello que nuestra Constitución exige como reconocida honorabilidad.

Hoy será importante poner al centro y al frente la misma, acompañada de esa capacidad, para reconducir esta importante y tan desgastada institución.

Es momento de mostrar una conducción del ente investigador con un liderazgo libre de instrumentalización política, en donde las decisiones que se adopten sean independientes de presiones externas y con una conducta pública que inspire confianza, incluso en quienes discrepan.

Debemos recordar que una trayectoria limpia no debe entenderse como premio, sino como compromiso y es por esa razón que deseamos un jefe del Ministerio Público que realmente cumpla con las funciones plasmadas en ley, dejando atrás los circos y los desmanes del pasado, para comenzar a liderar esta institución con capacidad  de alto nivel,   investigando, acusando y afectando con seriedad y transparencia, la vida de las personas.

Hemos venido presenciando durante años una justicia que parece oscilar como péndulo entre extremos opuestos. Momentos de selectividad, etapas de confrontación institucional y períodos donde la persecución penal fue percibida más como arma política que como búsqueda objetiva de la verdad.

Si esto no cambia, el resultado seguirá siendo el mismo, un país erosionado en su institucionalidad, debilitado democráticamente y con absoluta pérdida de la confianza ciudadana.

Un Ministerio Público formal, sólido y fuerte, supondrá poder cumplir con el desarrollo de Guatemala, investigando cada caso con integridad y sensatez, para esclarecer la verdad y no para confirmar narrativas.

Deseamos un Ministerio Público que investigue para descubrir hechos y no para formalizar venganzas, así como una persecución penal auténtica que exija objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, respeto irrestricto al debido proceso y protección absoluta al principio de inocencia.

Todo esto exigirá también discreción y prudencia, porque los procesos penales no pueden transformarse en espectáculos mediáticos donde una persona resulte condenada antes que un tribunal se pronuncie.

Cuando exista delito, deberá perseguirse con firmeza, deduciéndose las responsabilidades a sus actores. Cuando no exista sustento suficiente, deberá reconocerse con la misma valentía. Es importante recordar, que la justicia pierde legitimidad tanto cuando persigue arbitrariamente, como cuando decide no actuar frente al crimen.

El desafío del nuevo fiscal general será enorme y radicará principalmente en reconstruir confianzas, fortalecer capacidades investigativas y demostrar con hechos que el Ministerio Público puede ser una institución técnica antes que política.

Estamos pues, frente al cierre de una etapa caracterizada por tensiones y confrontaciones permanentes entre instituciones y por ello deseamos y suponemos se abrirá una enorme oportunidad para el país.

Pero esa oportunidad no deberá confundirse con alianzas ni subordinaciones, pues deberá tenerse muy en claro que el Ministerio Público no puede ni debe convertirse en un aliado político del Ejecutivo, o de ningún otro organismo del Estado, ya que ello implicaría sustituir una forma de instrumentalización por otra igualmente peligrosa.

La independencia constitucional del ente investigador existe precisamente para protegerlo frente a influencias partidarias, intereses coyunturales o presiones provenientes del poder político. Ahora bien, independencia no significa aislamiento y mucho menos arbitrariedad.

Por lo tanto, en un Estado funcional, se exige coordinación institucional legítima, entendida como la capacidad de los órganos públicos para cooperar técnica y operativamente, compartiendo información dentro de los límites legales, permitiendo que las políticas públicas orientadas a combatir la criminalidad, la ilegalidad, la corrupción, así como la violencia, sin obstrucciones artificiales o confrontaciones innecesarias.

Esa independencia debe entenderse como una protección de la objetividad; basada en una coordinación legítima para fortalecer la eficacia del Estado.

La ciudadanía honesta desea contar con instituciones compatibles basadas en respeto a las competencias constitucionales.

Por ello, quizás uno de los mayores desafíos para el doctor García Luna y su nueva administración consista en demostrar que es posible mantener un Ministerio Público serio, autónomo y muy crítico cuando corresponda, sin convertir las relaciones interinstitucionales en escenarios que se constituyan en choques políticos, ideológicos y sectoriales.

Es momento de cambiar la página y terminar con el asedio y los ataques que impedían cumplir con el trabajo trazado, sosteniendo esa autonomía institucional.

El país necesita instituciones que funcionen; no instituciones enfrentadas por intereses ajenos a la ley.

Deseamos que el mejor legado de esta nueva administración no sean cifras de capturas o conferencias de prensa. Deseamos recibir la mejor de las herencias por parte del Ministerio Público que devuelva a los ciudadanos esa convicción de que la justicia no tiene colores, ni apellido, ni protectores.

Este país necesita una MP que garantice a todos los guatemaltecos que quien delinca sea investigado, sin importar su cercanía al poder y que quien sea inocente no sea utilizado como pieza dentro de disputas políticas. ¡Hoy solicitamos al nuevo fiscal general que la persecución penal vuelva a ser sinónimo de verdad y no de conveniencia!