Los dados no están tirados, contrario a lo que ocurrió hace una semana. En pocos días el escenario ha sido modificado. Inicialmente la candidatura de Rony López como designado por el Congreso a la Corte de Constitucionalidad parecía no tener oposición. Sin embargo, pocos días después, los grupos interesados en la continuidad del modelo imperante, al ver crecer la postulación de un actor que no responde del todo con esa línea, llegaron a la cuenta que era preciso colocar en el tablero a un candidato orgánico (Molina Barreto) que continúe siendo su alfil en la CC. La designación de CANG y la que se espera del Ejecutivo son signos de alarma para la coalición pro-continuidad. Ante ello, perder la designación del Congreso no es opción. Habría que quemar las naves. 

Aparecen en escena tres mecanismos, ninguno de los cuales es nuevo, pero ahora repotenciados: por un lado, una operación de lobby en EE. UU. financiado por los mismos que hicieron campaña en contra de la Cicig y después para cuestionar el resultado electoral presidencial de 2023. El propósito fue evidente: desacreditar a López y levantar los bonos en favor de Molina B. Algo de ello caló en algunas esferas influyentes y por ello las declaraciones de una integrante del Congreso estadounidense que llevaron, incluso, a los mensajes de alarma del presidente Arévalo. 

Otro mecanismo ha consistido en generar una intensa campaña mediática orientada al mismo objetivo. Sin embargo, la herramienta decisiva fue la compra de voluntades. Al final de cuentas, la decisión corresponde al Pleno del Congreso y se expresa en votos. El precio del “apoyo” se encareció hasta un nivel solo al alcance de quienes en años recientes se enriquecieron con los recursos públicos. La coalición que perdió el control de la Junta Directiva se mantiene agrupada y nuevamente salió de “compras”. Este componente es esencial, pero no ajeno a las variaciones en la inclinación del voto final. Los factores en juego son dinámicos y pueden varias en cosa de minutos.

El enfrentamiento se da entre dos bloques, uno integrado por los actores responsables del vaciamiento institucional y la expansión escandalosa de la corrupción y el otro en representación de los capitales emergentes (de todo origen). Tal parece que ninguna de las coaliciones que impulsa a los candidatos de primera línea (López y Molina) tiene los votos necesarios.

Ganar tiempo ha sido la táctica utilizada durante la semana. La utilización de los recursos parlamentarios (no integración de quorum o alargamiento de las sesiones, por ejemplo) corren en contra del primer bloque, quienes no tienen opción B porque no confían en nadie más (prima en ellos el miedo y la desconfianza); por lo que necesitan impulsar, si o si, a uno considerado como propio. En cambio, el bloque emergente podría tener sustitutos, pero duda de usar su capital para invertir en una empresa esencial para inclinar la balanza, donde al menos en el mediano plazo (2026-27) el beneficiado sería el Ejecutivo, así como los partidos y candidatos que actualmente tienen mayor intención de voto favorable (ojo con quien presida la CC en el año electoral). De momento la magistrada designada por el Colegio de Abogados podría presidir en el primer año, pero ¿quién la relevará en el próximo? 

Varios son los incentivos en juego, pero el vital es hacia donde se inclinará la correlación, ¿3 a 2 o 2 a 3? Una disputa de poder que además determinará la designación del próximo fiscal general, la dinámica electoral y la trayectoria nacional de mediano plazo.