Hace unos días se anunció un nuevo subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, con la expectativa de mantenerlo hasta finalizar el año. Para financiarlo se habla de Q3 mil 480 millones provenientes de readecuaciones presupuestarias. La medida ofrece alivio inmediato. La pregunta decisiva, sin embargo, no es qué ocurrirá durante los próximos cinco meses, sino qué pasará en enero de 2027 si el petróleo continúa caro.

Esta interrogante es clave porque permite distinguir entre atender una emergencia y posponer un problema. Un subsidio reduce temporalmente el precio en la bomba, pero no abarata el petróleo, no aumenta su oferta ni reduce la dependencia de combustibles importados. Solo traslada parte de la factura desde quien consume hacia el presupuesto público. El costo no desaparece: cambia de bolsillo. Cuando un bien se encarece, hogares y empresas tienen razones para economizarlo; en este caso, reorganizar rutas, mejorar la logística y buscar alternativas. Al distorsionar esa señal, protege el consumo presente, pero retrasa ajustes indispensables si los precios altos dejan de ser pasajeros y se vuelven persistentes.

Un apoyo por galón beneficia más a quien más consume. El propietario de varios vehículos o una empresa con una gran flotilla recibe más que el hogar pobre que no posee automóvil ni motocicleta. Que el diésel influya sobre el transporte y los alimentos, no convierte este subsidio en la forma más eficiente de proteger a quienes sufren el aumento.

Financiarlo mediante readecuaciones evita, por ahora, nueva deuda, pero no vuelve gratuito el subsidio. Los Q3 mil 480 millones que se trasladen dejarán de financiar otros destinos. Si esos recursos financiaban gastos innecesarios, el Ejecutivo debe explicar por qué los presupuestó y el Congreso por qué los aprobó. Si eran necesarios, ambos deben reconocer qué servicios, inversiones o beneficiarios serán sacrificados. La responsabilidad corresponde tanto a quien propone el subsidio como a quien lo modifica, autoriza y convierte en ley. Antes de aprobar otro fondo, convendría demostrar que alcanzará hasta diciembre bajo distintos escenarios de consumo y precios internacionales. Una regla de salida no puede consistir en fijar una fecha y esperar que el problema desaparezca.

La repetición de estos subsidios acostumbra a consumidores y sectores beneficiados a un precio artificial. Cuando termina el subsidio, el retorno al precio real se percibe como un aumento provocado por el Gobierno, aunque solo haya desaparecido la transferencia. Las protestas presionan entonces por otra prórroga y lo temporal comienza a convertirse en permanente. Así, un choque externo como este termina convirtiéndose en un gasto recurrente y políticamente difícil de desmontar.

Si en enero de 2027 el petróleo sigue caro, solo habrá tres caminos: retirar el subsidio y enfrentar el ajuste postergado; prolongarlo sacrificando más presupuesto; o recurrir a malabarismos financieros que, inevitablemente, alguien termina pagando. Ninguno será más fácil dentro de cinco meses. Probablemente será más difícil, porque se habrá gastado el dinero y creado la expectativa de que el Estado debe impedir cualquier aumento.

Si se considera indispensable intervenir, debería hacerse mediante apoyos focalizados, costos explícitos y reglas de salida creíbles, aunque su diseño y puesta en práctica tampoco estén libre de errores y abusos. La política responsable no consiste en fingir que el precio internacional puede abolirse por decreto. El subsidio general puede comprar cinco meses. Lo que no puede comprar es una solución para enero.