En una reunión entre guatemaltecos en el exilio, la conversación puede cambiar de rumbo con sorprendente facilidad. Comenzamos hablando de órdenes de captura, procesos de criminalización, personas que no pueden regresar, familias separadas y caminos para buscar un retorno seguro. Pero basta una diferencia para que aparezcan otras preguntas: quién debería hablar, quién representa realmente a los exiliados, quién tiene suficiente trayectoria para ocupar determinados espacios o si algunos de los que tuvimos que salir tenemos las credenciales necesarias para hablar de derechos humanos. En algún momento incluso he escuchado discutir quién realmente “merecía” salir del país.

Es extraño. Personas que tuvimos que abandonar Guatemala porque alguien decidió que nuestra voz, nuestro trabajo o nuestra presencia resultaban incómodos podemos terminar discutiendo, ya en el exilio, qué voces deberían escucharse y cuáles deberían hacerse a un lado. Después de cinco años fuera he aprendido muchas cosas que jamás habría querido aprender, pero también algo sobre nosotros mismos: la persecución puede unirnos, pero el exilio no elimina nuestras diferencias, nuestros prejuicios y, por supuesto, tampoco nuestros egos.

Yo no llegué al exilio como defensor de derechos humanos. Llegué como fiscal perseguido. Durante 18 años trabajé en el Ministerio Público y mi manera de entender el servicio público fue bastante sencilla: investigar los casos que correspondía investigar, independientemente de quién apareciera involucrado. Nunca pensé que necesitaba ponerle una etiqueta a eso y mucho menos que algún día tendría que explicar si ese trabajo me daba suficientes credenciales para hablar de derechos humanos.

Tengo un enorme respeto por quienes llevan décadas en esa lucha. Muchas personas defendieron derechos humanos en Guatemala cuando hacerlo podía costarles la vida. El país les debe muchísimo. Pero reconocer una trayectoria es una cosa y convertirla en un título de propiedad es otra. Haber llegado primero no convierte a nadie en dueño de los derechos humanos ni le concede la facultad de extender certificados de legitimidad a quienes llegaron después.

Porque entonces habría que preguntarnos qué hacían fiscales y jueces cuando investigaban desapariciones, ejecuciones, corrupción, redes criminales o estructuras que capturaron al Estado. ¿Defender la independencia judicial no tiene relación con los derechos humanos? ¿Combatir la impunidad tampoco? ¿Investigar abusos de poder o procurar acceso a la justicia son asuntos ajenos a ellos? Quizá algunos nunca nos llamamos defensores de derechos humanos porque creíamos que cumplir con nuestro deber era suficiente.

Hay una paradoja difícil de ignorar. Durante años se reclamó que Guatemala tuviera fiscales y jueces independientes, capaces de investigar al poder sin pedir permiso. Algunos lo hicieron y terminaron criminalizados, amenazados, encarcelados o en el exilio. Resultaría extraño que ahora, después de haber pagado ese costo, tuvieran que superar una segunda prueba ante otros perseguidos para demostrar que su historia merece solidaridad.

Tampoco sabía que para huir de una persecución hubiera que llenar previamente un formulario de elegibilidad ante otros perseguidos. El exilio no es una condecoración ni una membresía exclusiva. Cada persona conoce las amenazas que recibió, las decisiones que tuvo que tomar y aquello que dejó atrás. Por eso nadie es dueño del exilio ni de su representación. Podemos organizarnos, construir agendas comunes y representar a nuestros colectivos, pero ninguna persona u organización puede apropiarse de una experiencia tan diversa y decidir quién tiene derecho a hablar de ella.

Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Es relativamente fácil defenderla cuando quien pretende silenciarnos es nuestro adversario. La verdadera prueba aparece cuando quien habla es alguien cercano y dice algo que no nos gusta. Si entonces intentamos limitar su participación, desacreditarlo o sugerir que debería hablar menos, quizá nuestra defensa de la libertad de expresión era más condicionada de lo que pensábamos. No podemos exigir pluralismo hacia afuera mientras administramos la palabra hacia adentro.

También he escuchado que quienes utilizamos las redes sociales para denunciar lo que sucede en Guatemala solamente buscamos seguidores o protagonismo. Para quienes estamos fuera, las redes son una herramienta para seguir hablando del país, denunciar la persecución, hacer incidencia y evitar que determinados casos desaparezcan de la conversación pública. Sería curioso que después de pedir durante años que Guatemala y la comunidad internacional escuchen, cuando alguien consigue audiencia la audiencia misma se convierta en motivo para desacreditarlo. La incidencia también consiste en conseguir que alguien escuche.

Claro que existen egos. Los hay entre fiscales, jueces, periodistas, académicos, activistas y también entre defensores de derechos humanos. Yo también tengo que revisar los míos. Ningún sector adquiere inmunidad frente al ego por la nobleza de la causa que defiende. El problema comienza cuando ese ego se disfraza de autoridad moral y empezamos a decidir quién merece una silla, quién puede participar, quién tiene suficiente trayectoria o quién debería hacerse a un lado. Podemos terminar construyendo pequeñas parcelas de poder mientras denunciamos la concentración y el abuso del poder en Guatemala.

Tampoco deberíamos competir por el sufrimiento. No existe un exiliómetro que determine quién perdió más o quién tiene una historia más digna de solidaridad. La trayectoria de quien lleva décadas defendiendo derechos no disminuye la experiencia de quien perdió su carrera judicial por hacer su trabajo, tuvo que abandonar una investigación, dejó atrás a su familia o descubrió que regresar a Guatemala podía significar ir directamente a prisión.

He vivido suficiente persecución como para no querer reproducir entre nosotros algunas de las prácticas que tanto hemos denunciado. Puedo disentir profundamente de alguien y defender al mismo tiempo su derecho a expresarse. Puedo reconocer la trayectoria de otra persona sin considerar que mi experiencia vale menos. Y puedo defender mi propia historia sin necesidad de disminuir la de nadie.

No necesitamos pensar igual. Habrá diferencias políticas, personales, generacionales y estratégicas, algunas profundas, y podemos discutirlas con toda la fuerza necesaria. La unidad no consiste en guardar silencio para evitar incomodidades, sino en comprender que una diferencia no convierte al otro en enemigo y que no necesitamos destruir su legitimidad para defender nuestra posición.

La persecución ya consiguió demasiado: familias separadas, personas privadas de libertad, carreras destruidas, proyectos interrumpidos y muchos guatemaltecos obligados a comenzar nuevamente lejos de su país. Sería absurdo ayudar a completar ese trabajo dividiéndonos nosotros mismos entre exiliados de primera y segunda categoría, defensores legítimos y recién llegados, voces autorizadas y voces incómodas.

Quizá una de las lecciones más difíciles del exilio sea aprender que no necesitamos competir por la palabra, por el reconocimiento ni por el dolor. No necesitamos dueños del exilio, de los derechos humanos ni de la representación. Necesitamos espacios suficientemente amplios para que convivan muchas voces, incluso aquellas que algunas veces nos incomodan.

Quienes provocaron nuestro exilio ya consiguieron separarnos de nuestras familias, nuestros trabajos y nuestro país. No les regalemos además la satisfacción de conseguir que terminemos enfrentados entre nosotros. Después de haber denunciado durante tantos años a quienes quisieron silenciarnos, sería una enorme contradicción terminar creyendo que ahora nos corresponde decidir quién puede hablar.