El «Public Ministry» sigue haciendo de las suyas en la Nueva Caracas de la Asunción. El jueves 12 de febrero se llevó a cabo la segunda vuelta para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde Astrid Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios disputaron la magistratura titular representando al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en un proceso que terminó definiéndose con Lemus como electa tras el escrutinio preliminar.

No sé usted, pero algo así me imagino los diálogos en Gerona:

—«¡Robémonos estas elecciones también!»

—«Doña Connie, pero estas no son presidenciales.»

—«¡Qué las robemos!», dije.

Porque lo de este jueves fue mucho más que una jornada electoral gremial: fue un campo minado de tensiones institucionales. El proceso de elección de magistrados de la CC —que además de titular designa suplentes y que es uno de los componentes más sensibles de nuestro entramado democrático— fue interrumpido en el terreno por actos intimidatorios del propio Ministerio Público y sus fiscales de cartón.

Mientras abogados acudían a votar, agentes del MP —dirigidos por fiscales en medio de múltiples sanciones internacionales— allanaron centros de votación, según reportes de agencias de noticias. Tío Bernie y observadores internacionales denunciaron estas acciones como intentos de interferencia que erosionan la independencia judicial. La CC, consciente de que el orden constitucional se jugaba a cara o cruz, se declaró en sesión permanente y ordenó al MP no obstaculizar las elecciones ni los conteos.

Fue una señal: no bastan las urnas si no hay garantía de respeto al voto.

​​Y es que, seamos muy honestos, no estamos ante una simple contienda gremial. No. La elección de magistrados es parte de un cohete institucional de gran tamaño que también involucra la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el nombramiento de una nueva Fiscal General, y otras designaciones que definirán si el Estado de derecho en Guatemala se robustecerá… o si simplemente se marchitará. Como toda institución…

Me resulta imposible separar esta elección del clima de desconfianza que ha acompañado a la justicia y la política en años recientes. La misma gárgola que dice llamarse fiscal general saliente —una figura tan criticada por organismos internacionales que ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea— estuvo en la papeleta como votante y observadora, haciendo que muchos pongan en duda la neutralidad del proceso. ¡Hasta se coló en la fila!

Los problemas acá fueron varios:

Las intervenciones del Ministerio Público en plena jornada;

El clima de sospecha sobre quiénes “deberían” estar o no en la CC tras años de decisiones polémicas;

Y la sensación de que, aún cuando las reglas están sobre el papel, el poder sigue actuando con apetito de control político sobre la justicia.

Así que, en esta columna, hoy renuevo mi total admiración y mi apoyo a la presidente del Colegio de Abogados, Patricia Gámez —por llevar adelante un proceso difícil— y a los magistrados electos, quienes afrontan la titánica tarea de ejercer su cargo con independencia en medio de tanta sospecha y presión.

Nos leemos…