En el debate público guatemalteco se ha vuelto casi un reflejo celebrar cualquier anuncio de obra como si, por el simple hecho de mover tierra, vaciar concreto o difundir un video vistoso en redes sociales, el país hubiera dado un paso en la dirección correcta. La idea es seductora porque convierte un problema complejo en una consigna fácil: frente al rezago acumulado en infraestructura, cualquier construcción parecería preferible a la inmovilidad. Repetida en redes sociales, conversaciones políticas y círculos de influencia, esa intuición ha terminado adquiriendo el prestigio inmerecido de una verdad autoevidente.

Sin embargo, como suele ocurrir con los problemas complejos, lo que parece obvio suele ser apenas su versión más superficial. Confundir construcción con solución equivale a suponer que toda obra agrega valor por definición, cuando en realidad una parte del atraso nacional proviene precisamente de decisiones mal priorizadas, proyectos desconectados entre sí y apuestas que consumen recursos escasos sin aliviar las restricciones realmente importantes. No toda obra corrige un problema; algunas apenas lo desplazan, lo encarecen o lo maquillan.

La gastada afirmación de que “algo es mejor que nada”, o que cualquier construcción es mejor que ninguna, puede sonar intuitiva, pero desde la perspectiva económica y de la política pública es conceptualmente errónea. La experiencia internacional muestra, una y otra vez, que las infraestructuras mal concebidas pueden empeorar los problemas en lugar de resolverlos. La pregunta relevante no es si conviene construir algo en vez de nada, sino si lo que se construye mejora de verdad el funcionamiento del sistema al que pertenece, ya se trate de transporte, energía, agua y saneamiento, logística portuaria, salud, educación o conectividad territorial; si eleva la productividad y si justifica el uso de capital público escaso. Cuando ese examen desaparece, la discusión deja de ser una reflexión seria sobre infraestructura y se convierte en puro activismo  político. Esta tendencia a priorizar lo vistoso evoca a Albert O. Hirschman, el famoso economista del desarrollo, cuando habla de la decisión de avanzar proyectos de infraestructura que no han demostrado su superioridad sobre otros posibles mediante estudios cuidadosos, pero que han capturado la imaginación de los tomadores de decisiones o que simplemente por su alta visibilidad política.

La primera cuestión es económica. La infraestructura tiene un costo de oportunidad: los recursos fiscales que se dedican a un proyecto dejan de estar disponibles para otros usos. En un país como Guatemala, donde el espacio fiscal es estrecho y la capacidad estatal es débil, ese hecho debería ser elemental. Cada hospital mal planificado, cada carretera sobredimensionada, cada edificio público innecesario, cada puerto subutilizado o sistema mal integrado compite por recursos que pudieron haberse transformado en inversiones más valiosas o, simplemente, en menos extracción de recursos de los contribuyentes por parte del Estado. Desde el punto de vista de la evaluación económica, la cuestión no es si construir o no construir, sino si el rendimiento social marginal del proyecto es positivo y superior al de los usos alternativos de esos mismos recursos. Un proyecto mal ubicado, mal secuenciado o sobredimensionado puede generar beneficios netos negativos.

La segunda cuestión es sistémica. Los proyectos de infraestructura rara vez funcionan de manera aislada; casi siempre forman parte de sistemas más amplios dentro de los cuales cumplen una función específica. Una nueva carretera depende de la capacidad de la red que la recibe; una ampliación portuaria depende de accesos terrestres, aduanas y energía; un aeropuerto depende de conexiones logísticas, urbanas y regulatorias; un sistema de agua depende de redes, mantenimiento y gobernanza; un hospital o una escuela dependen de localización, accesibilidad y servicios básicos. Cuando se construye sin lógica sistémica, sin comprender la interconexión y retroalimentación entre distintos componentes, la infraestructura puede aumentar la fricción en lugar de reducirla. En esos casos, más infraestructura no resuelve el problema: simplemente lo traslada o lo amplifica.

La tercera cuestión es institucional. En países con capacidad estatal limitada y altos niveles de captura por intereses particulares, el gasto en construcción puede convertirse en un mecanismo de extracción de rentas. Los proyectos innecesarios o sobredimensionados no solo desperdician recursos, sino que refuerzan los incentivos políticos y empresariales que producen, en primer lugar, infraestructura deficiente. El problema no es únicamente técnico; es también de economía política. Cuando la lógica dominante deja de ser resolver necesidades colectivas y pasa a ser repartir contratos, comisiones, visibilidad o favores, la infraestructura se degrada como instrumento de desarrollo y se convierte en una tecnología de reparto. Ese fenómeno es bien conocido: los llamados elefantes blancos no surgen por error inocente, sino porque responden mejor a intereses organizados que a las verdaderas necesidades del país.

La cuarta cuestión es estratégica. La infraestructura no debe decidirse por visibilidad política, sino por poder habilitante. En países con escasez de capital, rezagos múltiples y baja capacidad de ejecución, no todas las carencias tienen la misma importancia ni todas las obras producen el mismo efecto. Las inversiones verdaderamente estratégicas son aquellas que destraban otras, corrigen restricciones vinculantes y preparan el terreno para nuevas etapas de crecimiento. A veces será una vía logística; otras, una subestación eléctrica; otras, un sistema de agua y saneamiento; otras, una plataforma portuaria o una intervención urbana que permita articular mejor trabajo, vivienda y transporte. Las demás podrán ser útiles, pero no necesariamente prioritarias. Confundir necesidad con prioridad es una de las formas más costosas de improvisación pública.

Por esa razón, la verdadera pregunta no es si se debe construir o no, sino si se está construyendo lo correcto, en el lugar adecuado, con la secuencia adecuada y dentro de una estrategia coherente. Un país con las limitaciones de Guatemala no puede permitirse la improvisación disfrazada de dinamismo. La diferencia entre la infraestructura que apoya el crecimiento y la que lo socava no está en la cantidad de concreto vertido, sino en la calidad de la decisión pública que la precede.