Dentro de la narrativa oficial que justifica el aumento del salario mínimo para 2026  destaca el uso de un conjunto de indicadores “amables” —crecimiento económico, inflación baja, aumento del ingreso promedio— para concluir que estos aumentos son inocuos: no destruyen empleo y, además, elevan el bienestar. El problema no es que esos datos sean falsos; es que no prueban lo que se necesita probar. En una economía como Guatemala, el costo de encarecer el empleo formal suele aparecer donde el discurso oficial no mira: en la contratación neta, en el desempleo abierto y, sobre todo, en la participación en el mercado laboral. Son conceptos ‘poco amables’, pero imprescindibles si lo que se quiere es evaluar empleo y bienestar con seriedad.

La tasa de participación es el porcentaje de la población en edad de trabajar que integra la fuerza laboral: o bien tiene empleo o bien está buscando uno activamente. Cuando esa tasa cae, significa que personas que querían trabajar dejan de buscar porque perciben que no hay oportunidades realistas para ellas.  Esto es lo que se conoce como el “efecto desaliento”. ¿Por qué puede ocurrir tras un aumento del salario mínimo? Porque, cuando el mínimo se acerca —o supera— lo que muchas empresas pueden pagar de forma sostenible a trabajadores de baja productividad, la reacción no es “pagar más y listo”, sino ajustarse: contratar menos, elevar requisitos, recortar horas o desplazar empleo fuera de la formalidad. El resultado es un mercado más difícil para trabajadores de menor productividad, especialmente jóvenes y poco calificados. Trabajadores que no siempre migran automáticamente a la informalidad: a veces pasan primero por el desempleo abierto y luego, cuando la búsqueda se vuelve estéril, salen de la fuerza laboral y desaparecen de las estadísticas de desempleo.

Dicho eso, lo que la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua –ENEIC– sí sugiere en 2025 es un patrón compatible con ese mecanismo: a junio de este año se observa un aumento en el desempleo abierto y, simultáneamente, una caída en la tasa de participación en el mercado laboral, mientras la informalidad permanece prácticamente constante. Dicho en personas, la magnitud es políticamente relevante. Si uno toma la población del segundo trimestre de 2025 y la compara contra las tasas del cuarto trimestre de 2024, aparece un faltante del orden de 230 mil ocupados: alrededor de 38 mil desempleados adicionales y cerca de 192 mil personas que salieron del mercado laboral. Cuando se convierten tasas en “personas”, el número puede moverse porque la población en edad de trabajar crece año con año. Pero esa corrección no cambia el punto: en un semestre explica, a lo sumo, decenas de miles de personas; no borra un faltante del orden de cientos de miles. Además, el crecimiento poblacional se concentra en edades donde normalmente se trabaja más; si aun así cae la participación y sube el desempleo abierto, no es un truco del denominador: es que el mercado laboral se está poniendo más duro para quienes buscan entrar o reinsertarse. Conviene hacer una aclaración simple: Estas cifras no pretenden ser un veredicto definitivo, sino una señal de alerta sobre dónde mirar.

Los anteriores números obligan a pensar en lo que no se ve a simple vista: lo que habría ocurrido de no encarecerse, por decreto, la contratación formal. Es decir, nuevas contrataciones que no ocurrieron; puestos que no se abrieron; jóvenes que no consiguieron su primer empleo; trabajadores de baja productividad que quedaron fuera no por falta de voluntad, sino porque la ley obliga a pagarles por encima de lo que pueden aportar en ese momento. Mientras esto no se demuestre, la afirmación de “inocuidad” debe tomarse con cautela. El análisis contrafactual no es un lujo académico; es la única forma honesta de medir impacto. Si no se compara contra lo que habría pasado sin la medida, cualquier mejora observada puede adjudicarse al aumento del mínimo aunque provenga de otro lado.

Precisamente eso puede estar ocurriendo en 2025: la economía tuvo ‘vientos de cola’ que empujaron la demanda agregada y, con ella, la demanda de trabajo: una caída importante en los precios de los combustibles —insumo transversal en transporte y producción— y un aumento de remesas por encima de lo esperado, ingresos extraordinarios que alimentan consumo y empujan comercio, construcción y servicios. En ese contexto, es perfectamente posible que el empleo formal crezca aun en presencia de un aumento del mínimo. Lo que se ve —crecimiento del empleo formal— puede convivir con lo que no se ve: una trayectoria de creación de empleo que habría sido mejor sin encarecer la contratación. El contrafactual cambia el juicio: no se pregunta cuánto creció el empleo, sino cuánto empleo se dejó de generar por encarecer la contratación de quienes están cerca del umbral de productividad.

Es cierto que el número de afiliados al IGSS aumenta entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Pero ese hecho, por sí solo, no refuta el diagnóstico anterior; únicamente confirma que no hubo un colapso inmediato del empleo formal. Por eso, antes de cantar victoria con indicadores amables, hay que mirar los márgenes que realmente importan: creación de empleo neto total, participación, desempleo, transiciones formal–informal y desempeño en los sectores donde el mínimo funciona como una barrera real de entrada. Hace falta demostrar que esos 230 mil “faltantes” no estén asociados a un deterioro del mercado laboral inducido, al menos en parte, por el aumento salarial.

Una advertencia final sobre el instrumento de medición. La ENEIC es relativamente nueva y aún no hay un historial largo para separar con plena claridad cambios estructurales de estacionalidad. Por eso, cualquier conclusión —la que aquí se sugiere o la que se desprende del comunicado oficial— debe leerse con cautela. Sin embargo, esa misma cautela es lo que vuelve valiosas estas mediciones: obligan a mayor disciplina analítica y vuelven el debate verificable. Sin continuidad estadística, el país termina discutiendo políticas que afectan a millones con base en intuiciones o en lecturas ideológicas difíciles de verificar. De ahí la preocupación: si no se asegura financiamiento para dar continuidad a la ENEIC, el país pierde una herramienta esencial para evaluar políticas y corregir a tiempo.