Ser parte del ámbito público, con el tiempo, se ha convertido en un botín, de esa manera se nos presenta a una vulnerabilidad generalizada. La arraigada cultura de corrupción, peculado e impunidad que carcome el sistema parece tener la capacidad de pervertir incluso a aquellos con las mejores intenciones para el servicio público. Esto se hace palpable al constatar la recurrencia de las mismas acciones por parte de los políticos que detentan el poder, año tras año.

Según la Real Academia Española en su versión digital define la Ética como: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Así mismo indica que la Probidad se define como; honradez, integridad, rectitud, decencia o moralidad. Características que pocas veces reflejadas en funcionarios públicos.

Es crucial ir más allá de las propuestas y los discursos elocuentes, para enfocarse en la verdadera esencia de los políticos. La trayectoria de sus acciones a lo largo de su vida es un indicador importante de cómo manejarán el poder que se les confíe, resulta indispensable que posean valores sólidos antes de asumir un cargo con la capacidad de influir en la vida de las personas, ya sea para bien o para mal.

Un punto crucial a abordar es la ética política, ya que es parte medular del engranaje social y político. Esta rama de la filosofía se encarga de estudiar el comportamiento de los funcionarios públicos en el ejercicio de su profesión, sus principios básicos deben ser un bastión en las acciones que realicen. Entre ellos encontramos la receptividad, la cual indica que todos los funcionarios públicos deben estar abiertos a cualquier sugerencia o queja relacionada con su trabajo, este principio para algunos funcionarios resulta incómodo, ya que al tener el poder se consideran superiores.

Otro de los principios de la ética política es la transparencia, que exige a los funcionarios públicos realizar todas sus acciones con la máxima apertura y rendición de cuentas. Finalmente, el principio de dignidad es crucial, ya que demanda que los servidores públicos perciban a la población como verdaderos compañeros en el transcurso de su labor, en lugar de utilizarlos como un simple medio para sus propios fines.

Considerando lo anterior, resulta crucial destacar un principio universal: el funcionario público tiene la obligación de equilibrar sus intereses personales con los de la ciudadanía. Solo así sus acciones podrán generar un impacto significativo y contribuir genuinamente al bienestar colectivo. Adicionalmente, el principio de servicialidad es un pilar que no debe quedar desapercibido, ya que define el propósito esencial de un servidor público como el de servir y estar siempre el pueblo que lo eligió.

A la luz de lo mencionado, es crucial que los políticos y todos aquellos inmersos en el ámbito público prioricen el servicio, ocupar un cargo no debería ser una meta impulsada únicamente por el deseo de poder. Por el contrario, la principal motivación, debe ser la de generar soluciones para las necesidades colectivas, impulsando así un desarrollo social integral. Ahora bien, la pregunta final querido lector es: ¿En la actualidad habrá algún funcionario público que emplee estos principios?