Cuatro procesos de elección se llevarán a cabo en el trascurso de 2026: Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Contralor General de Cuentas. Cada uno de ellos con factores de especial importancia, pero a la vez, amarrados entre sí para consolidar la cooptación de instituciones relevantes (cruzada permanente de varios sectores antidemocráticos) que buscan, así, consolidar sus redes criminales y seguir haciendo de las suyas, como lo han estado haciendo durante los últimos años.

De los cuatro procesos en juego, dos corresponden a órganos colegiados, y dos a cargos unipersonales. Pero varios factores los caracterizan en conjunto. Todas las arenas en juego son dominios reservados, esto es, actores formales, instituciones reconocidas formalmente, pero que más allá de sus competencias trazadas en el papel, orientan sus acciones para limitar la acción de otras instituciones; siendo a la vez, instancias que desde lo público asumen poderes “extraordinarios” que ponen en cuestión el sistema de frenos y contrapesos del Estado. Quizás el caso que actualmente no representa estos rasgos es el TSE, pero de la elección de la próxima cohorte de magistrados depende que se pierda, en su totalidad, la independencia que los órganos electorales deberían tener.

Pero, adicionalmente a lo que está en juego en cada uno de los procesos, dos aspectos son determinantes, y donde debe enfocarse la máxima preocupación ciudadana: 1) El propósito de los actores criminales coaligados de ir por todo, con lo cual el desenfreno adquiriría mayor velocidad, profundidad y alcance. Si hoy estamos en trapos de cucaracha por la cacería de brujas, las insensateces y la mediocridad que priva en las cuatro instancias, el escenario pinta a empeoramiento. Los intereses de los actores que hoy tienen control de, al menos, tres de ellas han ido en aumento; más cuando ciertas luchas previas las han perdido, como la elección de la JD y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. 2) Los cuatro procesos en juego son el preámbulo de las elecciones generales de 2027, e incluso su importancia podría ser mayor, ya que garantizarán la continuidad del régimen; indistintamente de quién gane la elección presidencial. Un presidente, más del signo populista que podría erigirse, tendría un escenario de convivencia orgánica con un aparataje de control del sistema de controles, especialmente de la justicia.

Es preocupante que los procesos del 2026 no sean preocupación sustantiva, tanto de la sociedad civil, como de los medios de comunicación. La débil atención puede obedecer a diversos factores, como lo difícil de llevar el hilo de cuatro tableros que están en plena efervescencia; pero lo significativo está en identificar y ponerle luz a los factores en común: qué jugadas se han trazado o se están diseñando para aplicar como juego de dominó en el conjunto de la ecuación.  Ver cada ventana es menos importante que visualizar todas las pantallas, al mismo tiempo. De allí la importancia de monitorear lo que se juega en los órganos nominadores de los magistrados de la CC sea esencial, como también lo es el papel que jugará la actual FG, quien querrá mantenerse en la cancha.

Observar la parte final de estos procesos (los aspectos formales) es lo menos importante; ello serviría solo para atestiguar la definición de la serie de pactos que se han cocinado con antelación. Los cuatro procesos que culminarán el próximo año, son más importantes que el tradicional protagonismo de las elecciones generales. En los primeros se juegan los aspectos vitales (el hardware), en el segundo solo están en juego algunos instrumentos.