Existen maneras bastante elegantes de ocultar información sin borrarla. Dejarla exactamente donde está, pero hacer más difícil encontrarla.

Ese podría ser el oscuro secreto detrás de la reciente polémica de Guatecompras. No porque exista evidencia suficiente para afirmar que el Ministerio de Finanzas haya decidido esconder deliberadamente las compras del Estado —decirlo sería irresponsable de mi parte, estimado lector—, sino porque durante las últimas semanas se ha hecho evidente algo mucho más interesante: la transparencia no consiste únicamente en que un documento exista. También importa qué tan fácil es llegar a él.

Desde el 21 de julio, el Ministerio de Finanzas modificó la función “Buscar un proveedor” de Guatecompras. Antes, la herramienta estaba conectada con información del Registro Tributario Unificado y permitía realizar consultas dentro de un universo de aproximadamente nueve millones de registros. Ahora los resultados se concentran en personas y empresas vinculadas directamente con las contrataciones públicas. Según Finanzas, antes se producían unas 600 mil búsquedas mensuales, algunas ajenas a las adquisiciones estatales, lo que provocaba problemas de rendimiento.

Yo he hecho más de 20 mil consultas, puedo apostarlo.

La explicación oficial no es absurda.

Guatecompras no debería funcionar como el directorio telefónico nacional. El viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado explicó ante el Congreso que ciudadanos que jamás habían vendido al Estado, pidieron que sus datos dejaran de aparecer. Admitió que las quejas no son tantas, pero existían. Finanzas también señaló que otras instituciones, incluidos bancos, utilizaban las consultas para propósitos distintos a la fiscalización de compras públicas.

Hay, además, un argumento legal razonable. El artículo 4 Bis de la Ley de Contrataciones define Guatecompras como un sistema para la transparencia y eficiencia de las adquisiciones públicas. Finanzas sostiene que una búsqueda general de cualquier contribuyente excedía esa finalidad y que la información obligatoria de las contrataciones continúa siendo pública, gratuita e irrestricta.

Hasta allí, Finanzas tiene un punto.

El problema comienza después.

Porque una investigación sobre corrupción rara vez empieza escribiendo en Google —o en Guatecompras—: “muéstreme, por favor, el contrato corrupto que estoy buscando”.

La fiscalización funciona precisamente al revés. Se comienza con un nombre, una empresa, un representante legal, una dirección, un contador, un socio o alguna coincidencia extraña. Luego se cruzan datos. De una persona se llega a una sociedad; de una sociedad, a otra; y de ahí quizá a un contrato público.

Eso es justamente lo que nos preocupa a periodistas y organizaciones de transparencia. Antes, buscar un nombre, NIT o CUI era el comienzo de una investigación. Ahora, si la persona no aparece previamente dentro del universo que el sistema considera relacionado con contrataciones estatales, ese punto de partida puede desaparecer. Finanzas responde que los representantes legales, oferentes y documentos siguen disponibles mediante expedientes electrónicos y conjuntos de datos abiertos. Es cierto. Pero encontrar una respuesta cuando uno ya conoce el NOG de una contratación es muy diferente a descubrir una relación que uno todavía ignora que existe.

Ese detalle importa.

La polémica se volvió todavía más complicada porque el cambio del buscador no fue el único problema detectado durante agosto. eP Investiga documentó que la Universidad de San Carlos desapareció temporalmente del filtro correspondiente a entidades descentralizadas y autónomas y que las búsquedas por texto llegaron a limitarse a un solo ejercicio fiscal. Finanzas posteriormente restituyó a la Usac y eliminó el límite anual. Explicó que lo primero ocurrió durante una reclasificación técnica solicitada para crear nuevas unidades de compra y que lo segundo fue una medida temporal ante problemas de rendimiento.

Que hayan corregido ambas cosas es positivo.

Pero también revela algo que el Gobierno debería tomarse bastante más en serio. Cambiar silenciosamente las herramientas con las que el ciudadano fiscaliza al Estado nunca es una buena idea, incluso cuando exista una explicación técnica perfectamente legítima.

Todavía es prematuro asegurar que existe una limitación grave y el efecto deberá comprobarse con casos concretos.

Pero cambió algo.

Cambió la puerta.

Y cuando se trata del dinero público, mover una puerta importa.

Finanzas hizo bien en explicar posteriormente los cambios, reunirse con periodistas y mostrar las rutas alternativas de consulta. Si 600 mil consultas mensuales estaban afectando técnicamente al sistema, había que solucionarlo. Si datos de ciudadanos ajenos a las contrataciones estaban siendo utilizados para finalidades impropias, había que revisarlo. Si los servidores necesitaban optimización, había que optimizarlos.

Lo que no debería sacrificarse en el proceso es algo que Guatecompras tardó años en construir. La posibilidad de que cualquier persona suficientemente curiosa pueda seguir el dinero.