Amenazar de muerte al director de un medio de comunicación es una línea que ninguna disputa política puede cruzar. Si Rodrigo Arenas y periodistas de República están siendo amenazados por sus investigaciones, el Estado tiene la obligación de protegerlos y de establecer quién está detrás. En un país donde periodistas han sido perseguidos, criminalizados y obligados al exilio, minimizar una denuncia de sicariato sería irresponsable. Pero precisamente porque la acusación es gravísima, también exige pruebas igualmente contundentes. República ha señalado a Roberto Arzú, Luis Contreras, Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como vinculados, en distintos grados, con un supuesto plan para asesinar a Arenas. Ellos lo niegan y el caso permanece bajo investigación. Hasta ahora, ninguna autoridad ha establecido públicamente su responsabilidad.

Lo ocurrido merece atención por otra razón. Rodrigo Arenas no entra por primera vez en la política guatemalteca. En 2015 desempeñó un papel clave como enlace entre Jimmy Morales y un grupo de poderosos empresarios que decidió financiar el pago de fiscales electorales de FCN-Nación. La CICIG documentó Q7.1 millones desembolsados mediante un mecanismo que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral y señaló a Arenas como uno de sus coordinadores. Fue ligado a proceso por financiamiento electoral ilícito; varios empresarios involucrados terminaron reconociendo los aportes no transparentes y pidiendo disculpas públicas. El caso contra Arenas fue posteriormente cerrado después de que el Congreso reformara el delito por el que había sido procesado.

Aquella historia resulta pertinente porque muestra cómo funcionaba buena parte del poder político tradicional. Los grandes capitales no necesitaban necesariamente presentar candidatos propios: podían financiar campañas, facilitar estructuras y adquirir después acceso al gobernante. La CICIG advirtió hace más de una década que el financiamiento político guatemalteco se alimentaba tanto de intereses económicos como de redes de corrupción y crimen organizado, convirtiendo el dinero electoral en una puerta de entrada a decisiones públicas, negocios e impunidad.

Pero ese equilibrio cambió. Contratistas del Estado, capitales emergentes y estructuras vinculadas a economías ilícitas disponen hoy de recursos suficientes para impulsar sus propios proyectos territoriales y políticos. Analistas han advertido que las élites empresariales tradicionales ya no ocupan la posición dominante que tuvieron durante décadas frente a otros capitales que crecieron alrededor del saqueo del Estado y del crimen organizado. Si la chequera empresarial ya no basta para seleccionar quién entra a la competencia, conviene observar hacia dónde se trasladan ahora los mecanismos de influencia.

Arenas aparece nuevamente en ese territorio. Es parte de Generations of Life and Liberty, organización que contrató por US$420 mil anuales a una firma de cabildeo en Washington. Los documentos registrados bajo FARA establecen como objetivos trabajar con organismos federales, legisladores y otros actores estadounidenses y facilitar contactos con candidatos en apoyo de “partidos políticos y causas conservadoras guatemaltecas”. Arenas confirmó su participación y dijo que financia personalmente la parte que le corresponde.

Hace apenas cinco meses, investigaciones periodísticas situaron ese mismo lobby en la disputa por la elección de la Corte de Constitucionalidad y reportaron gestiones para debilitar la candidatura de Rony López y favorecer la continuidad de Roberto Molina Barreto. República, por su parte, presentó como maniobras del oficialismo los intentos por frenar la reelección de Molina Barreto y celebró el que haya sido electo con cien votos. Pero Molina llegaba a aquella elección con un largo historial de resoluciones cuestionadas por beneficiar a personas vinculadas con corrupción, pandillas y crimen organizado.

Ahora, irónicamente desde República, se levanta la bandera de la lucha contra la “narcopolítica”. La Embajada de Estados Unidos reaccionó inmediatamente a la denuncia de Arenas y advirtió que tendrá “cero tolerancia” con narcotraficantes y quienes les den cobertura política de cara a 2027. CACIF, Fundesa y otras organizaciones empresariales también cerraron filas en defensa de Arenas y de la libertad de prensa. Defender la libertad de expresión y la integridad de quiénes trabajan en los medios de comunicación, es indispensable. Sin embargo, convertir una denuncia todavía no probada en una certificación política sobre quién es o no narcotraficante sería otra cosa.

Esto no significa poner las manos al fuego por los políticos señalados. Guatemala tiene un problema real y profundo de penetración del narcotráfico en municipios, partidos, campañas e instituciones. Precisamente por eso sus patrimonios, financistas y relaciones deben investigarse con rigor. Pero “narcopolítico” no puede convertirse en una etiqueta que un medio, un grupo empresarial, un lobby en Washington o una embajada coloque sobre un adversario y que termine funcionando como sentencia electoral antes de que aparezcan las pruebas.

Tampoco existen elementos para afirmar que el sector empresarial tradicional haya diseñado un plan para excluir candidaturas incómodas. Sí existen suficientes antecedentes para observar que la batalla por 2027 ya no se libra solamente con dinero y votos. Se libra también con medios, reputaciones, contactos internacionales, acceso a Washington y capacidad para colocar determinados relatos en el centro de la agenda política.

La lucha contra el narcotráfico no puede convertirse en un mecanismo para escoger desde fuera de las urnas quién merece aparecer en ellas. Que se investigue a cada político sospechoso, que se siga el dinero y que quien tenga vínculos con estructuras criminales responda ante la ley. Y que se investiguen con la misma seriedad las amenazas contra Rodrigo Arenas y su equipo. Pero mientras no existan pruebas, una acusación no puede convertirse en sentencia política ni el acceso privilegiado a Washington en un tribunal electoral. El narcotráfico y los recursos privados no deben decidir quién gobierna Guatemala.  Que se hagan las investigaciones y no se utilicen narrativas interesadas para excluir a cualquier candidato que no guste a las élites o a la gobernanza mafiosa.