La imagen de Luiz Inácio Lula da Silva inaugurando la COP30 en Belém, Brasil, hablando de transición energética y protección de la Amazonía, pareció abrir un resquicio de esperanza en medio del colapso planetario. Las palabras sonaron fuertes, éticas, casi pedagógicas: “acelerar la transición energética y proteger la naturaleza son las formas más eficaces de contener el calentamiento global”. La narrativa iba dirigida al mundo entero, pero especialmente al Sur Global: somos parte de la solución, tenemos la selva, la biodiversidad, el pulmón del planeta y la historia viva de resistencias comunitarias.

Sin embargo, la distancia entre esa retórica y las estructuras materiales del modelo económico brasileño sigue siendo profunda. Este desfase, que no es solo brasileño, sino global, impone una pregunta política central: ¿puede Brasil liderar una transición climática real sin romper con el modelo de acumulación extractiva que sostiene su economía? O dicho en términos más directos: ¿puede haber transición energética sin transformación civilizatoria?

La respuesta, hoy, todavía no.

Una cumbre cargada de simbolismo y de advertencias

Belém no es solo un lugar. Es un mensaje.

Una COP en la Amazonía lleva la discusión al punto exacto donde se juega el futuro del planeta. Pero también expone la contradicción que recorre al proceso climático multilateral desde hace tres décadas: un sistema internacional que reconoce la urgencia del colapso pero que no logra actuar con la velocidad necesaria.

António Guterres fue explícito en su intervención, sin eufemismos diplomáticos: “Perder la meta de 1.5°C sería un fracaso moral histórico.” La carga ética es clara: no es un problema técnico, es un problema de responsabilidad histórica y también de poder.

Aunque Brasil ha actualizado su Contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) para reducir entre un 59% y 67% las emisiones en comparación con 2005 para 2035, diversos análisis señalan que esta meta no es suficiente para mantener el planeta bajo el umbral de +1.5°C. Mucho menos cuando los países más emisores de gases con efecto invernadero no han sometido nada ambicioso para la COP30. En Brasil, como en otros países de Latinoamérica, la brecha entre el compromiso y la capacidad real de implementación sigue siendo enorme – más aún sin financiamiento adecuado o transferencia tecnológica suficiente. Hay que tomar en cuenta que toda nueva NDC, incluyendo la de Guatemala – que lleva propuestas climáticas a la COP30 “afinadas” con el CACIF – “deben acelerar la transición energética y la restauración de los ecosistemas”.

El corazón de la contradicción brasileña

Lula llega a la COP30 ofreciendo liderazgo climático global. Pero al mismo tiempo Brasil sigue promoviendo la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas a pesar de la oposición indígena; la deforestación se ha reducido en la Amazonía, pero aumenta en el Cerrado, la sabana agrícola que sostiene el agronegocio; y la transición energética está comprometida con una matriz que continúa dependiendo de hidrocarburos y de megaproyectos hidroeléctricos en territorios indígenas. Esta contradicción no es personal. No es “Lula sí / Lula no”. Es estructural.

Brasil como Guatemala, México, Chile, Bolivia, Venezuela o Colombia, forma parte de un patrón de desarrollo que sigue basado en la extracción ampliada de bienes naturales, la mercantilización de territorios y la subordinación del Estado a los mercados globales de materias primas.

Hablar de “transición energética” sin cuestionar ese patrón es hablar de transición sin ruptura. Es decir: una transición imposible.

La falsa promesa verde y la continuidad del despojo

Esto lo hemos visto una y otra vez en América Latina. Planes climáticos que hablan de resiliencia, adaptación y protección – todo el discurso de las organizaciones internacionales – pero que no tocan la estructura de la acumulación. Políticas que usan el lenguaje indígena y de la Madre Tierra, pero solo como ornamento narrativo.

Lo escribimos antes, pensando en Guatemala, pero vale para Brasil: El discurso ambiental oficial es funcional al modelo de despojo. Promueve la “economía verde” sin cuestionar la lógica de acumulación.

Las iniciativas de reforestación empresarial, de mercados de carbono, de bonos verdes y mercados climáticos terminan reduciendo los territorios y ecosistemas a unidades de contabilidad atmosférica. La selva deja de ser bosque vivido, los ríos dejan de ser las venas del planeta, y todo se convierte en activos ambientales transables.

La Coalición Mundial por los Bosques lo ha dicho con claridad: No se trata simplemente de salvar bosques, sino de salvar relaciones entre pueblos, territorios y ecosistemas. Y el Manifiesto de la Cumbre de los Pueblos, que incluye a organizaciones globales como La Vía Campesina, reafirma lo mismo desde otro lenguaje: sin soberanía alimentaria y sin reforma agraria, no hay transición ecológica posible.

¿Fondos para salvar la selva o nuevos mecanismos de dependencia y subalternidad?

Ya al inicio de la COP30 ha sido propuesto un Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), pensado como mecanismo financiero global para “remunerar a los países por la preservación de los bosques tropicales, reservando el 20 % para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales”. Ya se han anunciado más de USD 5,5 mil millones para el TFFF, con 53 países que han ratificado su Declaración de Lanzamiento. Al mismo tiempo, sin embargo, Brasil sigue impulsando los mercados de crédito de carbono como instrumento “multilateral” en la cumbre climática.

Varios expertos también están proponiendo impuestos a la riqueza y a los combustibles fósiles para financiar la transición en países del Sur Global. Según algunos reportes, “frenar el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra era, y requiere medidas urgentes, ambiciosas y estructurales. Una de las propuestas más relevantes en este debate es la implementación de un impuesto a los multimillonarios, una herramienta económica que no solo busca redistribuir la riqueza, sino también financiar la transición hacia un modelo sostenible.”

Estas propuestas parecen avanzar en la dirección correcta. Pero las preguntas críticas son: ¿Quién administra esos fondos? ¿Los pueblos que habitan los territorios? ¿O las instituciones financieras internacionales? Si la gestión recae en el Banco Mundial, el BID, o en alianzas público-privadas, estamos nuevamente ante una ecología sin democracia y sin naturaleza, un colonialismo verde. Para que estos fondos no reproduzcan dependencia y subalternidad, deben estar descentralizados, democratizados y controlados territorialmente por pueblos indígenas, comunidades campesinas y gobiernos locales.

Sin eso, son solo nuevos cercamientos verdes.

La ruptura metabólica como clave interpretativa

Marx habló de la ruptura metabólica para describir cómo el capitalismo separa lo humano de lo natural, desintegrando las condiciones mismas de la reproducción de la vida. Hoy esa ruptura se manifiesta, entre otros fenómenos, como deforestación + expansión agroindustrial, megaminería + contaminación hídrica, dependencia fósil + colapso climático. Y lo decisivo es que no se trata solo de un problema ecológico, sino de organización social del mundo y del poder.

Para recomponer ese metabolismo roto, se requiere:

• Reforma agraria agroecológica (no una expropiación general de todo tierra-habiente, sino de quienes han colonizado, acaparado y usurpado tierras comunitarias o públicas de modo ilegítimo; quienes pueden demostrar legitimidad, hasta ciertos límites, tienen que ser respetados/as)
• Protección territorial indígena con autonomía integral
• Transición energética social y comunitariamente controlada
• Decrecimiento dirigido de sectores fósiles y extractivos
• Recomunalización del manejo de bienes comunes

Nada de eso puede hacerse desde las élites extractivas y los grupos familiares-empresariales cuyas cuentas financieras se registran en paraísos fiscales. Nada de eso cabe en el capitalismo verde. Nada de eso puede surgir sin articulación democrática desde abajo.

Entonces, ¿qué significa una transición climática justa para Brasil y América Latina?

Significa al menos cuatro rupturas:

Nada de esto llega solo desde el Estado. Pero tampoco se puede hacer sin transformar o incluso refundar al Estado.

Y para ello se necesita una articulación democrática entre movimientos sociales, gobiernos locales y regionales, sindicatos del sector energético comprometidos con la transición ecológica, universidades libres de corrupción, cooptación o control empresarial, organizaciones indígenas y comunitarias, así como pequeños productores y cooperativas. Eso solo para empezar. Pero eso es lo que aún no existe en escala suficiente.

Belém como advertencia y llamada

COP30 puede ser recordada como el espacio donde el mundo escuchó la verdad de la emergencia climática, como lo dijo Lula, o como el lugar donde volvimos a fracasar moralmente, como advirtió Guterres. La diferencia dependerá de si el Sur Global y especialmente Brasil es capaz de romper con la economía de la extracción y del sacrificio.

Porque no habrá transición energética sin justicia social. No habrá justicia social sin descolonización ecológica. Y no habrá descolonización ecológica sin poder territorial desde abajo.

La pregunta no es si Lula quiere o no quiere salvar la Amazonía. La pregunta es si la sociedad brasileña y latinoamericana podrá construir la fuerza histórica y el poder constituyente para hacerlo. Y esa tarea nos incluye a todos. Aquí, ahora.