La ironía es casi de manual: el foro de CAF en Ciudad de Panamá (28–29 de enero) predicó, con tono unánime, que sin certeza jurídica —contratos estables, reglas predecibles y arbitraje creíble— no hay inversión de largo plazo ni megaobras posibles. Veinticuatro horas después, la Corte Suprema panameña tumbó la base constitucional de la concesión que sostenía la operación de Balboa y Cristóbal en el Canal. El gobierno asegura continuidad operativa y transición, sí; pero el mensaje estructural hacia el capital es otro: en América Latina un contrato puede “parecer” sólido durante décadas y, de pronto, dejar de serlo. Este fallo anula la base legal de una inversión extranjera de gran escala, genera incertidumbre inmediata sobre la operación, la transición del operador y los litigios potenciales, al mismo tiempo que reactiva percepciones de riesgo político en un sector donde la estabilidad contractual es la principal fuente de confianza. Desde una perspectiva moderada y técnica, esta secuencia ilustra con crudeza la brecha persistente entre el discurso aspiracional de integración y gobernanza y la realidad institucional latinoamericana: donde se exige certeza jurídica como prerrequisito, la práctica judicial, aun legítima y constitucional, puede producir totalmente lo contrario, reforzando así el escepticismo de los inversionistas sobre la región.

El gran consenso en torno a la región es claro: América Latina tiene una necesidad imperiosa de atraer inversión extranjera directa como motor para elevar productividad, diversificar economías y generar empleo de calidad en un contexto global fragmentado. La región posee amplios recursos naturales, ventajosa posición geográfica y potencial energético que solo se convertirán en oportunidades reales mediante cuantiosos flujos de capital productivo que incorporen tecnología y valor agregado. Sin embargo, la atracción sostenida de IED requiere protección efectiva de la inversión y un Estado de Derecho sólido, como prerrequisitos indispensables para reducir riesgos políticos y contractuales, y para desbloquear megaobras transformadoras en logística, transporte, energía, conectividad digital y resiliencia climática —proyectos que demandan marcos regulatorios estables, financiamiento mixto y armonización regional.

Esta secuencia de eventos no puede pasar desapercibida por la exactitud con que se encadenó. La temporalidad del fallo —justo al día siguiente del foro— proyecta sombras inevitables: la presencia consolidada de Hutchison (con capital chino dominante) en puertos estratégicos ha sido señalada explícitamente por funcionarios de la administración Trump como “influencia maligna” en el Canal.

Aunque podría tratarse de un correctivo institucional legítimo, el revisionismo judicial, con cuestionamientos que escalaron tarde, genera dudas legítimas sobre la estabilidad de decenas de concesiones heredadas de la misma época (aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, minería). En balance, este episodio expone la fragilidad no solo de la certeza jurídica panameña, hasta ahora vista como un destino por encima del promedio en la región, sino de la latinoamericana en su conjunto: mientras se habla de la necesidad de instituciones sólidas, la práctica revela que intereses domésticos, tortuguismo judicial selectivo y presiones geopolíticas pueden erosionar la confianza de los inversionistas de la noche a la mañana. Back to square one: el diagnóstico es correcto, pero mientras no se cierren las contradicciones endémicas entre el “deber ser” y el “ser” institucional, la región seguirá atrapada en el mismo ciclo de promesas incumplidas y oportunidades perdidas.

En última instancia, la Doctrina Donroe no es inevitable ni irreversible, simplemente expone vulnerabilidades preexistentes, pero también ofrece una ventana para reformas internas.  La respuesta moderada no es “quedar bien” con nadie, sino cerrar el espacio a la manipulación. Eso exige, primero, Estado de Derecho en serio: justicia más ágil, concesiones transparentes y auditoría rigurosa de contratos heredados, sin revisionismos selectivos que alimenten sospechas y pleitos interminables. Segundo, requiere la diversificación de alianzas y de fuentes de capital: cooperación con Estados Unidos, pero también Europa, socios tradicionales de Asia Oriental y multilaterales. Solo de esa manera se podrá ejecutar con éxito las grandes obras de infraestructura que América Latina —y Guatemala en particular— necesita: proyectos que demandan gobernanza robusta, salvaguardas ambientales y sociales, trazabilidad técnica y financiamiento multianual que los haga bancables para cualquier socio serio. La voluntad política sola no basta; hace falta método, estándares y disciplina en la ejecución que atraigan recursos de inversionistas serios. Esta es la única forma de romper el ciclo de promesas incumplidas y oportunidades perdidas.