El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que en la aprobación del Presupuesto General de Ingreso y Egresos para 2026 incluyó modificaciones cuantiosas frente a la propuesta que presentó el Ejecutivo, particularmente por las asignaciones que permitirán a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) contar con más de Q16 mil millones, los cuales podrían responder a intereses político-partidarios.
Los diputados extendieron hasta la madrugada de hoy la sesión plenaria en la que se tenía previsto aprobar de urgencia nacional el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el próximo año, el cual contemplaba un incremento del 5.8 por ciento respecto al Presupuesto que se aprobó para 2025.
Después de aprobar cinco préstamos internacionales que ascienden a $1mil 350 millones, los diputados declararon de urgencia nacional el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 por Q163 mil millones. Lo aprobado otorga un extra de Q6 mil 200 millones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) cuya ejecución en 2025 ha sido cuestionada.
El Presupuesto 2026 vuelve a convertir a las ONG en un millonario embudo de recursos públicos debido a la asignación de más de Q2 mil 500 millones a organizaciones sin fines de lucro que figuran en el dictamen de la Comisión de Finanzas, un esquema que crece año con año sin control y que se ha convertido en un bolsón de discrecionalidad y riesgo de corrupción, advierten expertos. Además, los diputados presentarán una enmienda de curul para repartirse Q6 mil 312 millones en obras a través de los Codede. El pleno tendrá la última palabra cuando entre a conocer su aprobación prevista para esta tarde.
El Portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) detalla que entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2025, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) solo han ejecutado un 34.67 por ciento de los más de Q12 mil millones que se les asignaron para este año.
La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó cuatro amparos que fueron interpuestos para frenar la entrada en vigencia del decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codede). Los togados concluyeron que no hubo faltas por parte del pleno del Congreso al sancionar la normativa a pesar del veto presidencial.
El Congreso de la República publicó este día en el Diario de Centro América el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite el arrastre de fondos para ser ejecutados en otro ejercicio fiscal y que entrará en vigencia este viernes 17 de octubre.
Siete diputados oficialistas de la facción de Raíces y del bloque Vos presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso de la República. Los legisladores cuestionan la forma en que se actuó durante la sesión plenaria en la que se avaló el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codede).
El asunto del veto al decreto 7-2025 se ha vuelto todo un alboroto. Primero, la actitud conservadora y neófita del Ejecutivo de remitirlo al Congreso casi en el límite del plazo legalmente establecido, a pesar de que la decisión, supuestamente, fue tomada con anticipación. Por qué no hacerlo con mayor rapidez, más aún tomando en…
