El Gobierno de Guatemala anunció que presentará acciones legales en contra del Acuerdo Legislativo 6-2025 del Congreso de la República. En este señalaron errores en el veto que el presidente Bernardo Arévalo emitió en contra del Decreto 7-2025, el cual permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) utilizar fondos no ejecutados.
Con 86 votos a favor, los diputados dispusieron mantener viva la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a pesar del veto que el presidente dio a la normativa.
A opinión del Organismo Ejecutivo, el Decreto 7-2025 contenía varias inconstitucionalidades que concluyeron en la decisión de vetar la ley. Aun así, la presidencia insistirá en arrastrar los fondos no ejecutados de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) al presupuesto de 2026.
Tras varias semanas de espera, el presidente Bernardo Arévalo decidió vetar el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE). La normativa otorgaba un bolsón millonario sobre los fondos que no fueron ejecutados en 2025 para ser utilizados en 2026
Desde el 12 de septiembre, el Ejecutivo recibió el decreto 7-2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero Institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que analizan posibles inconstitucionalidades pero no especificó cuáles.
Este martes, en el Pleno del Congreso, se conocieron objeciones en contra del Decreto 7-2025 aprobado de urgencia nacional el pasado 2 de septiembre. Únicamente 36 diputados, la mayoría oficialistas, votaron a favor de los reparos en la ley.
El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que 260 alcaldes le han enviado cartas para que las entregue al mandatario Bernardo Arévalo. En ellas solicitan el aval del Ejecutivo para la publicación oficial del Decreto 7-2025.
La presidencia aún no tiene una posición sobre la ley que le otorga un bolsón millonario a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), sin embargo, ha empezado a recibir en su despacho cartas de alcaldes para solicitar que dé el visto bueno a la normativa.
La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) envió a los alcaldes una nota explicando que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero Institucional de los Consejos Departamentales de Desarrollo, puede generar inconstitucionalidades al ejecutar proyectos usando esta nueva normativa.
La ley fue planteada por diputados de oposición y propone que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan arrastrar los fondos no ejecutados al presupuesto de 2026.
