Fuentes del oficialismo en el Congreso confirmaron a ePinvestiga que la decisión del mandatario fue vetar el decreto.
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia información al respecto, pero se indicó que se compartirán detalles en el transcurso del día. Minutos después, el Gobierno de Guatemala publicó un comunicado en el que especifica que se exploran alternativas para garantizar la ejecución de obra pública y trabajarán con el Congreso para lograr acuerdos.
La ley fue aprobada de urgencia nacional el pasado 2 de septiembre, con 103 votos a favor. La misma contenía dos artículos fundamentales: uno que establecía arrastrar el dinero no ejecutado en el presupuesto 2025 hacia el de 2026 y otro que reducía los plazos para que las entidades rectoras, como ministerios, emitieran avales para desarrollar una obra.
Ambas acciones fueron planteadas también por el mismo Organismo Ejecutivo, pero en diferentes proyectos de ley.
La propuesta de trasladar los fondos no ejecutados se planteó a los alcaldes durante las reuniones que el mandatario sostuvo durante julio de este año y se incluyó en el artículo 55 del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026.
El planteamiento sobre agilizar los avales fue una propuesta de ley presentada por el oficialismo liderado por José Carlos Sanabria y Victoria Palala. Ese proyecto planteaba que las autoridades competentes para emitir resoluciones, avales o autorizaciones deberán resolver las solicitudes presentadas en un plazo máximo de cinco días hábiles. Añade que, concluido el tiempo, si las dependencias no han emitido una resolución, entonces la respuesta se tendrá por afirmativa.
La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) envió más de 300 cartas a la Secretaría General de la Presidencia en las que solicitaron al presidente la sanción del decreto y su publicación en el Diario Oficial.
En reiteradas ocasiones, la presidencia indicó que la ley aprobada por los diputados podría representar inconstitucionalidades, sin embargo, no especificó cuáles.
