La normativa fue aprobada de urgencia nacional el pasado 2 de septiembre y contiene artículos que el propio Ejecutivo contempló en el proyecto de presupuesto 2026 y en una iniciativa de ley presentada el 10 de julio por el bloque oficialista. El mandatario dijo que aún se encuentra en análisis para emitir un veto o sanción sobre lo actuado por los diputados, sin embargo, aseguró que hay posibles inconstitucionalidades. 

“Estamos en la fase de análisis precisamente con énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto. Está en proceso el estudio, cuando termine el estudio lo haremos público y tomaremos la decisión”, indicó el mandatario. 

Arévalo agregó que el plazo para emitir un fallo vence el 6 de octubre.

La semana pasada un grupo de alcaldes liderados por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, entregaron a la Secretaría General de la Presidencia unas 300 cartas firmadas por jefes ediles, en las que solicitan al presidente que se sancione la ley y que sea publicada en el diario oficial para su entrada en vigencia.

La normativa contempla un arrastre de fondos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) hacia el presupuesto 2026. Asimismo, en el artículo 3 establece que las autoridades competentes para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias o cualquier otro procedimiento necesario para la ejecución de proyectos de inversión; deberán resolver las solicitudes presentadas dentro de su ámbito de competencia en un plazo máximo de cinco días hábiles. De no entregar esas resoluciones se interpretará como que son favorables para que se desarrollen los proyectos. 

Diferentes cámaras empresariales y organizaciones que se dedican a la fiscalización de fondos públicos, han solicitado a la presidencia que se vete la ley. Contrario a ello, algunas bancadas del congreso piden su sanción.