El asunto del veto al decreto 7-2025 se ha vuelto todo un alboroto. Primero, la actitud conservadora y neófita del Ejecutivo de remitirlo al Congreso casi en el límite del plazo legalmente establecido, a pesar de que la decisión, supuestamente, fue tomada con anticipación. Por qué no hacerlo con mayor rapidez, más aún tomando en cuenta las fieras representadas en el Congreso. Resulta obvio contemplar que el envío del veto presidencial debía acompañarse de acciones de cabildeo y negociación, ya que tras su recepción era de esperarse acciones de la oposición que no se quedaría de brazos cruzados.

Lo sucedido por Arzú, Rodríguez y sus secuaces no podía menos que esperarse. Jugar con cualquier triquiñuela para impedir que el veto naciera a la vida pública. Cualquier acción que implique a esos actores debe advertir que aprovecharán cualquier resquicio, cualquier orificio para colarse y hacer de las suyas. No contemplar ese escenario resulta absurdo y no político, cuando menos. Ahora corresponde que la Corte de Constitucionalidad resuelva, lamentablemente no conforme a derecho, sino de acuerdo con el juego de intereses políticos que prima en esa instancia, donde la voracidad por la reelección de buena parte de sus integrantes es el objetivo primario; bajo el cual se someten todas sus decisiones.

Si la CC confirma la acción revestida de absoluta ilegalidad, se reafirmará la subordinación del Ejecutivo al Legislativo en lo que resta de la actual administración. Pero, además, esa “victoria” de la oposición enconada les podría granjear votos en el marco de la disputa por la Junta Directiva 2026 y el control de la agenda estratégica del próximo año. En caso contrario, el Ejecutivo obtendría una pequeña dosis de oxígeno, que, si maneja en forma adecuada, le puede ser de beneficio para recobrar un poco de control del timón. Ello, siempre y cuando tenga la voluntad, la decisión y la personalidad para aprovechar el margen a su favor. Por el contrario, si solo quiere pasar el calendario y esperar al catorce de enero de 2027, pues una nueva oportunidad perdida para el país, de la cual no nos repondremos con facilidad, ni en el corto plazo.

Pero no olvidemos el tema de fondo por el que se desencadenó la oleada de oposición al contenido del malogrado decreto. El asunto de origen, generado por la actual administración bajo una serie de presunciones totalmente equivocadas, es el aumento desproporcionado de los fondos a los CODEDE. Una decisión tomada en 2024 y nuevamente en el proyecto de presupuesto 2026; cargada de opacidad, dominada por la simpleza, la miopía y obstinación de algunos funcionarios ilusos. Los aportes extraordinarios, instrumento usado para el aumento descomunal de los incentivos, es lo que nos tiene sumidos en este nuevo capítulo de tensiones.  Por ello preocupa la iniciativa de ley que recientemente se anunció para asegurar que los Consejos de Desarrollo Departamentales conserven en 2026 los fondos no ejecutados este año.  A simple vista, tal parece que la terquedad sigue dominando el escenario y no da espacio para las decisiones inteligentes.  

La jugada veto-no veto, en cualquier caso, apunta a solo agitar las aguas, pero, en realidad, no cambiará el curso de los eventos. Los mequetrefes seguirán teniendo sus espacios de poder y quien lo detenta formalmente se resiste en utilizar las herramientas a su disposición; así las cosas.