El Ejecutivo señaló que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fue vetado y devuelto al Organismo Legislativo dentro del plazo constitucional establecido y cumpliendo todos los requisitos. 

“Es una expresión clara de la decisión del Presidente de la República de no sancionar una iniciativa que, evidentemente, era inconstitucional”, indicó el Gobierno en un comunicado. Añaden que el Congreso actuó “con argucias, argumentos incorrectos y espurios”, además de que “retorcieron el procedimiento”.

En ese sentido, el Ejecutivo anunció que presentarán acciones legales para hacer valer la decisión del presidente Arévalo, con lo cual buscarán impedir que el decreto cobre vigencia. 

El Ejecutivo calificó la normativa como “peligrosa” y que “sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público”. 

Justifican procedimiento

El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero Garnica, afirmó a eP Investiga que existe un precedente desde 2004 sobre la forma en que los gobiernos han gestionado los vetos presidenciales, incluido el más reciente del mandatario Arévalo contra el Decreto 7-2025.

Agregó que el Ejecutivo esperará a que el decreto aprobado por el Congreso sea publicado en el Diario de Centro América para entonces presentar las acciones legales correspondientes.

Guerrero Garnica también cuestionó que los diputados hayan utilizado como argumento el decreto 1816, que es anterior a la Constitución y data de 1968. 

“Es totalmente falaz el argumento que utilizó (Álvaro) Arzú y (Allan) Rodríguez”, dijo Garnica, añadiendo que el objeto de ese decreto es respecto a acuerdos gubernativos que contengan disposiciones generales o reglamentos derivados de leyes. 

Con 86 votos a favor y 51 en contra, el Congreso aprobó mantener vivo el Decreto 7-2025, que ha sido cuestionado por diversos sectores debido a su falta de transparencia para la ejecución de proyectos, pero respaldado por alcaldes aglutinados en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). 

Los diputados argumentaron también que hubo un error por parte de la Secretaría General de la Presidencia al momento de emitir el veto.