En total, nueve objeciones fueron presentadas por los diputados electos por Semilla para que fueran consideradas previo a que el decreto sea enviado al Ejecutivo para su sanción. No obstante, al momento de votar, únicamente 36 parlamentarios oficialistas y algunos aliados de la UNE, Creo, Winaq, Vamos, Vos y Victoria, dieron el voto.  

Entre los argumentos que fueron planteados en las objeciones, se especifica que la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, vulnera la certeza jurídica y se podría considerar inconstitucional.

El diputado José Carlos Sanabria argumentó que había problemas de redacción que vulneran el principio de certeza jurídica y retroactividad al ampliar el plazo de ejecución de obras sin tener un aval técnico y financiero que lo respalde.

“Si bien es posible arrastrar recursos de un ejercicio fiscal hacia otro, esto requiere el aval técnico y financiero del Ministerio de Finanzas Públicas. Esto, señores diputados y diputadas, no sucedió en la aprobación del Decreto 7-2025, porque no fue ni dictaminada por la comisión de finanzas ni mucho menos se requirió la opinión del ente rector”, aseguró el parlamentario.

Por su parte, el diputado Duay Martínez de Vamos debatió que los diputados electos por Semilla objetaron lo que anteriormente promovieron en la iniciativa Ley de Agilización de la Inversión Pública. 

De igual forma lo hizo Mynor de la Rosa, también de Vamos. “Es contradictorio porque ellos presentaban en la anterior iniciativa de ley que, si en cinco días no se daban los avales, se diera por oficio la aprobación. En el 2024 alcanzaron una ejecución del 40 por ciento en Consejos de Desarrollo; hoy estamos en septiembre y llevan apenas 23 por ciento”, indicó.

Inmediatamente, la diputada Brenda Mejía refirió que el decreto solo contempló un artículo de toda la propuesta que hizo el Movimiento Semilla. 

“Este decreto 7-2025 no tiene más que un artículo de esa propuesta; el resto son artículos que vienen a favorecer el oscurantismo, el favoritismo, la corrupción y la poca transparencia que se genera en la gestión de fondos públicos”, indicó la legisladora. 

Ejecutivo en análisis mientras alcaldes presionan

El decreto aún debe ser sancionado o vetado por el Ejecutivo para su entrada en vigencia. El lunes 9 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el equipo legal ya se encuentra en análisis del mismo, porque se tiene a la vista elegir entre obra pública o transparencia.

Mientras eso sucede, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) recolecta cartas de los alcaldes en las que solicitan al mandatario la publicación en el Diario Oficial del decreto, el contenido de las más de 100 misivas presentadas es idéntico.