Según la CIDH, estas acciones realizadas por el MP “producen un efecto intimidatorio colectivo y socavan su derecho a la libre determinación”.

En su pronunciamiento, menciona que el caso contra Pacheco y Chaclán forma parte de los “patrones de instrumentalización del derecho penal con fines políticos”, hechos que aseguraron han sido “ampliamente documentados en sus diferentes informes y en las observaciones preliminares de su visita in loco de 2024”.

“En concreto, estos patrones incluyen el uso de tipos penales ambiguos y desproporcionados, la reserva de los casos, la anticipación de diligencias a través de cuentas asociadas a ‘netcenters’, y el abuso de la prisión preventiva, y ponen en evidencia la completa falta de independencia del Ministerio Público y su rol activo para perpetrar la impunidad y la corrupción”, afirmaron. 

En ese sentido, el documento aseveró que existe una “continua instrumentalización espuria de la función constitucional de investigación de delitos”, realizada por el MP. 

La Comisión calificó como una “criminalización arbitraria” las acciones penales contra Pacheco, quien actualmente funge como viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas, y contra Chaclán, por haber encabezado las manifestaciones pacíficas de 2023.

“La CIDH denunció que la erosión del principio de separación de poderes alcanzó un punto crítico en el 2023 debido al uso abusivo del derecho penal por parte del Ministerio Público, en su intento para invalidar los resultados de las elecciones y evitar la toma de posesión de las autoridades electas”, afirmaron.

Además, reiteraron que durante la visita que se realizó a Guatemala en 2024 se constató una “intensa” judicialización y persecución criminal por parte del MP contra personas que han participado en protestas o que han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

Ante esa situación, hicieron un llamado nuevamente a que se realice un examen independiente sobre el funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos, esto con el fin de que existan mecanismos para la rendición de cuentas.

La CIDH recordó que todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen el de la protesta y de reunión sin temor a represalias, esto de conformidad con obligaciones internacionales.