La publicación de dicho Decreto se hizo luego de que el Congreso, tomando como argumento el Decreto 1816, rechazara el veto que el presidente Bernardo Arévalo había emitido contra la normativa, que había sido criticada por diversos sectores, debido a la reducción de controles y transparencia en la ejecución de los fondos públicos.
Es por eso que el Congreso también publicó el Acuerdo 6-2025, en el cual se argumentan las razones por las cuales no se tomó en cuenta el veto emitido por el mandatario.
“Que de conformidad con lo regulado en el Decreto Número 1816 del Congreso de la República, los acuerdos del Ejecutivo que no indiquen cuándo entran en vigor, se
presume que su vigencia principiará dentro de los tres días siguientes de su publicación, por lo que dicho Acuerdo Gubernativo excede el plazo de quince días, regulado en el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, indica el Acuerdo.
De esta forma, el Legislativo sancionó el Decreto 7-2025, en el cual en su artículo 4 establece que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, luego de que se aprobara de urgencia nacional.
El Decreto establece que, al cierre del ejercicio fiscal que corresponda, los saldos no devengados o no desembolsados de las asignaciones extraordinarias, serán trasladados de oficio a la Cuenta Única del Tesoro de los Codede, en donde permanecerán disponibles para la continuidad de los procesos de ejecución y pago de las obras.
Otro de los aspectos que se han cuestionado sobre esta Ley es la agilización de trámites y autorizaciones de inversión por medio de los Codede, en los que se establece que las entidades correspondientes deberán responder solicitudes en un plazo de cinco días, si no se da una respuesta, esta será tomada como afirmativa.
Acciones legales
Luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Arévalo, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha dado trámite a varias acciones legales que se han presentado en contra de la entrada en vigencia del Decreto 7-2025.
Los amparos han sido presentados por diputados del bloque VOS, así como por diputados oficialistas del bloque Semilla y del grupo que busca conformar el partido Raíces. El cuarto amparo fue presentado por el Ejecutivo.
Las acciones señalan que el Congreso violentó el derecho a veto que el presidente ostenta, alterando el procedimiento constitucional.









