El Congreso de la República de Guatemala aprobó el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de Q 163,469,328,657 en días recientes.

Este presupuesto es nuevamente el más alto aprobado en la historia y esto siempre es así, no es nada nuevo, pues todos los años se trata del presupuesto más grande, salvo cuando se aprueba el del año anterior.

Dicho presupuesto se supone, viene acompañado de asignaciones para sectores clave: educación, salud, infraestructura, seguridad, desarrollo social y aspectos estratégicos imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, la preocupación que encierra el mismo, es que nada de lo ahí designado a inversión pública corre el riesgo de llegar realmente a materializarse, multiplicándose los efectos negativos, que más adelante se detallarán.

El mismo corre grandes riesgos para atraer más corrupción, pues no se cuenta con los mecanismos y controles reales para su ejecución, seguimiento y auditoría, existiendo el peligro de que el mismo termine siendo sólo papel mojado, o peor aún, se convierta en una herramienta de discrecionalidad, clientelismo o despilfarro.

Sin duda alguna, una de las grandes preocupaciones, es la débil ejecución y la falta de controles dentro de los Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE- mismos que se encuentran deficientemente conformados, con pocas capacidades y baja eficiencia en auditoría social.

Para entender por qué este presupuesto tan ambicioso puede quedarse en promesas o en una amenaza para más corrupción, vale la pena revisar los datos recientes de ejecución para el primer semestre de este año, reportándose una ejecución del 40.6% del presupuesto vigente.

Para agosto de 2025, los fondos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) – responsables de priorizar y controlar la ejecución en obras e inversiones territoriales – mostraban una ejecución de apenas 22.68%, es decir, que menos de una cuarta parte del presupuesto asignado había sido efectivamente utilizado.

No es un hecho desconocido para nadie, que, en sectores esenciales, la ejecución es extremadamente desigual, mostrándose pocos o nulos avances, especialmente los vinculados a infraestructura o inversión física.

De esa cuenta, pueden observarse datos que evidencian que; a pesar del incremento presupuestario para 2026, muchas de las estructuras institucionales, técnicas y administrativas siguen siendo incapaces de traducir recursos en resultados reales, sobre todo a nivel territorial y en obras públicas.

Dicha realidad preocupa, pues contar nuevamente con un presupuesto que no cumpla con los principios y destinos para los que fue supuestamente creado, puede derivar en un derroche peligroso de recursos que provoque nula inversión y se traduzca una vez más en saqueo y por ende en subdesarrollo.

¿Cuáles son las causas reales que provocan el estancamiento en la ejecución presupuestaria? ¿Se debe esto a riesgos y debilidades estructurales y políticas o a la falta de voluntad y a la corrupción hoy disfrazada de legalidad?

Este desfase entre asignaciones y ejecución no es accidental: responde a una conjunción de elementos de índole estructural, institucionales y por supuesto político. En pocas palabras se perdió el control.

Muchos proyectos requieren estudios previos, diseños técnicos, licitaciones, permisos ambientales y municipales, así como seguimiento. Todo esto es sumamente complejo en donde se sabe que existen múltiples focos de fraude y corrupción, lo cual se agrava en municipios rurales en donde frecuentemente existe menos capacidad de veeduría ciudadana y fiscalización, retardándose los procesos y posiblemente quedando inconclusos.

Otro enorme problema es que a pesar de que el presupuesto aprobado para el 2026 apunte a inversión en infraestructura y servicios públicos, los rubros de funcionamiento y administración a nivel del gasto real siguen pesando más que los designados a inversión.

Esto reduce claramente el margen real para obras.

La falta de mecanismos robustos de transparencia, de controles y participación ciudadana, es preocupante y debiese ser una prioridad, para seguir adelante y lograr algún grado de éxito. Si no existen registros públicos detallados, auditorías independientes, ni veedurías sociales, toda esa rendición de cuentas se vuelve en una romántica y simbólica historia, pues el riesgo de discrecionalidad, favoritismos, adjudicaciones opacas o sobreprecios se acrecentará.

Al inducir un presupuesto tan alto justo en la antesala de un ciclo electoral y sin los controles debidos, existe nuevamente el riesgo de contar con recursos que se usen políticamente, para clientelismo, favores, propaganda o campañas y absolutamente nada para desarrollo real.

La planificación multianual, la priorización de proyectos, la capacidad técnica en ministerios y municipalidades, la gestión territorial y todos estos componentes parecieran ser conceptos desconocidos en el andamiaje estatal, siendo urgente fortalecer y priorizar todos estos elementos para que el presupuesto no quede en papel o en los bolsillos de la corrupción.

Hay tanto que corregir y tanto que aprender, pero el tiempo apremia y lamentablemente no queda más que preguntarse: ¿qué riesgo corre Guatemala con un presupuesto como este?

Estamos claros, que este presupuesto 2026 no se acompañará de una ejecución efectiva, siendo muy probable que exista una deficiente vigilancia ciudadana, pues la misma no se encuentra lo suficientemente cohesionada ni capacitada, para sobreponerse a los peligros que se presentan, pudiendo derivarse todo ello en graves consecuencias para el país.

Como primer punto existirán persistentes desigualdades territoriales, existiendo un sin número de comunidades, sobre todo rurales o periféricas que seguirán sin acceso a servicios básicos, infraestructura, saneamiento, salud o educación digna.

Dentro de toda esta debacle uno de los riesgos también latentes es la ruptura del vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones, pues las promesas repetidas pero incumplidas alimentan el desencanto, la apatía y por ende la falta de apoyo mezclada entre enojo y resignación.

Situación muy peligrosa que puede provocar la deslegitimación del propio Estado.

Teniéndose todo esto muy en claro, la creciente vulnerabilidad a la corrupción, el clientelismo y el abuso del gasto público, derivado de estos altos montos presupuestarios con baja ejecución real, constituyen la antesala perfecta para desviaciones, adjudicaciones irregulares, sobreprecios y contratos discrecionales.

Surge entonces la inevitable pregunta: ¿qué debe hacer la ciudadanía y también por supuesto, la autoridad, para lograr trabajar de la mano y evitar que este presupuesto caiga en manos de la corrupción, evitando mucha más decepción y sensación de frustración que hoy se perciben el ambiente?

En un panorama tan desolador, se vislumbra una Guatemala que pierde oportunidades históricas para cerrar brechas, reducir pobreza, mejorar infraestructura y consolidar su desarrollo.

Si aún queda un poco de voluntad política sana, la autoridad en cumplimiento a su mandato debiese recurrir a sus aún aliados estratégicos y lograr rescatar el apoyo de esa ciudadanía que en algún momento le creyó, para juntos ejercer una profunda fiscalización y verdadera ciudadana, para evitar el derroche más grande de la historia.

Hoy más que nunca y con ánimos de propuesta ante el panorama que se avecina, recomiendo a la ciudadanía: exigir datos claros, públicos y accesibles, obligando al Estado a publicar, por municipio y departamento, qué proyectos están aprobados, cuánto presupuesto tiene, qué monto se ha ejecutado, ubicación geográfica, plazos y responsables.

Asimismo, se debe fomentar veedurías territoriales, conformada por grupos locales, compuestos por jóvenes, vecinos, líderes comunitarios, etc. que tengan la posibilidad de seguir las obras, documentar los avances (o la ausencia de ellos), tomar la evidencia fotográfica y monitorear resultados tangibles.

En esa misma línea, también es fundamental denunciar irregularidades y exigir rendición de cuentas, cuando haya atrasos injustificados, asignaciones opacas o contratos dudosos, hacer públicas las denuncias, exigir sanciones, visibilizar el problema mediáticamente.

Fundamental será generar análisis desde la sociedad civil y medios independientes, publicando reportes, columnas de opinión, así como datos comparativos, para que el debate no quede dentro de los círculos técnicos, sino que llegue al ciudadano común.

Por último y no menos importante, siempre la presión política y participación electoral consciente, deberá exigir compromisos reales a las autoridades y candidatos, que incluyan mecanismos de transparencia, ejecución concreta y supervisión ciudadana como requisito para aprobar futuros presupuestos.

El presupuesto 2026 puede ser un verdadero peligro o una oportunidad histórica para transformar Guatemala. Tocará decidir de qué lado está la ciudadanía y qué rol jugará dentro de estas únicas opciones.