Cuando empecé a ver la ciudad de Guatemala tapizada de publicidad sobre la llegada del célebre programa internacional de emprendimiento e inversiones Shark Tank, no pude evitar soltar una risita cínica y escéptica. Más allá del componente performativo de cualquier programa que busca entretener, me pregunté: ¿qué clase de representación de un proceso de inversión se puede hacer en un país caracterizado por la bajísima sofisticación de su sector financiero y bursátil, una laguna gigantesca de inversionistas institucionales y una concentración económica estructural?

Como cuando uno se empieza a reír antes de que el comediante termine el chiste: un shark, que según reportes funge como directivo de una financiera fuera del sector supervisado, propone a un emprendedor un préstamo con garantía inmobiliaria a una tasa casi tres veces mayor que el promedio ponderado para créditos hipotecarios (8.64% en 2024), y ofrece como “valor agregado” su “asesoría estratégica” en la junta directiva. Un banquero de inversión mandatado por el emprendedor para hacer un levantamiento de capital compartiría la carcajada ante los evidentes absurdos técnicos de la oferta: un costo de capital grotesco, una distribución asimétrica de los riesgos entre acreedor y deudor, y una total ausencia de incentivos para la creación de valor a largo plazo. El shark exigía reembolso vía flujos de caja operativos —lo cual no es garantizado en inversiones de capital accionario—, es decir, sin asumir ningún riesgo real: no tenía skin in the game.

Sin embargo, lo verdaderamente problemático —y revelador— para cualquier ciudadano con civismo no es tanto la oferta en sí, sino la reacción hostil a los argumentos técnicos (y la sátira justificada) de quienes buscan racionalizar esto como una propuesta “normal” en un proceso de inversión. Después de todo, la usura es a un ecosistema sano de levantamiento de capital lo que el libertarianismo es a los fundamentos ideológicos del desarrollo económico: actividades del margen y caricaturas conceptuales de realidades financieras y políticas.

Por otra parte, no se menciona lo suficiente que Shark Tank opera —por diseño— en un marco de colocaciones privadas, en contraposición a la búsqueda de financiamiento en mercados públicos, sujetos a reglas y escrutinio. Con demasiada facilidad se restringen las explicaciones del bajo desarrollo de los mercados públicos de valores en Guatemala a problemas técnicos, como la falta de emisores sofisticados o limitaciones legales. No obstante, esa ausencia también es el síntoma de una lógica institucional cimentada en la normalización del privilegio, la opacidad patrimonial y la captura institucional corporativista.

Los mercados bursátiles públicos conllevan reglas rigurosas de divulgación, transparencia financiera, competencia entre emisores, protección a inversionistas minoritarios, y la existencia de un regulador técnico e independiente. Además, generan presiones a la diversificación patrimonial y abren oportunidades para nuevos actores económicos. Es fácil imaginar los argumentos conservadores y rancios que se blandirían contra estas condiciones: que la transparencia expone, que la competencia desordena, que la supervisión estatal “interfiere” en la libertad de empresa.

De la misma manera, no es casualidad que la Junta Monetaria —el órgano rector de la política financiera del país— cuente con representación directa de los sectores empresariales organizados y de la Asociación Bancaria. El conflicto estructural es evidente: difícilmente puede impulsarse un ecosistema abierto y competitivo de financiamiento cuando quienes deben regularlo tienen intereses creados en mantener formas cerradas de intermediación, con clientes cautivos y estructuras societarias opacas. En Guatemala, el acceso al capital ha sido históricamente una transacción entre pares: puertas cerradas, nombres conocidos, riesgos compartidos entre amigos. La institucionalización de mercados abiertos rompe ese código no escrito.

Porque en el fondo, hablar de desarrollar mercados públicos es hablar de democratizar el acceso al capital, permitir que empresas más allá del círculo de siempre compitan por financiamiento en condiciones transparentes, y que nuevos actores entren al juego. Eso desordena el tablero de poder. Eso erosiona la intermediación política del capital. Eso genera rendición de cuentas de actores con concentración económica. Eso genera república.

En América Latina, casos como Chile, Colombia o Perú demuestran que los mercados públicos pueden desarrollarse —aunque con límites— cuando hay voluntad de abrir estructuras económicas al escrutinio y a la competencia. Incluso mercados más pequeños, como los de República Dominicana o Panamá, han dado pasos modestos pero deliberados para crear alternativas de financiamiento distintas al crédito bancario tradicional. En estos países, los mercados de valores han servido como vehículo para canalizar el ahorro nacional hacia proyectos productivos, desintermediando el poder de unos pocos bancos y abriendo espacios para el crecimiento de empresas medianas.

Guatemala, por el contrario, sigue atrapada en un feudalismo financiero con lenguaje de libre mercado. Se celebran las virtudes del emprendimiento, pero se sofoca cualquier arquitectura institucional que permita financiarlo en condiciones justas. Se aplaude la innovación, pero se castiga la transparencia. Se dice “capitalismo”, pero se practica exclusión.

En este contexto, Shark Tank no es tanto una anomalía como una representación fiel de la concepción de la “inversión” en Guatemala. Es un espectáculo sobre capital en un país donde el capital no circula. Una escenificación de mercado en un país sin mercado. Y en su ridículo, ilumina lo que falta: no sólo capital, sino una estructura que permita multiplicarlo sin tener que pedir permiso.