Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Foto: Wikipedia

Opositores del expresidente Jair Bolsonaro celebran en un bar después de que la Corte Suprema lo condenara a más de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022, en Brasilia, Brasil, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Un presidente se negó a aceptar su derrota en las urnas insistiendo en que las elecciones habían sido fraudulentas. Una turba de ultraderecha irrumpió en las instituciones del país en su apoyo.

El jueves 11 de septiembre, el máximo tribunal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro por supervisar una conspiración fallida para anular las elecciones brasileñas de 2022 en un complot golpista que incluyó la disolución de los tribunales, el empoderamiento de los militares y el intento de asesinato del presidente electo.

Cuatro de los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) declararon culpable a Bolsonaro, exparacaidista quien fuese presidente entre 2019 y 2023, dictándole una sentencia de 27 años y tres meses de prisión.

Siete aliados cercanos del estamento militar y de seguridad fueron condenados junto con él por los mismos delitos involucrados en la trama golpista, entre ellos sus exministros de Defensa y Justicia, el exjefe de espionaje, generales y el excomandante de la Armada. Según la fiscalía, los planes golpistas fracasaron porque los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a participar.

«Ningún lugar del mundo tiene inmunidad completa contra el virus del autoritarismo que se infiltra insidiosamente, destilando su veneno para contaminar las libertades y los derechos humanos», dijo Cármen Lúcia Antunes Rocha, la única jueza magistrada del STF, al emitir el voto decisivo.

¿Bolsonarismo después de Bolsonaro?

La condena de Bolsonaro ha encolerizado a la ultraderecha brasileña. Los aliados de Bolsonaro en el Congreso rápidamente comenzaron a impulsar una ley de amnistía para liberarlo a él y a otros cómplices condenados.  Esta se aplicaría no solo a Bolsonaro y sus siete cómplices acusados de incitar disturbios en la capital, sino también a los cientos de alborotadores condenados de los ataques a la sede de gobierno brasileño el 8 de enero de 2023.

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera los esfuerzos para obtener apoyo para el proyecto de ley, pero la iniciativa enfrenta obstáculos significativos y se considera improbable que prospere. El STF ya ha indicado que anulará cualquier ley de amnistía inconstitucional que anule las condenas de Bolsonaro y sus aliados principales ya que con la amnistía, Brasil transitaría el mismo camino que al final de su dictadura militar, cuando se promulgó una amplia amnistía para todos los crímenes cometidos por el régimen autoritario.

Bolsonaro obtuvo más de 58 millones de votos en las elecciones de 2022 y, a pesar de su condena, mantiene una gran popularidad entre ciertos sectores de la sociedad, incluyendo la creciente comunidad evangélica en las zonas agrícolas centrales de Brasil, así como entre miembros de las fuerzas de seguridad y conservadores de clase media con un alto nivel educativo que detestan a la izquierda. Las protestas a favor de Bolsonaro aún atraen a decenas de miles de ciudadanos a las calles. La extrema derecha, tanto en Brasil como en el resto del mundo, ha construido una sólida base social que va mucho más allá de la figura de Bolsonaro. El encarcelamiento de Bolsonaro tiene 50% de apoyo y 43% de oposición, según la encuesta de Datafolha.

Aunque el bolsonarismo como fenómeno persistirá, la caída de Bolsonaro, quién intentará comandar una campaña opositora en 2026 desde su arresto domiciliario, fue un golpe innegable para la derecha brasileña de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, en las que Lula, de 79 años, buscará un cuarto mandato.  Lula ahora se presenta como defensor de la «soberanía nacional» frente a la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra Brasil en represalia por el juicio contra su aliado Bolsonaro. Aunque en los últimos meses ha mostrado su interés en candidatearse a la reelección, en una entrevista el jueves 11 de septiembre al canal TV Bandeirantes, Lula dio un paso atrás: «Todavía no me he definido como candidato».

Tensiones entre Trump y Lula

Todo esto sucede en el trasfondo geopolítico en donde la justicia en la democracia más grande de Sudamérica enfrenta desafíos desestabilizadores. Brasil ya se prepara para posibles nuevas sanciones de Estados Unidos después de que la condena de Bolsonaro enfureció a Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, quien tilda el proceso como una «caza de brujas.»

Las noticias sobre las presiones que llegan a Brasilia desde Washington son inquietantes.

El pasado 30 de julio, Estados Unidos impuso sanciones bajo la Ley Global de Derechos Humanos de Magnitsky contra el juez magistrado de la STF Alexandre de Moraes, únicamente por sus acciones judiciales en el caso de la trama golpista. Según el derecho internacional, el poder judicial debe estar protegido de interferencias injustificadas. Esta nueva acción contra el juez magistrado De Moraes marca una escalada significativa en la campaña del presidente estadounidense contra el gobierno de izquierda elegido democráticamente de Brasil y contra el máximo tribunal de la nación.

Ante las amenazas de un nuevo tarifaço, con aranceles del 50 por ciento, y las insistentes demandas de poner fin a un caso penal contra Bolsonaro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en una entrevista que no aceptaría órdenes del presidente Trump y que «no se iba a dejar humillar» por su homólogo estadounidense.

Las exportaciones más importantes de Brasil a los Estados Unidos, incluyendo jugo de naranja, los aviones Embraer, el petróleo, carbón, minerales, varios productos químicos y nueces de Brasil, siguen, por el momento, exentas de aranceles. El mercado de valores de Ibovespa de Brasil aumentó en respuesta a las exenciones arancelarias de Trump. Pero Estados Unidos dejó específicamente los aranceles de 50% en el café, la segunda mayor importación. Reuters reporta que en Nueva York se registran los precios de café más altos desde que se lleva un record.

En un editorial para el New York Times publicado el 14 de septiembre, Lula señaló que Estados Unidos tiene un superávit comercial de 410,000 millones de dólares en los últimos 15 años con Brasil, lo que deja claro que la motivación de la Casa Blanca es política. Los aranceles, escribió Lula, buscan la impunidad para Bolsonaro, quien, según él, orquestó los disturbios en Brasilia el 8 de enero de 2023, cuando sus partidarios irrumpieron en el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso en protesta por su derrota electoral del año anterior.

Los sucesos en la capital brasileña evocaron el asalto al Capitolio estadounidense por parte de los partidarios de Trump el 6 de enero de 2021, después de que este insistiera durante meses, sin pruebas, en que hubo un fraude generalizado en las elecciones que perdió contra su rival demócrata, Joe Biden.

Brasil y Estados Unidos comparten un episodio nefasto reciente de intentona golpista. Y aún así, la democracia sólo prevaleció–hasta ahora–en uno de los dos países.

En Brasil, la estrategia de Trump no solo ha producido el efecto Carney, el premier canadiense, (de hacer que el gobierno sea más popular, al tiempo que debilita la oposición alineada con MAGA), sino que casi inevitablemente reducirá la influencia estadounidense en Brasil a largo plazo.

La brecha entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental es la evidencia más fuerte hasta ahora de que Trump está en el negocio de la promoción de la autocracia. Por ejemplo, la Cancillerìa clasifica la sanción a Moraes con la Ley Magnitsky como «la mayor crisis en las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos en 200 años de historia». La interferencia del gobierno estadounidense en la justicia brasileña es inaceptable.

El episodio está listo para remodelar fundamentalmente la relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil. Sugiere que Brasilia ha perdido influencia en Washington por figuras de la oposición brasileña como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente que ahora figura como posible candidato. Bolsonaro hijo contribuyó a cultivar una hostilidad profundamente arraigada en la administración estadounidense hacia el gobierno brasileño.

La interferencia explícita de Trump en Brasil impulsará a los sectores público y privado a reducir la dependencia de Washington. Incluso si Brasil termina haciendo concesiones, la estrategia de Trump rompió la previsibilidad y fiabilidad de los Estados Unidos a los ojos de los brasileños y está destinada a reducir la influencia de los Estados Unidos en el país. La percepción de que EE.UU. está dispuesto a ejercer el poder económico para liquidar puntos personales o ideológicos puede permanecer mucho más allá de la administración actual, erosionando la confianza no solo en Brasilia, sino en toda América Latina.

¿Saben los estadounidenses que el Ministro de Justicia de Bolsonaro imprimió un borrador para el golpe de Estado? ¿Y que Bolsonaro reunió a los líderes militares del país para presentarlo y sugerir su ejecución?

La condena de Bolsonaro ha enviado una poderosa señal, no solo en su país, sino en un ámbito más amplio: los líderes deben rendir cuentas si socavan las normas democráticas. Así de sencillo.

El 11 de septiembre de 2025 pasará a la historia de Brasil como el primer día de condena de un expresidente por un intento de golpe de Estado contra el Estado Democrático de Derecho en el país.

Brasil ha defendido con éxito la voluntad popular frente a las intrigas de un aspirante a autócrata. Esta victoria debe defenderse y demuestra a otros lo que es posible.

Autoritarismo nunca mais. Ditadura nunca mais