La secretaría del TSE firmó el acta para que los magistrados titulares retomen sus labores. En la actualidad, el tribunal estaba integrado por la magistrada Blanca Alfaro, como presidenta en funciones, y por cuatro magistrados suplentes.
El fallo de la CSJ se emitió el pasado jueves tras un amparo que los magistrados titulares interpusieron en contra de la resolución de una sala que les prohibía ejercer sus funciones debido al proceso penal que enfrentan por supuestas irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Una fuente del TSE confirmó que los cuatro magistrados titulares regresaron este 28 de noviembre a la sede central, retomaron sus cargos y conformaron el pleno. De esta forma, el magistrado Gabriel Aguilera, se reincorporó como presidente del TSE.
Consultado por este medio sobre la resolución de la CSJ, Aguilera informó que será hasta el lunes 1 de diciembre de 2025 que los cuatro magistrados brinden una postura oficial.
En medio de una polémica para integrar el pleno de magistrados porque Blanca Alfaro había culminado su año de presidencia al frente del TSE, el 13 de enero de este año, los cuatro magistrados titulares fueron restablecidos en sus funciones por una orden del juez Erick García.
El pleno sesionó y dejó en acta que Alfaro sería la presidenta en funciones del tribunal, pero a los pocos días Gabriel Aguilera, Mynor Custodio, Ranulfo Rojas e Irma Palencia volvieron a ser suspendidos de sus cargos.
La magistrada Blanca Alfaro enfrenta más de 50 procesos entre solicitudes de antejuicio y denuncias en su contra. El pasado 28 de noviembre brindó declaraciones en las que dejó ver que al finalizar la magistratura actual saldría del país.
“He pensado en la orden de captura y espero que el señor presidente del TSE, Aguilera, pida un permiso especial para entregar y eso me permita a mi no aparecer en la foto sino que sea él quien entrega. Yo pediría un permiso y me pondría a disposición de tribunales o todavía estoy pensando también en una salida. Nadie quiere estar preso”, dijo Alfaro a los medios.
El caso Trep
El 30 de noviembre de 2023 el Congreso decidió retirar el derecho de antejuicio a los cuatro magistrados titulares. El 11 de enero de 2024 el Ministerio Público (MP) confirmó que un juez autorizó la orden de captura en contra de Aguilera, Custodio, Rojas y Palencia, a quienes el MP acusó de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Según la investigación de la fiscalía de Delitos Administrativos, los magistrados suscribieron el contrato administrativo con la empresa Datasys Guatemala, para la compra del Trep, pero en el mismo contrato firmado por los magistrados no se permitió la supervisión independiente del software. El MP informó que fue la misma empresa Datasys, como proveedor, la que recomendó a la entidad Podernet para la supervisión del sistema, lo que representaba un conflicto de intereses.
El sistema Trep tuvo un costo de Q148.8 millones. Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) consideró que el costo del sistema fue sobrevalorado, pues en el concurso hubo otra oferta de Q113.9 millones, es decir Q34 millones menos.
