El fallo, emitido en La Haya, establece que Guatemala podrá participar en calidad de Estado no parte, con el objetivo de proteger sus intereses jurídicos vinculados a la disputa territorial. La Corte concluyó que la solicitud presentada por el Estado guatemalteco cumple con los requisitos establecidos en el artículo 62 de su Estatuto y en el artículo 81 de su Reglamento.

El caso se remonta al 16 de noviembre de 2022, cuando Belice inició un procedimiento contra Honduras para que la CIJ declare su soberanía sobre los Cayos Sapodilla, un conjunto de islotes ubicados en el Golfo de Honduras, en el extremo sur de la barrera arrecifal beliceña. 

En respuesta, Guatemala solicitó el 1 de diciembre de 2023 autorización para intervenir, argumentando que la pretensión beliceña se superpone con sus propios reclamos en un proceso distinto que mantiene contra Belice ante la Corte.

Según el planteamiento guatemalteco, existe un “interés jurídico claro” en el litigio, dado que también reclama soberanía sobre los cayos, como parte de su histórica disputa territorial, insular y marítima con Belice, aún pendiente de resolución en la misma instancia judicial.

Durante las audiencias públicas celebradas entre el 24 y el 26 de noviembre de 2025, Belice manifestó no oponerse a la intervención de Guatemala. Honduras, por su parte, sostuvo que la solicitud era “redundante” y constituía un abuso del mecanismo de intervención, por lo que debía ser declarada inadmisible.

No obstante, la CIJ rechazó los argumentos hondureños y determinó que la participación de Guatemala es procedente. La Corte precisó que dicha intervención estará limitada exclusivamente a la cuestión de la soberanía sobre los cayos, sin extenderse a otros aspectos del litigio principal entre Belice y Honduras.

Otra disputa

Guatemala también mantiene una disputa en la CIJ por un diferendo territorial con Belice. El caso fue llevado a La Haya tras un referéndum realizado el 15 de abril de 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. 

En el año 2008, los dos Estados firmaron un compromiso “para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia», posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015.

El Estado guatemalteco reclama al menos 11 mil kilómetros cuadrados del territorio de Belice, que aseguran les pertenece. Islas e islotes también forman parte del reclamo de Guatemala en este caso.