“Vamos a los lugares donde está El Jefe. No es que nos manden a llamar para ir a los eventos, pero si está ahí, sabemos que nos van a apoyar para gasolina o algo”, dice un reportero local que ha trabajado más de seis años en medios de Quetzaltenango. 

 El Jefe es el alcalde Juan Fernando López, quien llegó al cargo en 2020 tras ganar las elecciones de la alcaldía municipal con el partido Humanista. En 2023 fue reelecto con la misma organización partidista. 

No es el único reportero que se refiere al edil como El Jefe; hay un grupo de comunicadores que van constantemente a actividades en las que el alcalde es el protagonista. Estas pueden ser desde inauguraciones de proyectos en colonias, barrios o comunidades, colocaciones de primeras piedras. Los reporteros suelen transmitir mensajes propagandísticos. 

El reportero, que pidió omitir su nombre, contó que en estas actividades el alcalde suele darle a cada uno de los comunicadores que asisten entre 100 y 300 quetzales. Explicó que el dinero espara gasolina, alimentación o algún otro gasto en el que incurren al llegar a estas coberturas. 

Quetzaltenango es una ciudad a 200 kilómetros de la capital de Guatemala. Actualmente, organizaciones de sociedad civil y denuncias de periodistas independientes señalan que el alcalde tiene tintes de dictador desde que ocupó el cargo y con lo cual ha cooptado tanto a los reporteros como a medios de comunicación que operan en la ciudad. 

El 17 de enero de 2020 fue la primera sesión del concejo municipal que llegó tras la primera victoria de JF, como también es conocido el alcalde. En esta reunión dejó afuera a la prensa y señaló que “no sabía que eran públicas” las sesiones. La delegación de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) recibió la denuncia de los periodistas afectados. La entidad señaló la importancia de permitir el acceso a la prensa y no obstaculizar el ejercicio periodístico. El seguimiento que dio la PDH fue dar recomendaciones a la autoridad municipal y la presencia de la delegada a la Municipalidad para constatar los hechos. 

Las recomendaciones incluían el facilitar el acceso a los periodistas a las reuniones públicas y realizar las reuniones en espacios amplios para permitir el acceso a la prensa. 

La relación del alcalde con la prensa crítica se agravaba. El equipo de comunicación social de la Municipalidad no era un canal entre el funcionario y los periodistas, se convirtieron en una forma de obstáculo para evitar dar declaraciones y entrevistas. Al momento de buscar que el alcalde diera declaraciones después de las sesiones de concejo en donde se tomaban decisiones, su equipo de asesores lo retiraba del área donde estaba la prensa para llevarlo a su oficina, en donde permanecía para no dar información. 

Rápidamente se hicieron de medios y periodistas aliados, a quienes sí les daban entrevistas. Uno de sus asesores es Óscar Estrada, quien desde el inicio de la administración del edil obstaculizaba en las entrevistas, le decía al alcalde en qué momento dejar de responder o lo sacaba de los lugares en donde había prensa que lo quería cuestionar. 

Meses después de que tomó posesión JF, llegó un evento que permitió cerrar por completo el acceso a los espacios físicos en la Municipalidad: la pandemia por el Covid-19.

A nivel nacional, a partir del anuncio de los primeros contagios en Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei definió medidas de confinamiento. Con esto también vino el bloqueo completo para la prensa a información, entrevistas y conferencias de prensa. En marzo de ese año, Giammattei  salió del Congreso tras presentar su plan contra el coronavirus y roció a los periodistas que estaban en el lugar con un spray “antiperiodistas”. 

Esa fue una muestra de lo que deparaba para los próximos años. A partir de 2020, la criminalización hacia la prensa se incrementó. El Ministerio Público registró 408 denuncias en su fiscalía de delitos contra periodistas durante los cuatro años de gobierno de Giammattei. 

El observatorio de crímenes contra periodistas del medio de comunicación Ojoconmipisto registró, que durante esta administración, 2020 fue el año donde  más hechos se denunciaron. Entre las denuncias hay amenazas, coacción y hasta muertes violentas contra periodistas. 

Evelyn Blanck, de la Red Rompe el Miedo en Guatemala, asegura que estas cifras no reflejan la realidad que vive la prensa en el país, ya que una gran mayoría prefiere no denunciar porque desde el Ministerio Público se ha dado la criminalización a la prensa, por lo tanto, la desconfianza hacia la institución no permite el registro real. 

En estos cuatro años, la ciudad de Guatemala fue el lugar que más registró denuncias, en segundo lugar está el departamento de Mazatenango y el tercero es Quetzaltenango. La enemistad y agresiones a la prensa, desde figuras como el presidente, no se quedaron solamente en la capital del país, los funcionarios locales replicaronesa narrativa. 

Cooptación de periodistas y medios de comunicación  

 En Quetzaltenango han existido medios de comunicación locales que contaban el territorio. Tales como Stereo 100, una radio con cobertura diaria de los hechos más relevantes en la ciudad. También existió el diario elQuetzalteco, el cual tenía una redacción de más de 15 periodistas, fotógrafos, diseñadores y editores. Este medio tenía secciones de seguridad, municipalidad, justicia, educación, cultura y deportes, pero cerró en 2017. 

Así como estos medios de comunicación, también existían otros más pequeños o con cobertura nacional y solo tenían corresponsales, como las radios Tulan, Emisoras Unidas; periódicos como Prensa Libre, Nuestro Diario, Siglo 21; canales televisivos como Noti7, Guatevisión, TV Azteca, TVO.

Con el paso de los años y las crisis financieras que atravesaron los medios de comunicación, las redacciones se redujeron y otros dejaron de existir. 

Mynor Toc fue periodista por más de dos décadas. Una parte de su carrera fue en la ciudad capital y otra la hizo en Quetzaltenango. Asegura que el periodismo que se hacía en este territorio se estancó y ahora solo se dedican a informar y no a fiscalizar. 

Toc explica que con el alcalde Juan Fernando López hay rumores sobre la compra de voluntades de los medios de comunicación y periodistas. Una de las prácticas más comunes que relata es que cronistas deportivos llegan a las actividades que organiza la Municipalidad para darle difusión en sus medios de comunicación o en las páginas en redes sociales que administran. Pueden llegar a ser hasta más de 10 comunicadores los que asisten a los eventos y su principal objetivo es colocar el micrófono para que el alcalde hable, pero no hay cuestionamientos o preguntas sobre el gasto público, ya que en su mayoría son eventos oficiales. 

“Es un secreto a voces y no solo en el gremio de periodistas, ya trascendió. Son conocidos los grupos de periodistas que previo a que JF llegara a la alcaldía había un círculo de periodistas alrededor que estaban con él. Lo que se dice es que les pagaba por cobertura. Cuando voy a la Muni veo a algunos cronistas deportivos cubriendo actividades municipales”, dice Toc. 

“Solo ponían su cámara o su micrófono y que el alcalde diga lo que quiera. Como corresponsal recibí una propuesta para evitar que cuestionara. Éramos cuatro o cinco los que cuestionamos, fuera del grupo de los que ya estaban alineados, eso me desilusionó mucho del periodismo local”, dijo. 

Toc cuenta que en algún momento le hicieron un comentario de ofrecimiento para acercarse al alcalde: “¿Por qué no hablás con El Jefe? Tal vez él te apoya”, le indicaron como propuesta para que le entregaran dinero a cambio de no ser cuestionado por él. Las fuentes consultadas señalan que estas dinámicas o propuestas suelen salir desde los mismos reporteros que ya están en la dinámica de pedir y recibir dinero del funcionario con el fin de solo transmitir la información conveniente para la Municipalidad.

El primer año del alcalde JF, realizó verificaciones y visitas a zonas en donde se estaban ejecutando proyectos de la anterior administración. Una de estas se realizó en la zona 10, lugar en donde los vecinos pasaron décadas sin que arreglaran los caminos. Luego de la cobertura, la concejal primera, Katia Minera agradeció a periodistas que estaban en el lugar por hacer la cobertura y pidió que la acompañaran para que les entregaran unos alimentos y el “sobre”, haciendo referencia a dinero. Esta es una dinámica recurrente en la actualidad.

Esta es una forma de cooptar a los medios de comunicación o información que operan en un territorio, explica Erick Dávila Escobar, especialista en medios de comunicación e información. Señala que los personajes con tintes de dictador o autoritarios tienden a identificar a la prensa independiente como enemigos, porque serán los que revelen las acciones que están cometiendo en contra de la población a quienes gobiernan. 

“El tener el ofrecimiento de dinero para los reporteros que cubren sus eventos es condicionar la información que trasladarán. Si ellos ya dependen de ese dinero que les entregan, lo único que buscarán es cuidar el ingreso económico; por lo tanto, se mantiene esa práctica que construye incluso fidelidad hacia el funcionario”, explicó. 

Otra táctica que utilizó Juan Fernando López para cooptar a periodistas fue la contratación de estos a dependencias municipales. Algunos de los empleados municipales fueron antes reporteros en medios locales. 

Según entrevistas con cuatro periodistas locales, uno de estos exreporteros es uno de los personajes que se encargan de llevar el control y hace la entrega del dinero en efectivo a los comunicadores que llegan a las actividades municipales. 

Los entrevistados mencionan que es una “buena táctica” la que usó el alcalde para contener esas voces críticas y darles trabajo. Conoció las carencias que tienen los medios locales al pagar salarios miserables y los contrató para tenerlos de aliados.

Radios y canales televisivos locales suelen pagar mensualmente entre Q800 y Q1300 (entre 100 a 150 USD) a los periodistas por jornadas laborales de más de ocho horas. 

“Ahora en Xela casi ya no hay periodistas; esa es la situación lastimosamente. Entonces llegan estas personas que tienen páginas que apenas alcanzan dos o tres likes y piden dinero. En algunos momentos entendemos por qué los salarios son bajos y tienen que buscar ayuda de alguna forma, pero es tan culpable el que da como el que recibe”, dijo una fuente interna a la Municipalidad, quien asegura que sí existen estos intercambios de dinero. 

Otra estrategia utilizada por el alcalde para evitar la crítica durante su administración fue identificar las carencias y deudas de los medios de comunicación con la Municipalidad.

Desde los años 80 se realizaron acuerdos municipales en los que algunas radios no pagaban por el arrendamiento de los terrenos y el uso de las antenas a cambio de pauta publicitaria para la comuna. 

Estos convenios fueron renovados en cada administración municipal. Actualmente, varias de las radios no han cumplido con estos y mantienen deudas hasta millonarias con la Municipalidad. La cuota establecida indica que cada medio debe proporcionar ocho spots diarios y una hora para el uso que requiera el gobierno local a la semana. Los acuerdos son similares con al menos seis o siete radios en el municipio, incluidas varias que son religiosas. 

Un convenio similar es con los canales que operan en Quetzaltenango. Deben dar spots televisivos y dar espacio en mupis (Mobiliario Urbano como Punto de Información que tienen en las principales vías de la ciudad.

El departamento de Comunicación Social de la Municipalidad tiene a su cargo Q12 mil, los cuales son para pagar pauta. Estos los distribuyen con periodistas locales, quienes entregan factura por los anuncios que permiten en sus medios o páginas en redes sociales. Se solicitó información a la comuna sobre si esta pauta hace referencia a la cobertura de eventos oficiales o deben ser anuncios con una estructura en específico, pero no respondieron. 

La temática de la mayoría de medios de comunicación y páginas informativas son sobre actos municipales oficiales.

Otro de los señalamientos es que la Asociación de Prensa Quezalteca (APQ) también está vinculada al edil. Esta organización tiene más de 100 años de existir e indican que en años anteriores al menos se pronunciaban o exigían a la autoridad municipal el respeto al ejercicio periodístico, pero ahora solo hay silencio. 

Periodistas entrevistados aseguran que no se sienten representados o respaldados por la APQ, porque podría tener vínculos con el alcalde. Señalan que actualmente la entidad está haciendo remozamientos, tiene recursos para comprar insumos que regala a sus socios y también desde la municipalidad podrían estar agilizando procesos para hacer los cambios en la sede de la organización. 

Para hacer cambios o pintar la fachada e interior del edificio se requiere de permisos municipales porque es un inmueble histórico. Juntas directivas anteriores no lograron terminar los trámites porque había atrasos maliciosos y negativa de la oficina para ejecutar estos cambios. 

Ahora, la nueva junta directiva sí realizó este trabajo; por lo tanto, los entrevistados señalan que podría ser por la cercanía de sus integrantes con el alcalde. 

Erick Colop, presidente de la APQ, negó que haya sido el alcalde quien les facilitó los permisos. Explicó que fue la radio TGQ, que funciona en otra parte del edificio, la que gestionó y con esto se permitió pintar el lugar. Agregó que la pintura fue donada por una empresa llamada Agreca, señalada por vecinos del área rural de explotar recursos de sus montañas. 

Ante las dudas que señalan contra la APQ de tener recursos para los demás remozamientos y entrega de insumos a periodistas, Colop asegura que ha sido con el dinero de las cuotas de los socios y de amigos que tienen los directivos y otros afiliados, sin detallar a qué amigos se refiere. 

Cada socio paga Q20 mensuales, haciendo un total de Q240 en un año. Actualmente, son de 60 a 65 socios, pero no todos están activos. 

El presidente de la APQ dice que ellos no tienen injerencia en la agenda o contenido editorial de los periodistas, pero que al recibir las donaciones esto no compromete a ninguno de sus miembros. 

Acoso y obstaculización 

El pago que reciben los reporteros en las actividades oficiales de la Municipalidad representa un paso más para la limitación al ejercicio periodístico y de fiscalización porque quienes tienen esta práctica han generado una especie de protección para el alcalde. 

Mirna Alvarado es periodista independiente y hace trabajos freelance para medios nacionales. Es una de las pocas que ha realizado trabajos periodísticos sobre los gastos en la Municipalidad, los salarios de los funcionarios municipales y la fiscalización de la obra pública. 

Según su experiencia, hay un grupo de reporteros o comunicadores que llegan a las coberturas del alcalde. Las que convenientemente tienen una gran presencia de prensa, pero son los que únicamente recogen declaraciones del funcionario y no cuestionan. Las veces que ella ha intentado cuestionar en esas actividades, son los mismos reporteros los que evitan que haga preguntas. 

También son quienes dan aviso de forma inmediata al equipo de comunicación o al mismo alcalde sobre la presencia de ella y de que requiere entrevistas e información del alcalde. “Hacer coberturas en el gobierno local es complejo sin encontrarte con una barrera de los compañeros. Vas con un tema y ellos son los que te cuestionan sobre qué tema vas a preguntar para bloquear la palabra cuando quieres hacer la consulta”, explica Alvarado. 

La periodista cuenta sobre un hecho en el que buscaron una entrevista con el alcalde Juan Fernando López, durante una actividad de presentación de informe anual. Al momento en que ellas buscaban hablarle, fueron los otros comunicadores los que las rodearon y no alcanzaron al edil. 

El dinero que reciben del alcalde los mantiene condicionados, lo cual perjudica el trabajo de periodistas que buscan fiscalizar a la autoridad local. “Que no tengamos pruebas contundentes (de los pagos) no quiere decir que no sea cierto; hasta ellos mismos lo dicen”, asegura Alvarado.

Otra forma de obstaculización de la información que utiliza la Municipalidad de Quetzaltenango es el retraso para la entrega de información solicitada a través del mecanismo de información pública. No cumplen los plazos en ley y no entregan los datos que se solicitan. 

Periodistas consultados para esta nota aseguran que ahora el departamento de comunicación social no atiende a la prensa. Actualmente, es Michelle Licardie la directora del departamento de Comunicación Social, quien ni siquiera atendió las solicitudes de entrevista para responder a las interrogantes de este reportaje.

Las agresiones a la prensa también son una constante. En 2024, la periodista Lucero Sapalú de Prensa Libre fue agredida por un agente policial municipal para evitar que hiciera videos y fotos de una obra municipal. Esta obra fue cuestionada. La Sala Quinta de Apelaciones le retiró el derecho de antejuicio a Juan López por la tala ilegal de más de 60 árboles en el parque Benito Juárez. El 19 de junio de ese mismo año, el alcalde recuperó su inmunidad porque fue amparado por la Corte Suprema de Justicia.

En 2022, el alcalde denunció al periodista Jorge Gómez, quien publicó en su medio de comunicación las fisuras que tenía una de las paredes de una obra que ejecutó la actual administración en la 19 avenida de la zona 3. El proyecto tuvo un costo de Q12 millones. 

El alcalde ha intentado asegurar que es garante de la libertad de expresión y que no existe obstaculización a la información y el ejercicio periodístico, contrariando las versiones de periodistas que han sido afectados por su cierre a la prensa crítica.

Sin credibilidad 

En redes sociales hay crítica constante a los medios de comunicación locales por su falta de fiscalización al cubrir temas municipales. 

Para esta investigación se hizo una encuesta en la que 70 personas originarias de Quetzaltenango dieron su opinión y un 79 por ciento dijo que no confía en el periodismo local. Más del 60 por ciento indicaron que no tiene credibilidad; el 37.9 dijo que es únicamente informativo y solo el 3.4 señaló que es independiente y riguroso. 

Las opiniones que dan los encuestados aseguran que no hay fiscalización en la alcaldía, critican la cercanía de periodistas con el alcalde y que están “comprados” por la autoridad municipal. 

Thelma Suchi, integrante de la Comisión de Auditoría Social del Municipio de Quetzaltenango (Casmuq), opina que la ausencia de periodismo de fiscalización en la ciudad deja un vacío grave para que la ciudadanía se informe sobre las decisiones que toman las autoridades que manejan los recursos públicos. 

Manifiesta que la comisión que integra puede hacer y ha hecho trabajos de indagar más sobre las acciones que toma el concejo municipal, pero ellos no cuentan con los recursos de divulgación y amplificación como los tendría un periodista o medio de comunicación, lo cual podría dejar estancada la información. 

Si bien esta es una muestra reducida de opiniones sobre el territorio total de Quetzaltenango, que tiene 180 mil 706 habitantes según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, es un reflejo de la exigencia de la población hacia un periodismo más apegado a la necesidad informativa a nivel local, explica Dávila Escobar. 

Agrega que este desierto informativo solo beneficia a personajes como el alcalde, quien podría buscar una segunda reelección y mantener el poder desde la ignorancia de lo que sucede dentro de la Municipalidad. 

Se preguntó a los encuestados sobre la confianza que tienen en algunos de los medios de comunicación con mayor trayectoria en la ciudad. Una de estas es la radio Stereo 100, la cual solo alcanza un 2 de 5. Por otro lado, el canal Región Más tiene un 2.33. El periódico La Prensa de Occidente fue el del ranking más alto con 2.8.

Mientras tanto, el alcalde da la mano a quienes llama “amigos periodistas”, y nombra así únicamente a los que no lo cuestionan ni fiscalizan cómo están gastando el dinero público. Para los que requieren información y piden cuentas, las puertas están cerradas y la intimidación es latente. 

*Se solicitó una entrevista con el alcalde, pero no hubo respuesta de su equipo de comunicación ni del funcionario. 

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Reportaje realizado para el Trabajo Final de Máster del máster en Periodismo y Democracia de la Universidad Miguel Hernández, la Fundación Gabo y Reporteros Sin Fronteras.