La entidad fiscalizadora denunció penalmente a nueve altos funcionarios por autorizar contratos que violaron la ley y provocaron un perjuicio al Estado por más de Q144.8 millones.

Uno de los contratos observados por la CGC fue el otorgado por Q241 millones a la empresa Distribuidora Gálvez López, S.A., sin experiencia previa en fertilizantes y cuyo representante legal, Henry Augusto Gálvez Martínez, ha sido públicamente vinculado con el diputado oficialista Boris España, sancionado por Estados Unidos por corrupción. 

Esta adjudicación fue reportada por eP Investiga en noviembre de 2024, y ahora se confirma que el evento (NOG 24612111) fue uno de los principales casos de incumplimiento detectados por la auditoría.

Según la CGC, el proceso violó los términos de referencia al adjudicar el contrato sin verificar el cumplimiento de requisitos fundamentales, como el certificado de análisis del producto emitido por un laboratorio reconocido en Guatemala. 

Además, la auditoría de la CGC determinó que la entrega de fertilizantes se realizó en lugares no autorizados, sin marcas visibles ni resguardo adecuado, lo que afectó la calidad del insumo y contravino lo estipulado en los contratos.

Las irregularidades 

El informe detalla que el MAGA pagó Q83.7 millones a Distribuidora Gálvez López, S. A., mientras que los Q157 millones restantes fueron catalogados como incumplimiento al contrato.

Además, las verificaciones físicas realizadas en enero de 2025 documentaron que los fertilizantes fueron entregados “en terrenos baldíos, a la intemperie y sin ninguna protección”, incumpliendo con el empaque requerido. Esto pese a que los contratos exigían entregas en ubicaciones definidas y con marcas como Mayafert y Nordic, los productos entregados carecían de identificación y se encontraban en condiciones que comprometían su calidad, según la denuncia.

La CGC concluyó que las autoridades del MAGA, incluyendo viceministros, jefes financieros y encargados de adquisiciones, actuaron sin garantizar la legalidad de las adjudicaciones. 

También se determinó que las decisiones se tomaron basándose en dictámenes técnicos favorables, sin que existiera una base de datos confiable de beneficiarios ni una logística clara de distribución.

La respuesta del MAGA 

El reporte de la Contraloría detalla que tanto el exministro Maynor Estuardo Estrada Rosales y otros funcionarios implicados entregaron escritos de descargo, argumentando que la responsabilidad recaía en comisiones técnicas o en viceministros. 

No obstante, la Contraloría presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra nueve funcionarios del Ministerio de Agricultura, señalados por su participación en la adjudicación irregular de contratos millonarios para la compra de fertilizantes, entre ellos el exministro Estrada Rosales; la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Guadalupe Gamboa Beltetón; el viceministro de Desarrollo Económico Rural, Nick Kenner Estrada Orozco; entre otros. 

Al momento de publicarse la investigación periodística de este medio, el diputado Boris España negó conocer la adjudicación y aseguró que Gálvez Martínez era simplemente un empresario “aficionado al fútbol” y sin vínculos con su trabajo legislativo. Sin embargo, los hallazgos de la CGC y el historial de contrataciones revelan una red de favorecimientos que benefició a empresas sin trayectoria en el rubro agrícola.