“En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.” (Jueces 21:25) La frase bíblica retrata el desorden que sobreviene cuando desaparece una referencia común. En Guatemala, guardadas todas las proporciones, algo parecido ocurre hoy con la discusión fiscal. No siempre fue así. Hubo un momento en que el país contaba con un marco explícito para debatir con seriedad el monto, el origen y el destino de los recursos del Estado. El Pacto Fiscal de 2000 entendía precisamente eso: que la política fiscal debía descansar en una visión de país, en reglas claras y estables, y en acuerdos mínimos capaces de reducir la incertidumbre.

Como dice Proverbios 29:18: “Donde no hay visión, el pueblo se extravía”. Hoy, estando desprovistos del pacto fiscal que antes servía como marco de referencia común, cada quien propone lo que bien le parece, sin un marco de referencia técnico compartido. Ante el aumento reciente del precio del petróleo, que ha llevado el diésel a rondar ya los Q40-42 por galón, reaparece el acto reflejo político de siempre: subsidiar los combustibles. La medida se vende como sensibilidad social, pero casi nunca se somete a una pregunta más elemental: ¿es esta una buena forma de usar recursos públicos escasos? El problema del subsidio general a los combustibles no es únicamente fiscal. Es, sobre todo, un problema de rentabilidad social del gasto.

Un subsidio horizontal distribuye el beneficio según galones consumidos, no según necesidad. De esa cuenta, termina beneficiando también, y muchas veces en mayor proporción, a quienes no son el grupo que más apoyo podría necesitar. La evidencia internacional es contundente: por cada dólar destinado a subsidios explícitos a combustibles, el 20% más pobre recibe apenas 8 centavos, mientras el 50% más rico absorbe casi tres cuartas partes del beneficio. Ese simple dato debería bastar para hacer reflexionar a quienes entusiastamente presentan esta medida como si fuera una política social bien orientada.

No obstante, el problema de fondo es más profundo. El viejo Pacto Fiscal insistía en que, en un contexto de recursos escasos y necesidades insatisfechas, el gasto público debía canalizarse con prioridades claras, dentro de una visión de largo plazo, y sujeto a criterios de progresividad, solidaridad, equidad y evaluación técnica. También advertía que la política fiscal debía regirse por reglas estables, y que incluso las medidas extraordinarias debían justificarse con evaluación económica y social, cuidando su temporalidad. Frente a ese estándar, subsidiar el combustible de manera generalizada luce menos como una respuesta seria y más como una decisión improvisada por la presión del momento.

El atractivo del subsidio generalizado no es técnico, sino político. Produce alivio visible e inmediato y permite a la clase política posicionarse como defensores del pueblo. Justamente por eso, este tipo de subsidios son peligrosos. Lo que se anuncia como medida de emergencia suele convertirse en cargas fiscales permanentes, y lo que se presenta como apoyo a los grupos más vulnerables termina diluyéndose en transferencias indiscriminadas para los consumidores que menos necesitaban la protección. Cuando este tipo de medidas se discuten y diseñan sin un marco de referencia, la urgencia sustituye al criterio y la visibilidad mediática a la racionalidad.

Eso no significa desconocer el problema. El choque externo es real y su transmisión a Guatemala también. Lo que significa es que reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier respuesta. Si el Estado considerara indispensable alguna medida de alivio, esta tendría que ser estrictamente temporal, explícita en su costo, focalizada en sus beneficiarios y sometida a reglas claras de entrada y salida. Todo lo demás es una forma elegante de gastar mal.

La política fiscal no debería discutirse a partir de actos reflejos, presiones o ocurrencias. Debería discutirse dentro de un marco que ordene prioridades, ponga límites y obligue a decir con claridad quién paga, quién recibe y qué se sacrifica a cambio. Ese fue, en su momento, el aporte más valioso del Pacto Fiscal. No ofrecía unanimidad, pero sí un conjunto de reglas compartidas para guiar la discusión. Hoy, sin ese marco de referencia, el país corre el riesgo de volver a discutir los asuntos públicos como en los días de los Jueces en Israel: cada uno haciendo, y proponiendo, lo que bien le parece, sin marco de referencia que ordene ni visión que impida el desenfreno.